- 02 enero 2018
La Contraloría de la República inició un sumario administrativo en la Municipalidad de Puente Alto por pagos irregulares a funcionarios de planta -por un monto que supera los 345 millones- durante la administración del ex alcalde y actual senador Manuel José Ossandón (RN).
El organismo descubrió que 133 empleados de la sede comunal suscribieron “contratos de prestación de servicios” con el municipio, aunque la ley establece que dicha práctica está prohibida.
En el escrito, la Contraloría concluyó que “se verificó que, efectivamente, 133 funcionarios municipales de planta desarrollaron durante 2012, paralelamente, labores como contratados a honorarios con cargo al programa comunitario denominado "Programa Fomento Social".
Además, planteó que “seleccionada una muestra de 46 prestadores de servicios a honorarios contratados para dicho programa, se verificó que no se satisfacen a su respecto las condiciones copulativas exigidas por la jurisprudencia vigente para imputar gastos al Subtítulo 21.04.004, "Prestaciones de servicios en programas comunitarios", como tampoco consta la realización efectiva de las labores contratadas, fuera de la jornada ordinaria de trabajo, por lo que se observaron los pagos correlativos, por la suma de $ 79.382.089”.
El programa
Los 133 funcionarios se enmarcaron dentro del Programa de Fomento Social (PFS) -aprobado en 2011 y ejecutado en 2012- que implica la realización de labores directas con la comunidad.
Sin embargo, el programa también es cuestionado por la Contraloría, ya que careció de toda formalidad legal, ya que incluso el acto administrativo no contemplaba “un detalle de los objetivos, actividades y responsables de cada programa o una referencia al documento específico en el que incluyan tales definiciones”.
“Asimismo del estudio de los antecedentes relativos a los pagos asociados a dichos contratos se ha establecido que no cuentan con el respaldo que acredite cabalmente la ejecución de los trabajos encomendados por cuanto sólo se acompañan informes que consignan aspectos generales asociados un programa comunitario, sin realizar una descripción detallada que refleje la actividad ejecutada, en cuanto a individualizar personas, organizaciones, lugar y horario del trabajo realizado, mes y día, entre otros. Igualmente debe hacerse presente que los contratos suscritos han sido dispuestos en forma genérica, sin indicar obligaciones concretas”, señala el informe de Contaloría.
Existen algunos ejemplos: Pedro Saúd Pizarro es un profesional grado 9, con “función de jefatura de permisos de circulación”. En el programa, se dedicaba a orientar a la comunidad y centros de padres y apoderados por un sueldo de $1.803.948.
Además, la tesorera municipal Jeannette Moya capacitaba y orientaba en “temas municipales y financieros” a organizaciones comunales después de su horario, en sábados y domingo, ganando aparte del sueldo municipal, un monto de $1.594.141 mensual.
El organismo descubrió que 133 empleados de la sede comunal suscribieron “contratos de prestación de servicios” con el municipio, aunque la ley establece que dicha práctica está prohibida.
En el escrito, la Contraloría concluyó que “se verificó que, efectivamente, 133 funcionarios municipales de planta desarrollaron durante 2012, paralelamente, labores como contratados a honorarios con cargo al programa comunitario denominado "Programa Fomento Social".
Además, planteó que “seleccionada una muestra de 46 prestadores de servicios a honorarios contratados para dicho programa, se verificó que no se satisfacen a su respecto las condiciones copulativas exigidas por la jurisprudencia vigente para imputar gastos al Subtítulo 21.04.004, "Prestaciones de servicios en programas comunitarios", como tampoco consta la realización efectiva de las labores contratadas, fuera de la jornada ordinaria de trabajo, por lo que se observaron los pagos correlativos, por la suma de $ 79.382.089”.
El programa
Los 133 funcionarios se enmarcaron dentro del Programa de Fomento Social (PFS) -aprobado en 2011 y ejecutado en 2012- que implica la realización de labores directas con la comunidad.
Sin embargo, el programa también es cuestionado por la Contraloría, ya que careció de toda formalidad legal, ya que incluso el acto administrativo no contemplaba “un detalle de los objetivos, actividades y responsables de cada programa o una referencia al documento específico en el que incluyan tales definiciones”.
“Asimismo del estudio de los antecedentes relativos a los pagos asociados a dichos contratos se ha establecido que no cuentan con el respaldo que acredite cabalmente la ejecución de los trabajos encomendados por cuanto sólo se acompañan informes que consignan aspectos generales asociados un programa comunitario, sin realizar una descripción detallada que refleje la actividad ejecutada, en cuanto a individualizar personas, organizaciones, lugar y horario del trabajo realizado, mes y día, entre otros. Igualmente debe hacerse presente que los contratos suscritos han sido dispuestos en forma genérica, sin indicar obligaciones concretas”, señala el informe de Contaloría.
Existen algunos ejemplos: Pedro Saúd Pizarro es un profesional grado 9, con “función de jefatura de permisos de circulación”. En el programa, se dedicaba a orientar a la comunidad y centros de padres y apoderados por un sueldo de $1.803.948.
Además, la tesorera municipal Jeannette Moya capacitaba y orientaba en “temas municipales y financieros” a organizaciones comunales después de su horario, en sábados y domingo, ganando aparte del sueldo municipal, un monto de $1.594.141 mensual.
Se dijo en fuentes allegadas al caso, que esa primera quincena de enero podría ser dado a conocer el dictamente final y sus respectivas conclusiones por parte de Contraloría.
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