Creo que coincidirá usted conmigo, estimado lector, si afirmo que la corrupción, en todas sus formas –falta de probidad, conflictos de interés, tráfico de información privilegiada, caciquismo, nepotismo, amiguismo (o “javiblanquismo”, como se le llama ahora), colusiones, cohechos, impunidad, abusos de posición dominante y un larguísimo etcétera–, será uno de los temas centrales, por no decir el principal, de la campaña presidencial y parlamentaria que se avecina. No podría ser de otra manera, dados los tiempos que corren, con una ciudadanía más despierta, mejor informada, más consciente de sus derechos y, por eso mismo, mucho más exigente.
Desde dicha perspectiva, trasparentar las yayas, los pecados, los deslices, las omisiones en los que, en tan delicadas materias, han incurrido quienes pretenden participar en las próximas elecciones, resulta insoslayable. Es, más que una necesidad, una obligación ciudadana. Tenemos que conocer a fondo a los candidatos para, con todos los antecedentes sobre la mesa, estar en condiciones de seleccionar (¿se da cuenta de la relevancia de este verbo?) a los mejores solo entre aquellos que cumplan con tres requisitos mínimos: no tener compromisos incumplidos pendientes, nunca haber participado en un delito, ni como autor ni como cómplice, y jamás haber faltado al principio de probidad.
Lo anterior incluye, a manera de ejemplo, nunca haber hecho mal uso de platas fiscales; nunca haber solicitado ni recibido aportes empresariales por sobre lo permitido legalmente, aunque sea para financiar postulaciones de dirigentes gremiales al Parlamento –y aunque vergonzosas decisiones judiciales lo hayan dejado libre de polvo y paja–; nunca haber emitido ni hecho emitir “facturas ideológicamente falsas”; nunca haber “perdido” convenientemente sus mails; nunca haber aprovechado el cargo desempeñado para obtener o dispensar beneficios impropios –subirse el sueldo injustificadamente, por ejemplo–; nunca haber sido condenado por algún delito, aunque sea con pena remitida; nunca haber escapado cobardemente de controles policiales; nunca haber castigado a funcionarios públicos por cumplir con sus obligaciones; nunca haber evadido impuestos ni haber sido cómplice de ello; y nunca haber coordinado con dirigentes empresariales la tramitación de determinadas leyes.
Y la palabra nunca significa exactamente eso: jamás, en oportunidad alguna, ni una sola vez. Usted, yo, cualquier persona puede transitar perfectamente por la vida sin cometer delitos ni atentar contra la probidad. En el ámbito de la representación ciudadana, no puede ser de otra manera, debe regir la tolerancia cero.
Los medios periodísticos, que juegan un papel fundamental en este ámbito, ya comenzaron a manifestarse al respecto. De hecho, hay algún reportaje por ahí dando vueltas. Sin embargo, como podrá usted apreciar más adelante, su accionar resulta insuficiente, limitado, más bien escueto. El tema es tan trascendente que amerita, estoy seguro que usted estará de acuerdo conmigo, que todos aportemos nuestro grano de arena.
Por esta razón, como simple ciudadano informado, me permitiré exponer algunas yayas del casi seguro candidato de la centroderecha, Sebastián Piñera, que, dada su complejidad técnica, no han sido a mí parecer bien presentadas a la opinión pública ni, en consecuencia, bien aquilatadas por esta.
Lo invito a (re)descubrirlas.
Usar contratos civiles para manejar relaciones laborales
Tal vez usted piense que estoy echando agua fuera del tiesto o que me equivoqué de candidato, ya que esta es justamente la figura que, según denunció un reciente reportaje periodístico de Radio Bío Bío, habría utilizado Alejandro Guillier, mientras trabajaba en televisión, para cobrar los emolumentos derivados de su desempeño. Es una figura elusiva, de acuerdo con algunos expertos; derechamente evasiva, desde la perspectiva de otros –tanto así, que los próceres de Chile Vamos, férrea e irrestrictamente comprometidos con la verdad y la justicia, ya han solicitado al SII que investigue si en el accionar del actual senador hay indicios de fraude al fisco–; pero, ¿qué tiene que ver Sebastián Piñera con ella?
