A partir de las frases de Piñera, lanzadas a pocas horas del inicio del estallido social. "estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite", activó que la policia y grupos de inteligencia buscarán a ese "enemigo poderoso, implacable".

Y obvio, no lo encontraron...

Una investigación del medio periodístico Ciper Chile, demostró que Carabineros de Chile utilizó “importantes” recursos materiales y humanos, para demostrar la vinculación de agentes extranjeros, principalmente de Cuba y Venezuela, con los hechos ocurridos tras el 18 de octubre del 2019, mejor conocido como el estallido social. 

En detalles, dentro de la publicación del medio, se precisó que tras acoger la tesis de que el estallido social fue levantado por agentes de extranjeros, precisamente de Venezuela y Cuba, “hipótesis que surgió de la inteligencia militar y que fue inicialmente aceptada por La Moneda”, la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) revisó antecedentes de 23.221 venezolanos que habían llegado o salido del país en los últimos meses. 

De acuerdo a Ciper, si bien la hipótesis de injerencia internacional en la revuelta social ya estaba siendo barajada por las autoridades, fue la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) la que el domingo 20 de octubre le entregó al Presidente Piñera un informe que aseguraba que 600 agentes venezolanos se habían infiltrado en Chile como parte de una “ofensiva insurreccional” comandada por los servicios de inteligencia de Cuba y Venezuela. 

“Esa tesis salió a la luz luego de que El Mercurio y La Tercera la difundieran en sus páginas. La Tercera ofreció disculpas luego de esa publicación. El origen de esas notas de prensa fue un informe de la DINE que señalaba a un comunicador y agitador del régimen de Nicolás Maduro como uno de los líderes de la insurrección”, se agrega en la investigación. 

Tras las publicaciones, los errores fueron advertidos pocos días después por un informe de la Agencia Nacional de Inteligencia, pero sin embargo, la inteligencia de Carabineros siguió  al menos durante un mes chequeando la participación de venezolanos y cubanos.

Igualmente, se puntualizó que los agentes de la Dipolcar recibieron un requerimiento de su jefatura de revisar los antecedentes de 23.221 venezolanos que habían entrado o salido de Chile entre el 15 de septiembre y el 22 de octubre de 2019. 

Dicho archivo contiene los nombres, profesiones, fecha de nacimiento, condición de ingreso, motivo del viaje, origen y destino, y el lugar de la frontera por donde entraron o salieron de Chile cada uno de esos ciudadanos, además de sus número de cédula de identidad o pasaporte, entre otros, con el objetivo de detectar a alguno de los supuestos 600 agentes clandestinos que estarían tras las protestas, los cuales nunca fueron encontrados. 

En esa misma línea, el texto aclara que no fue solo la inteligencia de Carabineros la que trabajó en la tesis del Ejército, si no que en los documentos accesados, aparecen referencias a solicitudes de información realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) para recoger antecedentes de extranjeros en Chile.

Instituto de Derechos Humanos en la mira

Otro de las aristas abordadas por la investigación, apunta a que la inteligencia de Carabineros dedicó esfuerzos a monitorear a los observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), aún existiendo una ley que busca la colaboración entre esas instituciones. 

“Lo señalado en esta ley, implica que Carabineros debe facilitar la labor de los funcionarios del organismo que monitorean la función policial en protestas y unidades policiales. No obstante, a solo dos días de iniciada las protestas, el 20 de octubre de 2019, el INDH publicó un comunicado expresando su molestia por “agresiones de policías a sus funcionarios””, se manifiesta en el texto del medio. 

En base a mantener esta buena relación entre organismos, en octubre de 2019, el INDH envió a Carabineros una nómina con los datos de 183 observadores de derechos humanos acreditados para monitorear los procedimientos policiales durante las protestas. 

Pero la Dipolcar ocupó esos datos para pesquisar y analizar antecedentes personales de estos observadores,  por medio de fichas donde se incluyeron direcciones particulares, estado civil, profesión, edad y antecedentes que a los agentes de inteligencia les parecían relevantes, pero se trata de datos que no revelan una conducta ilícita o relacionada con seguridad pública. 

Entre los nombres estudiados por Carabineros se encuentran Víctor Hugo Lagos, entonces jefe regional del INDH en Arica y Parinacota, las actuales constituyentes Constanza Schonhaut y Manuela Royo.