THE CLINIC.
INVESTIGACIÓN
6 DE MAYO DE 2025A más de cinco años del estallido social casi el 80% de causas por trauma ocular no ha logrado identificar a los responsables
The Clinic revisó 222 causas judiciales que cuentan con querellas del INDH por traumas oculares ocurridos durante las protestas del estallido social. Las víctimas son, al menos, 216, y la gran mayoría de las indagatorias no ha logrado encontrar al o los responsables. Más del 36% de las causas se cerraron por decisión de no perseverar de la fiscalía, o porque el tribunal las archivó debido a que no registraban movimientos. Los querellantes reclaman que en muchos casos el Ministerio Público no realizó las diligencias solicitadas.
El 79,2% de las causas judiciales donde se investigan los casos de trauma ocular ocurridos durante el estallido social, no han logrado identificar a ningún responsable. Las primeras denuncias sobre este tema aparecieron en octubre de 2019, pocas horas después de que comenzaron las protestas del estallido social.
Más de cinco años después, el avance judicial es escaso.
The Clinic accedió a la base de datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que contiene los antecedentes de todas las querellas que presentó ese organismo estatal en causas de trauma ocular, y revisó una a una en el buscador del Poder Judicial las causas donde se han investigado las querellas.
A esta fecha existen solo cuatro condenas contra oficiales de carabineros que dispararon perdigones o bombas lacrimógenas a las caras de las personas, y el 36,5% de las causas se cerraron por decisión de la fiscalía, o bien fueron archivadas por el tribunal respectivo. En varias de esas causas los querellantes alegaron que el Ministerio Público no realizó las diligencias que le solicitaron.
Uno de los casos es el de Jonathan, un hombre de 39 años de Arica que sufrió un trauma ocular por un perdigón disparado por militares, según la querella del INDH. Su causa se cerró por decisión de la fiscalía, a pesar de que el abogado querellante reclamó que no se levantaron las cámaras de seguridad del lugar donde ocurrió el hecho, ni tampoco se ofició al Ejército para que informara la identidad de los militares que operaron en el lugar donde Jonathan resultó herido.
Según esas causas judiciales, al menos, 216 personas sufrieron heridas por trauma ocular cuyas denuncias fueron judicializadas. Una cifra superior a las 173, que fue la última cifra difundida cuando el INDH cambió su criterio, contabilizando solo a aquellas personas que presentaron alguna acción judicial producto de sus heridas. En todo caso, la cifra es superior, considerando que existen 16 causas que aparecen como “reservadas” en el buscador del Poder Judicial. En algunas de las investigaciones judiciales los heridos son más de uno.
En las causas judiciales que se tramitan en tribunales desde Arica a Los Lagos, existen testimonios que acusan a funcionarios de la Armada, el Ejército y la PDI, pero la gran mayoría apunta a Carabineros, quienes cumplieron el rol preferente a la hora de controlar las protestas.
Según los testimonios, las heridas fueron producidas fundamentalmente por perdigones y bombas lacrimógenas, pero también por lumazos en la cara, golpes de puño, piedras y el chorro del guanaco.
Al menos en 11 de las 222 causas judiciales revisadas por The Clinic las víctimas fueron menores de edad. Sorprende el caso de Aalondra, una menor que en 2019 tenía 14 años cuando un suboficial mayor de Carabineros la golpeó con una luma en su cabeza, provocándole “pérdida de visión irreversible”, según consta en el expediente judicial. En 2021 The Clinic contó su historia, la que incluye intentos de suicidio y bullyng escolar. Es uno de los cinco casos que están en preparación para iniciar el juicio.
La mayoría de los relatos de las víctimas coinciden en que luego de perder total o parcialmente la visión de sus ojos, sufrieron afectaciones graves en su salud mental. Las organizaciones de víctimas denuncian que son varios los casos de suicidio de personas tras sufrir traumas oculares durante las protestas.