Para contestar esta crucial interrogante, apreciado lector, permítame establecer primero algo que es archisabido pero que, por incomprensibles razones, parece haberse olvidado en esta oportunidad: los contratos civiles a los que hacemos referencia… son bipartitos.
No pretendo sorprender ni maravillar a nadie con semejante revelación. La verdad es que es de la más absoluta obviedad, aunque todo el mundo, incluyendo los autores del reportaje mencionado y los heroicos integrantes de Chile Vamos, actúa como si no la conociera. Hay, en los contratos mencionados, contrapartes. Por supuesto que sí. ¿Quiénes? Pues, los canales de televisión.
Y ocurre que uno de tales canales, uno de los que firmaba ese tipo de contratos al por mayor, era nada menos que Chilevisión. ¿Me sigue?
Ahora bien, ocurre que entre los años 2005 y 2008, mientras Alejandro Guillier prestaba –a través del mecanismo aludido– sus servicios en dicho canal, el dueño de este era… Sebastián Piñera.
De manera que, estimado lector, durante los años mencionados el ex Presidente y actual precandidato conoció, autorizó y firmó, por intermedio de sus representantes en el directorio y en la administración del canal, todos los contratos que dicha empresa efectuó con sus rostros televisivos, en particular aquellos que acordó con Alejandro Guillier.
¿Qué me dice?
Posiblemente usted querrá saber, antes de formarse una opinión definitiva acerca de este espinudo tema, si de verdad son criticables, como sugiere el reportaje ya aludido, dichos contratos.
Pues sí, pero no necesariamente por las razones que allí se señalan. De hecho, aunque los expertos sostengan lo contrario, su solo uso no significa que exista elusión o evasión. Estas dependerán de si la figura televisiva retira posteriormente de la empresa los montos recibidos, pagando el correspondiente global complementario, o no lo hace, eludiendo (ahí sí) el pago correspondiente.
Lo que sí es criticable a la primera, sin consideración alguna, es que cuando se define dependencia y subordinación en una relación de trabajo, que es el caso, el Código del Trabajo no permite contratos civiles. Estos son mecanismos ilegales, diseñados para eludir (o evadir) el cumplimiento de la normativa laboral.
¿Por qué existen, entonces? Pues, porque les conviene a los canales de televisión (y a sus dueños), que son quienes establecen las reglas del juego. Es algo parecido a cuando una empresa acuerda con sus trabajadores subirles el sueldo a cambio de evitarse el pago de imposiciones. Se trata, en otras palabras, de un vulgar e inaceptable abuso.
Dimensionemos. Durante los cuatro años en que los dos protagonistas de esta historia coincidieron en Chilevisión, ¿cuántos contratos con dicho canal habrá firmado Alejandro Guillier? ¿Tres? ¿Cuatro? Y ¿cuántos habrá firmado, por intermedio de sus representantes, Sebastián Piñera? ¿Cuarenta? ¿Cincuenta? ¿Cien? ¿Cuántas veces mayor habrá sido el monto total de estos últimos en comparación con los del primero? ¿Cuántas las infracciones laborales? ¿Cuántos los eventuales fraudes tributarios? Ufff, ¿se imagina?
Agreguemos a lo anterior que el ex Presidente y actual precandidato no movió un solo dedo para poner atajo a esta mala práctica de los canales de televisión, ni cuando era dueño de Chilevisión ni cuando ocupó la primera magistratura, y tendremos el escenario más o menos completo. ¿Qué le parece, amigo lector? ¿Es o no es una yaya? Una de las grandes, más encima.
Lo que no está completo de modo alguno, lamentablemente, es la denuncia de Chile Vamos. Confío, no obstante, en que los íntegros paladines de esta agrupación política, dada su inquebrantable voluntad de combatir los actos corruptos vengan desde donde vengan, la ampliarán con este nuevo antecedente. Caiga quien caiga. Porque a nadie se le ocurriría, al momento de denunciar por eventuales fraudes tributarios a uno de los firmantes de un contrato, omitir al otro, ¿verdad?
