Por Susana Frías K.
Un informe enviado por la ONU otorga a Piñera un plazo de 60 días
para informar sobre diversos aspectos del proyecto de normativa
antiprotestas que atentarían contra los derechos humanos. Ley fue
propuesta tras las masivas manifestaciones producidas a partir del año
pasado. Redes sociales, parlamentarios y defensores de los derechos
humanos cuestionan la dureza de las sanciones que propone.
Luego
de las masivas protestas y marchas que se comenzaron a gestar el año
pasado y que continuaron este 2012 y que culminaron con detenidos,
heridos y saqueos, desde el gobierno el ministro del Interior, Rodrigo
Hinzpeter, se transformó en el rostro emblemático de un proyecto de ley
cuyo fin es terminar con las manifestaciones. Se trata de la ley de
Resguardo del Orden Público o más conocida como la "ley Hinzpeter".
La Comisión de seguridad Ciudadana, votaría el pasado 4 de julio el
proyecto de ley que sanciona desórdenes públicos y saqueos, sin embargo,
el gobierno acogió indicaciones de diputados UDI para perfeccionar la
llamada "Ley Hinzpeter", por lo que se pospuso para el 18 de julio.
Según el Secretario de Estado, se quiere buscar libertad para
expresarse, protección para las víctimas y que quienes comentan actos
vandálicos tengan sanciones que hoy no existen.
ONU manifiesta su preocupación
Hasta esta fecha sólo ha sido conocida la preocupación expresada
públicamente por Amnistía Internacional, que en marzo de 2012 envió una
carta a los parlamentarios alertando sobre diversas normas contenidas en
la "Ley Hinzpeter" que atentarían contra los Derechos Humanos. A ese
texto se suma a otro enviada en marzo de 2012 por la misma organización,
esta vez al Presidente Piñera, donde alertaban sobre diversas
situaciones de derechos humanos que se han agravado durante su gobierno y
donde, entre otras, se mencionaba precisamente ese proyecto de ley.
Lo que se ha tratado de mantener oculto es un informe de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), que cuestiona esa iniciativa,
según lo dio a conocer el portal Yo no Voté por Él.
El pasado 23 de enero, como parte de un procedimiento especial, tres
Relatores Especiales de las Naciones Unidas enviaron al gobierno una
comunicación urgente donde expresaban su preocupación por los términos
contenidos en el proyecto, dando un plazo a Piñera de 60 días para
informar sobre diversos aspectos que atentarían contra los derechos
humanos.
El Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a
la libertad de opinión y de expresión, el Relator Especial sobre el
derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica y la Relatora
Especial sobre los defensores de Derechos Humanos, hicieron presente que
diversos compromisos internacionales vinculantes para el Estado de
Chile constituyen obligaciones que se deben respetar los que, de acuerdo
con los términos que trascendieron sobre el proyecto de Ley Hinzpeter,
podrían verse vulnerados.
Se citan, por ejemplo, obligaciones del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, de la Resolución 15/21 del Consejo de
Derechos Humanos donde se exhorta a "los Estados a que respeten y
protejan el derecho de todas las personas a la libertad de reunión". Se
cita el Comentario General 31 del Comité de Derechos Humanos donde se
estipula que "los Estados parte no pueden invocar las disposiciones de
su derecho constitucional ni de otras disposiciones de su derecho
interno para justificar el incumplimiento o de la inaplicación de las
obligaciones contraídas en virtud del tratado".
¿Volviendo a los tiempos de Pinochet?
Fue durante la dictadura cuando los ciudadanos vivieron en carne
propia la censura; ahora parece que retornan a esos tiempos. De forma
más técnica, el abogado constitucionalista Patricio Zapata, entrega
algunos alcances de la ley que pretende impulsar Hinzpeter.
"No nos confundamos. La idea no es sancionar a los encapuchados.
Nótese que tampoco se castiga al que incita a los actos violentos. El
propósito de este inciso es más bien castigar a quienes convoquen a una
movilización social que termina en desórdenes. No es necesario haber
querido ese resultado, basta con haberlo previsto como posible", señaló
el jurista en una columna de opinión.
Profundizando lo anterior, Zapata trajo a colación la Ley 12.927 de
1983, donde "la oposición al general Pinochet convocó a la ciudadanía a
masivas y sucesivas jornadas de protesta nacional", cosa que provocó el
surgimiento de los caceroleos y que "grupos minoritarios" recurrieran a
la violencia.
Como reacción, "en octubre de 1983 Pinochet presentó a la Junta
Legislativa un proyecto para agregar una nueva letra i) al art. 6 de la
Ley de Seguridad del Estado. El objeto era precisamente criminalizar a
los organizadores o convocantes de las jornadas de protesta".