Uno de esos casos es el de Jorge Salvo, quien se suicidó en junio de 2023. La causa judicial que indaga la denuncia que presentó se intentó cerrar en junio de 2024, pero el tribunal no lo permitió. Actualmente sigue en investigación. El responsable de la herida ocular no ha sido identificado.
La causa de las víctimas de trauma ocular fue perdiendo eco con los años. A pesar de que en su minuto fue tema en la agenda internacional, luego de una investigación publicada por el The New York Times, y de las objeciones al Estado de Chile formuladas por organismos internacionales de derechos humanos. El tema volvió a la palestra luego de que Ciper reveló videos que forman parte del juicio contra Claudio Crespo, el exteniente coronel de Carabineros acusado por ser quien dejó ciego a Gustavo Gatica.
En esos registros el entonces oficial policial le dice a un joven que había detenido: “Cagaste, flaco, cagaste. Te vamos a sacar los ojos, culiao. ¿Escuchaste, o no?”.
Desde el Ministerio Público declinaron entregar su versión para este reportaje.
En el INDH le dijeron a The Clinic que “tal como hemos señalado en nuestros informes , lamentablemente en la mayoría de estas causas ha habido impunidad por diversos factores”, indicó David Bahamondes, jefe subrogante de la Unidad de Protección de Derechos.
Bahamondes agregó que ha existido lentitud en la investigación, y que la pandemia no fue el único factor: “También hubo escasez de personal. Y hubo una falta, también, de decisión en general del aparato estatal para cumplir con las obligaciones estatales en materia de investigación, sanción y reparación. En ese marco, también el sabor que nos deja es un sabor amargo”.
Adolescentes cegados
Cristóbal tenía 17 años cuando seis perdigones agujerearon su cuerpo. Uno en cada brazo, uno en cada pierna, otro en la pantorrilla. Cuando intentó revisar su cuerpo, fue que llegó el impacto más grave: el proyectil de una escopeta antidisturbios hizo estallar su globo ocular izquierdo.
La agresión ocurrió en la madrugada del 21 de diciembre de 2019, en la Villa Portales, ubicada en Estación Central. Durante esa noche, Carabineros habría disparado a Cristóbal a menos de 10 metros de él, dice la querella que presentó el INDH por los hechos. Esa querella es una de las tres que agrupa la causa penal —en la que también figura como imputado el entonces general director de Carabineros, Mario Rozas— que investiga la agresión al adolescente. A pesar que los libelos se presentaron entre 2019 y 2020, a la fecha no hay ni formalizados ni un autor material identificado, según la plataforma del Poder Judicial.
Hay más casos como el de Cristóbal. Según la base de datos que The Clinic reconstruyó, hay al menos 11 víctimas de trauma ocular que eran menores de edad cuando fueron agredidas por uniformados. Ninguna de esas causas penales tiene condena.
Hay cinco de esas causas que ya fueron cerradas porque el Ministerio Público no reunió antecedentes ni para formalizarlas ni para identificar a los responsables de las agresiones. Por otro lado, hay dos causas que se mantienen abiertas pero sin autor material identificado —como la causa de Cristóbal—.
En las otras cuatro investigaciones la Fiscalía identificó a los presuntos responsables: una de ellas aún no avanza en la formalización y en las otras tres hay funcionarios policiales formalizados —una de esas causas, de hecho, está en preparación de juicio oral—. De los cinco uniformados que el Ministerio Público identificó, al menos tres de ellos son oficiales de Carabineros.
Sin embargo, la tónica en estas causas penales es la tendencia que han seguido las indagatorias sobre las agresiones a otras víctimas de trauma ocular que identificó The Clinic: el Ministerio Público, ante la falta de antecedentes para formalizar la investigación, decide no perseverar y la causa se cierra.
Fue el caso de Sebastián, que tenía 16 años cuando una piedra que le habría lanzado un funcionario de Carabineros le causó un trauma ocular en su ojo derecho, según la querella que presentó el INDH. La agresión ocurrió el 3 de febrero de 2020, en San Antonio. Sebastián, además, pertenecía al Programa de Intervención Especializado (PIE), un plan estatal para proteger a niños y adolescentes que viven vulneraciones a sus derechos.