Regalar recursos de todos los chilenos a grandes contribuyentes: el goodwill tributario
Usted seguramente habrá escuchado hablar de esta infame granjería tributaria –el goodwill tributario– diseñada con el exclusivo propósito de permitir que algunos grandes contribuyentes –Walmart, Cuprum y Provida, entre otros– puedan, en forma exclusiva (ellos y solo ellos; ninguna otra empresa del país), eludir centenares de miles de millones de pesos de impuestos. ¿Estoy en lo correcto? Es difícil que le haya pasado inadvertida porque, a propósito de las escandalosas “fusiones” exprés de las citadas Cuprum y Provida con AFP fantasmas –que, de manera vergonzosa, fueron aprobadas por la SP–, estuvo por un lapso prolongado en las portadas de los medios de comunicación.
¿Cómo funciona? Permitiéndoles solo a las mencionadas compañías considerar como gastos a activos intangibles que jamás han tenido ni tendrán esa condición, y cuya rebaja de la renta imponible no está permitida por la ley de la renta para ninguna otra empresa.
El goodwill tributario es, en consecuencia, un aberrante, descarado e injustificable beneficio discriminatorio. Un indebido e inaceptable privilegio prohibido por el artículo 19 de nuestra Constitución Política. Un abuso de la peor especie –las incomprensibles razones por las que el poder judicial, encargado por la Constitución de resguardar los derechos ciudadanos, no tramita los recursos que se han presentado a su consideración para ponerle término, son materia de otro artículo–.
Para que tenga una idea de su dimensión, le cuento que las tres empresas mencionadas se ahorrarán, gracias a él, unos $ 400.000 millones en impuestos durante los próximos diez años. ¡$ 400.000 millones! Equivalentes a 270.000 gratuidades o a 30.000 subsidios para la vivienda. ¡Solo esas tres empresas! Da gusto así hacer negocios en Chile, ¿verdad?
Permítame una última reflexión. Nuestro país necesita inversión para desarrollarse. Mucha. Eso lo sabemos todos. También Piñera. ¿Cómo se explica entonces que, pese a ello, haya optado por invertir esa enorme fortuna –USD 1.800 millones, recuerde– en negocios que generarán empleo y riqueza en otros países? ¿Es tan fuerte su compulsión a no pagar impuestos que está dispuesto a favorecer a otras naciones, perjudicando de paso a la nuestra, para conseguir ese objetivo?
Pues bien, ¿sabe usted quién es el autor de esa infamia extrema? ¿Sabe quién es el causante de que permitamos que esas empresas parásitas ganen gigantescas utilidades sin aportar un solo peso para financiar al Estado chileno (salud, educación, previsión, vivienda, etc.) ni para pagar la enorme cantidad de servicios públicos que consumen (aseo, pavimentación, iluminación, seguridad, juzgados civiles, laborales y de cobranza, acceso al mercado comercial y al mercado laboral, infraestructura y un larguísimo etc.)? ¿Lo sabe?
Sí. Está en lo correcto. Fue Sebastián Piñera Echenique. Él ideó este vergonzoso despojo y lo puso en práctica mediante la reforma tributaria que implementó en su Gobierno. Él es quien, con dinero de todos los chilenos, otorgó ese monstruoso e injustificable regalo al grupo de grandes contribuyentes del que forman parte las empresas mencionadas –se las repito para que se le graben: Walmart, Provida y Cuprum, entre otras–.
¿Por qué lo hizo Piñera? Lo ignoro. Solo puedo elucubrar que, dado que el goodwill no entrega beneficio alguno al país y, por el contrario, lo perjudica abiertamente, las razones que lo llevaron a hacerlo encajarían más bien en el ámbito privado. ¿Cuáles, exactamente? Bueno… Piñera debe darlas a conocer.