Luego el abogado sentencia: "Al igual que ocurre con la iniciativa
del Presidente Piñera ahora, la propuesta de Pinochet, 28 años antes,
buscaba castigar a las personas por generar supuestas situaciones de
peligro (abstracto o concreto), sin que importe si se ha tenido o no el
dolo positivo de causar el mal que se pretende evitar. Hasta ahí el deja
vú. A diferencia de 1983, ahora existe un Congreso Nacional
independiente. Y si entonces la ley antiprotestas fue aprobada por la
Junta en trámite secreto y en 10 días, no me cabe duda que nuestro
Congreso actual va a frenar este peligroso proyecto de ley".
Las voces se alzan en contra
Representantes del mundo político, defensores de los derechos humanos
y las redes sociales ya se manifiestan en contra de esta ley por
considerarla una violación a los derechos ciudadanos. En este sentido,
el diputado Luis Lemus anunció que al interior de la Comisión de
Seguridad Ciudadana de la Cámara persuadirán al gobierno y a los
legisladores oficialistas a "relocalizar el tema", centrándolo más en el
"daño a personas y a los bienes públicos y privados". La iniciativa del
Ejecutivo pone el acento en fortalecer el orden público.
"El problema principal de la iniciativa del ejecutivo es que se busca
enfrentar la protesta social no en su raíz, sino a través de medidas
coercitivas. Si hubiéramos aplicado este principio a distintas etapas de
la historia de Chile y se hubiera sancionado con tres años de cárcel a
una persona por tomarse las calles, de uno u otro signo, la historia
habría sido distinta", asegura el parlamentario.
Amnistía Internacional tampoco concuerda con el proyecto legislativo,
por considerarlo una vulneración a derechos humanos como la libertad de
expresión, reunión, asociación y circulación.
Ana Piquer, directora ejecutiva del organismo, asegura que con esto
"podrían quedar criminalizados como delitos hechos que no son más que el
ejercicio de derechos humanos básicos, como el derecho a reunión o la
libertad de expresión. También se pena a quien promueve la
manifestación. Entonces podrían darse casos, incluso absurdos, en que si
una persona promueve una manifestación a través de Twitter y ésta
termina siendo violenta, el tuitero podría terminar siendo penado con la
ley hasta por tres años de cárcel", advierte.
"En el control de manifestaciones ha habido alegaciones de uso
indebido de carros lanza agua, gases lacrimógenos y balines, en algunos
casos causando lesiones oculares. Se conocieron casos de torturas y
otros malos tratos, incluidas palizas y amenazas de violencia sexual,
contra estudiantes", recalca.
Piquer afirma que el Estado tiene el deber de resguardar el orden
público, especialmente cuando se producen hechos violentos, pero ello
debe hacerse siempre dentro del marco de los derechos humanos,
respetando el derecho de quienes se manifiestan pacíficamente y
recurriendo al mínimo posible de uso de la fuerza respecto de quienes
utilicen la violencia.
"Al gobierno le conviene"
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo
Martínez, sostiene que "a los gobiernos les conviene que pasen hechos de
violencia en las marchas, porque van desacreditando a los movimientos
sociales".
"La violencia en las manifestaciones, que cada vez aumenta más, tiene
una raíz que es la desigualdad y la pobreza; la desigualdad, la no
participación. La gente quiere participar y no tiene espacio y
posibilidad de hacerlo y la desigualdad social genera violencia, y esa
violencia es la que hay que atacar primero", expresa Martínez.
En tanto, Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos
Humanos (INDH), sostiene que "vamos en una senda peligrosa de seguir
así". Asegura que la gente que tiene experticia en temas de seguridad
considera que es un proyecto malo, "donde se está interfiriendo en una
garantía fundamental de manera penal y todo el mundo sabe que el Derecho
Penal y la sanción no resuelven los conflictos sociales. Nosotros
estamos en contra de ese proyecto, porque tiene un límite demasiado poco
claro entre lo que es un delito y un derecho constitucional".
"El ministro Hinzpeter suele meter dentro de un mismo saco a quienes
legítimamente se manifiestan con aquellos que cometen delitos en el
contexto de las manifestaciones y que son los menos", recalca.
Explica, asimismo, que en un Estado democrático el orden público no
es una garantía fundamental, sino "el conjunto de condiciones que
permite el ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos, no la
conculcación de derechos". Sostiene que un punto a debatir como sociedad
es qué tolerancia tenemos para concebir una democracia en término de
conflictos que se van resolviendo, a veces con manifestaciones, sobre
todo cuando no hay otros canales de participación.
El diputado Felipe Harboe se suma a las críticas y señala que "el
proyecto de ley es bastante malo. Establece la misma sanción y considera
igualmente grave a un grupo de personas que baja a la calle a
manifestarse e interrumpe el tránsito con el saqueo a un local
comercial, o con la toma a un establecimiento educacional".
Discusión "interesante"
El parlamentario añade que la iniciativa, además, "establece en caso
de la toma del establecimiento educacional sanciones privativas de
libertad, lo cual es realmente delicado".