En septiembre de 2020 el INDH presentó una querella por la agresión a Sebastián. La investigación no tuvo mayores avances. Dos años después, en junio de 2022, el fiscal Osvaldo Ossandón cerró la investigación y decidió no perseverar, ya que “no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”. El 15 de julio de ese año la causa se cerró oficialmente. El agresor, como en muchos otros casos, nunca fue identificado.
En abril de 2021 un reportaje de The Clinic reveló el caso de Aalondra, una niña que tenía 14 años cuando un carabinero la golpeó en la cabeza con una luma. Ese día —el 21 de noviembre de 2019—, Aalondra y su hermana mayor estaban en una manifestación en los alrededores de la estación de metro La Cisterna.
El carabinero que la agredió bajó de un bus con uniformados que llegaron a disolver la concentración, según la querella que presentó la madre de Aalondra. El uniformado se acercó a la niña y la golpeó: en su tórax, primero; en su cabeza, después. Ese golpe le causó no solo un trauma ocular en su ojo derecho, sino también hondas secuelas psicológicas.
El agresor, según la Fiscalía, es el suboficial mayor, en retiro, Luis Castillo, a quien el ente persecutor acusó de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves por la golpiza a la menor. Además, sobre el uniformado pesa otra acusación por violentar a otro niño de 14 años, un día después de lo que le ocurrió a Aalondra. La causa penal se encuentra en preparación del juicio oral contra Castillo, para quien el Ministerio Público pide 15 años de cárcel por el caso de la adolescente.
Causas cerradas con diligencias pendientes
En la base de datos que reconstruyó The Clinic hay un patrón que se repite en las querellas por traumas oculares: las causas que son cerradas porque el Ministerio Público alega falta de antecedentes, a pesar que los querellantes sostienen que hay diligencias clave que no se han realizado. En muchas ocasiones los tribunales han desoído estos argumentos de los querellantes.
De las 222 causas en las que desembocaron las querellas que el INDH presentó por agresiones que provocaron traumas oculares, hay al menos 70 de ellas en las que el Ministerio Público decidió no perseverar porque —según argumentan— no fue posible encontrar antecedentes para formalizar la investigación. En la mayoría de las causas que cerraron por ese motivo los abogados de las víctimas alegaron que habían diligencias clave que no se habían realizado.
El caso de Jonathan (39) es un ejemplo. El 28 de octubre de 2019, el hombre estaba “caceroleando” en una manifestación en la comuna de Arica. Era pasada la medianoche. Según la querella que presentó el INDH, a esa hora llegó un contingente de militares que disolvió la manifestación a punta de escopetas antidisturbios. Uno de esos proyectiles impactó en el ojo izquierdo de Jonathan, quien fue diagnosticado con “trastorno del globo ocular” por un médico del Hospital Regional de Arica.
El INDH presentó la querella en junio de 2021. En noviembre de 2022 el fiscal a cargo del caso, Carlos Eltit, solicitó el cierre de la investigación por falta de “antecedentes suficientes para formular una acusación”. Los tribunales, en un inicio, rechazaron esa solicitud. Pero en diciembre el fiscal insistió.
El INDH alegó, y acusó que “existen diligencias precisas de investigación solicitadas (…) que aún se encuentran pendientes”. El organismo público argumentó que los peritajes no hechos eran, entre otros, levantar las cámaras de seguridad del lugar de la agresión, la nómina de militares que participaron en el procedimiento, los funcionarios que portaban escopetas antimotines, la identificación del militar al mando y la bitácora de ese día. Además, el organismo público argumentó que “no existe en la carpeta de investigación (…) ninguna diligencia de investigación hacia el Ejército” ni tampoco el “informe de lesiones (de la víctima) del Servicio Medico Legal”.