Es el momento para preguntárselas y para que él las exponga. Este debería ser uno de los grandes temas de la campaña. ¿Por qué Sebastián Piñera obsequió, con recursos públicos, cientos de miles de millones de pesos a un escogido grupo de grandes empresas? Yo, y estoy seguro que usted también, estoy ansioso por escuchar sus explicaciones.
Regalar recursos de todos los chilenos a grandes contribuyentes: la Ley de Pesca
Cuando se habla de este vergonzoso cuerpo legal –¿por qué Bachelet no ha hecho nada para derogarlo?; ¿no le parece sospechoso?–, se tiende a responsabilizar de él a Longueira –quien, por cierto, no es una inocente paloma–. Se olvida, no obstante, que quien lo presentó al Congreso, lo firmó y lo promulgó, fue Sebastián Piñera. Él, y solo él, es el responsable final de darle legalidad a semejante despojo –le recuerdo que la responsabilidad no se delega–.
No debería llamarnos la atención, sin embargo. Después de todo, también aquí, al igual que en el goodwill tributario, se trata de entregar ingentes beneficios, con recursos que nos pertenecen a todos, a un pequeño grupo de empresas. Es más de lo mismo. De todas formas, ya que pretende repetirse el plato de la Presidencia, sería bueno escuchar de la propia boca del precandidato las justificaciones que tuvo para efectuar tan impresentable obsequio. Quedamos, usted y yo, atentos a la respuesta y agradecidos de antemano.
Aprovecharse de los recursos de todos los chilenos: la dieta de los ex presidentes
Sebastián Piñera ocupa, según la revista Forbes, el tercer lugar en el ranking de las mayores fortunas de Chile, con un patrimonio de USD 2.500 millones. Puede, en consecuencia, mantenerse solo, sin ninguna clase de ayuda estatal. ¿De acuerdo?
Sin embargo, él recibió durante 2016, sin el menor cargo de conciencia, una dieta de $ 109,5 millones, una asignación de movilización de $ 20,2 millones y un aporte para el arrendamiento de oficinas por $ 94,8 millones. Todo ello, desde luego, financiado por los bolsillos de todos los chilenos, incluso los más pobres.
Permítame una breve reflexión acerca de este inmoral financiamiento que reciben, con cargo a nuestros impuestos, los ex presidentes.
Su origen, supuestamente, estuvo en la necesidad de asegurar a quienes han desempeñado tan alto cargo, una vida digna una vez que terminan su mandato. Repito el concepto: una vida digna. En tal sentido, el Estado solo debería complementar sus ingresos propios para garantizarles una cifra que les permitiera vivir con holgura, pero sin magnificencia. Unos $ 3 millones mensuales, a todo reventar. Así, si el ex Presidente tiene una jubilación de $ 1 millón más otros ingresos por $ 500.000 al mes, el Estado solo debería girarles la diferencia. Y, por cierto, a Sebastián Piñera no debería entregarle monto alguno. No lo necesita. No existe justificación alguna para esos brutales beneficios que recibe mes a mes.
Lo que ocurre en la práctica, no obstante, es que la dieta y los beneficios que reciben los ex presidentes les financian su estructura de campaña. Para eso fueron concebidos –por Ricardo Lagos, le recuerdo–, y por esa razón Piñera no intentó cambiarlos durante su Gobierno. No era una vida digna el objetivo, sino disponer de la expectativa de una nueva aventura presidencial. Ahora bien, dado que tenemos usos infinitamente mejores que ese para tan ingentes recursos, ¿no le parece que sería hora de ir pensando en darles otro destino?
Pero volvamos a los beneficios que se le entregan a Sebastián Piñera. Se ha manifestado que no puede negarse a recibirlos debido a que están dispuestos en la Constitución. Estaría, se dice, obligado constitucionalmente a aceptarlos. ¿Se da cuenta?
