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La figura del exmilitar Armando Fernández Larios, exoficial del Ejército y agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), volvió a ocupar espacios de relevancia global esta semana. Fernández Larios fue incluido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) en una plataforma pública denominada “Arrestados: lo peor de lo peor”, que destaca casos de detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que se consideran de alta peligrosidad, entre ellos decenas de ciudadanos chilenos.
El listado, publicado por DHS, ubica a Fernández Larios —detenido en Fort Myers, Florida— en el puesto número nueve de la lista bajo la categoría de imputados por homicidio. La notificación fue confirmada por el canciller Alberto van Klaveren, quien señaló que el Gobierno chileno sabía que el exagente estaba detenido desde hace tiempo, aunque la información específica sobre su situación legal pertenece a la jurisdicción estadounidense.
Un pasado oscuro: crímenes de la dictadura y el atentado de Letelier
La presencia de Fernández Larios en este registro reactiva el recuerdo de uno de los crímenes más notorios vinculados al aparato represivo de la dictadura militar: el atentado con coche bomba ocurrido el 21 de septiembre de 1976 en Washington D.C., que segó la vida del excanciller Orlando Letelier y de su colaboradora, la ciudadana estadounidense Ronni Karpen Moffitt.
Documentos y registros judiciales indican que Fernández Larios se declaró culpable en Estados Unidos por encubrimiento en ese asesinato tras un acuerdo con fiscales federales, lo que le permitió reducir sustancialmente su pena. En virtud de ese acuerdo, cumplió apenas cinco meses de prisión antes de recuperar la libertad y permanecer en el país norteamericano.
Ese crimen fue clave en la historia internacional de los delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen de Pinochet, ya que la investigación estadounidense demostró la participación de la DINA, la policía política que durante años operó con total impunidad en Chile.
Vínculos con otras violaciones a derechos humanos
Además de su vinculación con el atentado en suelo estadounidense, Fernández Larios figura en múltiples causas pendientes en Chile por graves delitos de lesa humanidad. La Corte Suprema ha autorizado en varias ocasiones solicitudes de extradición vinculadas a procesos judiciales iniciados hace años por el ministro en visita Mario Carroza y que ahora están en manos de la magistrada Paola Plaza.
Entre estos casos se mencionan hechos como la Caravana de la Muerte —la comitiva militar que entre septiembre y octubre de 1973 ejecutó a decenas de prisioneros políticos en el norte del país— y el Caso Pisagua, que involucra secuestro agravado y homicidio calificado en un centro de detención clandestino. También se han tramitado, ante tribunales chilenos, extradiciones por el homicidio de Ronni Moffitt y por otros hechos de violencia sistemática en los primeros meses de la dictadura.
A esto se suma una solicitud de extradición por el asesinato del dirigente socialista Manuel Sanhueza Mellado en 1974, parte de una política de represión gubernamental que dejó una estela de dolor y violaciones a los derechos humanos en todo el país.
Detención en EE. UU.: ¿un punto de inflexión?
La presencia de Fernández Larios en la lista del DHS no solo es un hecho simbólico, sino también práctico: lo sitúa en el radar de las autoridades estadounidenses como un extranjero con antecedentes relevantes y expone un caso que durante décadas estuvo marcado por la falta de justicia transversal.
La plataforma del DHS, que bajo el título “Arrested: Worst of the Worst” reúne perfiles de detenidos que el gobierno estadounidense considera de alta prioridad para posibles deportaciones, no discrimina entre delitos políticos o comunes, pero el caso de Fernández Larios llama la atención por su peso histórico y por la impunidad que marcó su trayectoria posterior al servicio de la DINA.
Para Chile, la noticia reabre el debate sobre la efectividad de las solicitudes de extradición que han sido impulsadas por la justicia nacional a lo largo de más de una década. A pesar de autorizarse en varias ocasiones los requerimientos judiciales para que Fernández Larios sea juzgado en Chile por crímenes cometidos durante la dictadura —incluyendo homicidio calificado en casos emblemáticos como Pisagua y Letelier—, el proceso diplomático y legal para su entrega nunca se concretó plenamente.
Un símbolo de impunidad y memoria histórica
La detención de un exagente de la DINA en suelo estadounidense, así como su inclusión en una lista pública de delitos graves, pone sobre la mesa una vez más las deudas pendientes de justicia en relación con el pasado dictatorial chileno. Fernández Larios, cuya carrera comenzó en un régimen que promovió la represión sistemática, ha sido más conocido en las últimas décadas por su capacidad de eludir consecuencias penales significativas que por las convicciones de justicia que exige la memoria histórica del país.
El caso recuerda que, incluso a más de 50 años del golpe de Estado, el espectro de impunidad sigue presente cuando personas vinculadas a violaciones masivas de derechos humanos transitan entre sistemas judiciales sin rendir cuentas plenas por sus actos. En ese sentido, la actual detención en Estados Unidos podría constituir un nuevo capítulo en la larga historia de búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas de ese oscuro periodo.
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