Pero la solicitud del INDH no tuvo efecto. El 5 de enero de 2023, el Juzgado de Garantía de Arica confirmó la decisión de no perseverar que había solicitado el fiscal Eltit. El caso de Jonathan fue cerrado sin identificar a los agresores.
Algo prácticamente idéntico ocurrió en el caso de Vicente (40), que el 31 de enero de 2020 recibió tres perdigones de una escopeta antidisturbios en su rostro: en la frente, en el labio y en el ojo izquierdo. Cuando los perdigones lo alcanzaron, Vicente estaba escondido detrás de un árbol, en la zona del Parque Forestal, de Santiago. Eso dice la querella que el INDH presentó un mes después de esa agresión.
El destino de esa causa penal fue la misma que la de Jonathan. En septiembre de 2022, la fiscal Ximena Chong solicitó cerrar la investigación por falta de antecedentes para generar una acusación. El INDH alegó porque faltaban “diligencias pendientes de realización para el esclarecimiento del hecho y de los responsables”. El 9 de diciembre de ese año, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago cerró oficialmente la indagatoria. Tampoco se logró identificar al agresor de Vicente.
Además del INDH, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCDH) también figura como querellante en varias de las causas por víctimas de trauma ocular que analizó este medio. Luis Acevedo, abogado encargado del equipo jurídico de la CCDH, aseguró a The Clinic que “no vemos que se haya dado la debida prioridad a estas causas” (vea aquí la respuesta completa).
El problema, sostuvo, radica en “la imposibilidad de identificar al responsable directo del hecho, pero se tiene claridad que el hecho y el delito ocurrió (…) en cada hecho hay muchos carabineros que dispararon, por ejemplo, sin tener certeza de quien efectuó el disparo específico que provocó el daño. Lo que queda finalmente es la duda de si el sistema está o no suficientemente preparado para investigar violaciones a los DDHH”.
“La respuesta ha sido la impunidad”
Karinna Fernández, abogada de derechos humanos que ha impulsado la causa contra los altos mandos policiales en casos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido, cuestiona en conversación con The Clinic las decisiones que han tomado tanto la fiscalía como los tribunales en los casos de trauma ocular:
Fernández afirma que existen fallos del Tribunal Constitucional donde se establece que las causas que incluyen a agentes estatales no pueden cerrar por decisión de no perseverar, como ha ocurrido en más del 30% de las indagatorias sobre los traumas oculares.
“El Ministerio Público tiene la obligación de realizar estas investigaciones, que no puede existir la decisión de no perseverar respecto de agentes estatales y crímenes de Estado, porque precisamente así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, aplicando los estándares internacionales de que existe la obligación de investigar especialmente cuando se trata de agentes estatales, insisto, porque se utilizan recursos estatales para cometer estos delitos (…) Entonces, ¿Por qué la decisión de no perseverar no puede ser utilizada en estos casos? Porque, justamente, lo que muestra es que es una causa que no se judicializa”.
La abogada, que también tramita causas en tribunales internacionales, cuestiona que casi el 80% de las causas no haya logrado identificar al agente estatal responsable. Según ella, es reflejo de la impunidad:
“Las armas menos letales, como las que causan este tipo de daño ocular, tienen un requisito extra de tanto su autorización como su entrega en las salas de armamento. Y todo eso debería verse reflejado en que sea más fácil lograr identificar a los funcionarios a cargo del uso de esta munición. Uno no puede concluir otra cosa sino que, efectivamente, el Estado ha operado a favor de obstaculizar el acceso a esa información y que, por su parte, la autoridad llamada a dirigir esta investigación, es decir, el Ministerio Público, no ha obrado con lo que denominamos debida diligencia y que es el estándar que se sigue en estas materias”.
Fernández cierra indicando que, a pesar de las obligaciones estatales, la justicia no ha operado como corresponde: “Creo que es relevante dimensionar esta cifra. Y también que la respuesta, a cinco años de estos hechos, ha sido la impunidad, o sea, un porcentaje importante de causas se encuentran con decisiones de no perseverar y otro porcentaje, además muy alto, con un imputado desconocido”.
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