Admitamos, ¿le parece?, tan discutible argumento –en privado, eso sí, para que no se rían a carcajada limpia de nosotros–. El punto es que sería obligatorio recibir la dieta pero, ¿y las asignaciones? ¿Los $ 115 millones al año destinados a traslados y a arrendamiento de oficinas? ¿También es obligatorio recibirlas? Parece que no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los cobra Sebastián Piñera?
Pero el asunto es más grave que eso. Si usted revisa la información publicada por el Senado, se percatará de que Sebastián Piñera es quien más gasta por dicho concepto. Frei cobra al año $ 109,6 millones y Lagos, $ 97,7 millones. Piñera, le repito, $ 115 millones. No solo los cobra, sino que además es el que más cobra. Quien mayor fortuna posee, es quien más echa mano a recursos públicos. La naranja exprimida al máximo. Si puedo sacar ventaja, por exigua que esta sea, lo voy a hacer. Sin ningún escrúpulo. Ese parece ser el criterio que rige las decisiones de quien pretende ser el próximo Presidente de esta larga y angosta faja. Preocupante, ¿verdad?
Otro aspecto que llama la atención en la información publicada al respecto por el Senado, son los descuentos por concepto de previsión, salud e impuestos de los tres ex presidentes. Mientras los de Frei y Lagos equivalen, aproximadamente, al descuento obligatorio por concepto de salud y al impuesto único de segunda categoría que les correspondería según tabla (31,4 millones entre los dos), el de Piñera es notoriamente inferior.
Tome nota: Frei, $ 32,3 millones; Lagos, $ 32,7 millones; Piñera, 27,0 millones. ¿A ver? ¿Cuál es la justificación de tan singular situación? Pensé que no se podía, pero, ¿paga Piñera menos impuesto único de segunda categoría que el que le corresponde según tabla? Piñera, el N° 3 en la lista de multimillonarios chilenos que publica Forbes, ¿está pagando menos impuesto único que Frei y que Lagos? De verdad, amigo lector, espero que no. Sería el acabose.
De todas maneras, démosle al precandidato el beneficio de la duda y quedemos a la espera de nos entregue, debidamente respaldada por documentos, alguna explicación lógica. Yo, al igual que en el punto anterior, corto las huinchas por conocerla. Imagino que usted también, ¿verdad?
Usar artimañas para obtener financiamiento ilegal desde las grandes empresas: las facturas ideológicamente falsas
Discúlpeme, pero no puedo dejar de mencionarlas. En ese oscuro e infame asunto, donde están involucrados los socios del grupo Penta y sus esposas, Ponce Lerou y Jovino Novoa, entre muchos otros, también aparece mencionado Sebastián Piñera. De ese toque. Y con el agravante de que aquí, según se dice, los recursos obtenidos mediante facturas “ideológicamente falsas” emitidas por sus empresas –a Aguas Andinas y a SQM, específicamente– habrían sido usados no para financiar gastos electorales, sino para pagar compromisos contraídos por el mismo Piñera. No sé si usted comparte esto conmigo, pero esa sutil diferencia (no tan sutil, en realidad) podría ser la que ha dilatado el procesamiento del actual precandidato en esta arista. Porque, si los giros mencionados no son financiamiento electoral por sobre lo permitido, ¿qué son? ¿Lo sabe usted?
A estas alturas, coincidirá usted conmigo, parece de vital importancia que el precandidato haga plena luz sobre el tema. ¿Existieron las facturas mencionadas? ¿Se usaron los recursos obtenidos para pagar compromisos del mismo Piñera o de sus empresas? Y si fue así, ¿cómo justifica lo ocurrido?
Y, por cierto, parece indispensable que tanto el SII como la Fiscalía aclaren por qué, si Piñera o sus empresas emitieron facturas ideológicamente falsas, hasta la fecha el precandidato ha pasado colado. ¿Se tratará, como las dietas, de algún especial privilegio otorgado a los ex presidentes? Es imperioso conocer las verdaderas razones.
Eludir impuestos y sacar su fortuna del país: las inversiones del precandidato en paraísos tributarios
Hay, por cierto, más paño que cortar respecto de Sebastián Piñera en el ámbito de la probidad. Bastante más. Como ejemplos de ello, están el caso Chispas y el pago de coimas por parte de Lan en Argentina cuando él era uno de sus propietarios, entre otros. Sin embargo, ninguno de ellos retrata tan bien la personalidad del precandidato, sus motivaciones, su actitud y su conducta, como las inversiones que efectuó con un porcentaje significativo de su patrimonio (se habla del 72%; la friolera de USD 1.800 millones) en uno de los denominados “paraísos tributarios”.
¿Por qué hizo esto Piñera? Pues, dirá alguien, por razones tributarias. Se cae de cajón. A nadie le gusta pagar impuestos, ¿verdad?, aunque son muy pocos los que pueden darse el lujo de no hacerlo. El precandidato sería uno de ellos.
Detengámonos en esos USD 1.800 millones que Piñera albergó, según parece por razones tributarias, en un paraíso fiscal. ¿Pagaron impuesto de primera categoría?
No, aparentemente. El adecuado uso de la normativa vigente lo habría evitado.
Ok, pero ¿pagó Piñera el impuesto global complementario correspondiente?
Pues, según parece, tampoco. El precandidato habría encontrado vericuetos que le habrían permitido eximirse de él.
Reflexionemos al respecto. Las empresas deben sus utilidades, desde luego, a los empresarios. Son ellos quienes invierten, corren los riesgos y aportan parte importante de las ideas que las generan.
Solos, sin embargo, los empresarios no llegan a ninguna parte. Necesitan del apoyo de su personal, desde luego, pero además les es indispensable el aporte de ese ente abstracto, del que todos formamos parte, que denominamos “sociedad”.
La sociedad pone a disposición de los empresarios toda su compleja estructura –mercados comerciales, laborales y financieros; infraestructura de transporte y comunicaciones; seguridad; aseo y salubridad; tribunales de justicia (entre ellos, los de cobranza); un sistema legal; mecanismos de fomento; una economía funcionando; clientes, muchos clientes– para que efectúen sus negocios y generen utilidades.
Es un aporte enorme, gigantesco, pero además imprescindible. Sin él, los empresarios no llegarían a parte alguna. No ganarían, como dijo el vicepresidente de Codelco, “ni un puto peso”. Imagine, para darse una idea, a Piñera incomunicado, tratando de hacer negocios desde sus oficinas situadas en medio de los campos de hielo de la Undécima Región. Amigo lector, los empresarios –Piñera incluido– no son nada, económicamente hablando, fuera de la sociedad que los cobija.
¿Cómo debieran retribuir los empresarios ese enorme aporte que la sociedad –todos nosotros– les efectúa? De una manera muy sencilla: pagando sus impuestos. En el caso de las empresas, el impuesto es una retribución de la inmensa cantidad de servicios públicos que ellas consumen a destajo de manera gratuita. En el caso de los empresarios, es el aporte que deben efectuar, al igual que todo el resto de los miembros de la sociedad, para mantener a esta funcionado de buena manera, y es también la retribución por esa ingente ayuda que recibieron para obtener sus utilidades.
¿Qué ocurre, entonces, cuando una empresa o un empresario eluden (evaden) el pago de impuestos?
Es muy simple: ellos siguen recibiendo la enorme cantidad de servicios que les entrega la sociedad, pero no asumen los costos que significa generarlos. Obligan a otros, a todo el resto de los chilenos, a financiarlos. Se aprovechan de todos nosotros. Ellos, amigo lector, abusan. Un empresario que elude (evade) el pago de impuestos es un abusador.
Ahora bien, ¿es lo mismo eludir el pago del impuesto de primera categoría que el global complementario?
Pues, de ninguna manera. Eludir el segundo es mucho más grave que hacerlo con el primero.
Hay una norma, el artículo 107, que excluye explícitamente los mayores valores obtenidos por la venta de acciones del pago de impuesto de primera categoría. Por consiguiente, eludir dicho impuesto es legal. Inmoral, impropio, una sinvergüenzura, pero legal. Sin embargo, no existe ni ha existido en nuestro ordenamiento legal ninguna norma que permita a los contribuyentes eludir el pago del impuesto global complementario. Las que hay permiten postergar el mencionado tributo. En caso alguno, eximirse de él.
Y ¿en qué circunstancias se paga el impuesto global complementario? Pues, de acuerdo con la anterior ley de la renta, cuando el empresario retiraba dinero de su empresa.
Ahora bien, Piñera retiró de sus empresas con sede en Chile los USD 1.800 millones que se llevó a paraísos fiscales. ¿Cabe alguna duda de eso? Tuvo que hacerlo para llevárselos; si no, ¿de qué otra manera? Correspondía, entonces, que hubiese pagado el impuesto global complementario correspondiente. ¿Me sigue?
Aquí es donde aparece la duda; la terrible duda. ¿Pagó el ex Presidente y actual precandidato el impuesto global complementario sobre esos USD 1.800 millones que retiró para invertirlos en el exterior? ¿Incluyó ese retiro en sus declaraciones de renta? ¿Lo hizo? Esperemos que sí, porque, si no, su situación electoral podría tornarse muy compleja.
Veamos. Si Piñera hubiese sacado USD 1.800 millones de Chile sin pagar el impuesto global complementario correspondiente, sería porque de alguna forma logró postergar dicho pago. Porque encontró por ahí algún vericueto que se lo permitió. Pero al sacar el dinero de Chile y llevárselo a un paraíso tributario, lo que está haciendo el precandidato es excluirlo del control de nuestra autoridad tributaria. Y no por un período acotado. Lo está excluyendo para siempre.
En tal caso, la postergación del pago de impuesto global complementario se vuelve indefinida. Esos dineros, si no pagaron dicho tributo en su oportunidad, nunca lo pagarán. Nunca del verbo nunca. ¿Qué nombre recibiría una operación de ese tipo? ¿Elusión o evasión?
Como siempre, lo adecuado es darle el beneficio de la duda al precandidato. No obstante, coincidirá usted conmigo, clarificar esta situación es imprescindible. Sebastián Piñera debe –fuera de toda duda; mostrando sus declaraciones de impuestos, de hecho–, comprobar que pagó ese tributo.
Porque, de lo contrario, ayayay.
Veamos. ¿Merecería ser Presidente de Chile una persona que hubiese legislado para otorgar gratuitamente enormes granjerías a unas pocas grandes empresas; que hubiese hecho, a través de sus representantes, uso masivo de contratos civiles claramente cuestionables; que, pese a su enorme patrimonio, no hubiese trepidado en raspar la olla de la caja fiscal; que, además, hubiese usado “facturas ideológicamente falsas” para financiar gastos propios o de sus empresas; y que, como si fuera poco, también hubiese usado los vericuetos de la legislación tributaria para eximirse, para siempre, de sus obligaciones tributarias personales? ¿Lo merecería? Juzgue usted, apreciado lector. Y, por favor, sáquese la casaca política antes de hacerlo.
Permítame una última reflexión. Nuestro país necesita inversión para desarrollarse. Mucha. Eso lo sabemos todos. También Piñera. ¿Cómo se explica entonces que, pese a ello, haya optado por invertir esa enorme fortuna –USD 1.800 millones, recuerde– en negocios que generarán empleo y riqueza en otros países? ¿Es tan fuerte su compulsión a no pagar impuestos que está dispuesto a favorecer a otras naciones, perjudicando de paso a la nuestra, para conseguir ese objetivo?
Corren otros tiempos, amigo lector. Tiempos de mayor información y, por ende, de mayores exigencias. El cedazo de la probidad, de una vez por todas, debe quedar instalado, y debe ser aplicado a finish. Caiga quien caiga. Aunque un sector político completo se quede sin candidato. Después de todo, tenemos derecho a ser exigentes. Somos, aunque todavía no tengamos conciencia de ello, los dueños de este país.
Y los dueños pueden fijarles pautas de conducta a sus empleados, ¿verdad?
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