En tanto, para el fiscal nacional Sabas Chahuán, el cambio a la ley debe garantizar el derecho ciudadano a manifestarse.
"Va a ser una discusión interesante en el Parlamento y todo lo que
sea fortalecer la represión de los que cometen delitos nos parece bien,
siempre que se respete el equilibrio de todos nosotros a expresar
nuestra opinión", dice Chahuán.
La derecha a favor
Mientras los ciudadanos, la oposición y los diversos organismos que
resguardan los derechos humanos han estado mostrando su descontento con
el proyecto de ley, la derecha se ha manifestado a favor e incluso ha
pedido acelerar su aprobación, pese a que vulneraría los derechos
fundamentales que tienen los ciudadanos. Estas son algunas declaraciones
realizadas por personeros de la derecha en torno a esta polémica ley.
Intendenta de la región Metropolitana, Cecilia Pérez, 30 de Junio de 2012:
"Todos los actores sociales incluidos los sectores políticos, deben
rechazar (los hechos de violencia) no solamente con claridad y sin
titubeos. Y deben rechazarlos con hechos concretos, como es aprobar un
proyecto de ley que apunta en el corazón a condenar estos hechos y a
darnos instrumentos legales que se puedan sancionar".
Diputado RN Cristián Mönckeberg, 30 de Junio de 2012:
"Piensen que hay miles y miles de chilenos que cuando se producen
estas marchas y se producen estas manifestaciones ven cómo se ve
alterado el orden público, se ve alterado el normal desenvolvimiento de
la ciudad y se ve cómo impunemente se cometen delitos como el saqueo y
nadie responde".
Diputado UDI Iván Moreira, 2 de Julio de 2012:
"Le exijo a mi gobierno discusión inmediata para la tramitación de
las indicaciones y modificaciones a la ley de orden y resguardo público
(...) No puede ser que el señor Gabriel Boric, líder de un grupo de
cuatro muchachos, llame a una marcha para expresar enojo y además
sostenga en programas de televisión que este no es un movimiento
político, porque sus demandas van más allá de las reivindicaciones por
educación".
Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, 29 de Junio de 2012:
"Con esta normativa se podrá castigar de manera real a las personas
que no tienen ninguna justificación ni merecen ninguna contemplación por
parte de la Justicia".
Qué dice el proyecto
Según indica el "Artículo 269, serán castigados con la pena de
presidio menor en su grado medio (esto es, una sanción privativa de
libertad de 541 a 3 años) quienes participen en desórdenes o cualquier
otro acto de fuerza o violencia que importen la realización de alguno de
los siguientes hechos: Realicen paros y tomas en establecimientos
privados, fiscales y municipales; Alteren la libre circulación a
personas, vehículos u otros: Insulten a la Fuerza Pública (FF.AA.,
Carabineros y Gendarmería); Inciten, promuevan o fomenten actos,
marchas, etc, que después terminen en desórdenes".
Además, el ministro del Interior tendrá la facultad de formular
querellas por delitos de "orden público" y Carabineros y PDI tendrá toda
la libertad de incautar material audiovisual y fotográfico de las
marchas o acto público.
A lo anterior, este punto sanciona a todas las protestas o "paros"
aun cuando sean a brazos caídos de servicios públicos, así a modo de
ejemplo, todo funcionario de la salud que participe cometerá este
delito.
Con nombre y apellido
Asimismo, y respecto al inciso que señala que aquellos que llamen a
manifestaciones y que terminan en desórdenes, en términos coloquiales
propone que si por ejemplo Gabriel Boric o Camila Vallejo llaman a la
realización de una marcha, donde se podría "preveer que iban a generarse
desórdenes" Boric y Vallejos cometen un delito.
En cuanto al material que se pueda confiscar, la ley asegura "f)
Consignar la existencia y ubicación de fotografías, filmaciones,
grabaciones y, en general, toda reproducción de imágenes, voces o
sonidos que se hayan tomado, captado o registrado y que sean conducentes
para esclarecer los hechos que constituyan o puedan constituir delito y
obtener su entrega voluntaria o una copia de las mismas, de conformidad
a lo prevenido en el artículo 181".
¿Qué significa esto? Esta norma pretende facultar a Carabineros o a
la PDI para que de mutuo propio, vale decir, sin necesidad de
autorización de la Fiscalía o del Poder Judicial, puedan empadronar y
solicitar copias "voluntarias" de las fotografías, filmaciones o
grabaciones de audio que se hayan podido tomar.
¿Cuál es el tema? Si alguien en una marcha esta sacando fotografías,
la policía podrá pedir sus datos y solicitarle que entregue sus fotos.
Como se trata de archivos digitales es muy probable las policías se
amparen en esta norma para llevar a las personas a la unidad policial.
Cabe pensar que la norma admite que uno pueda negarse. Negarse no
constituye delito, pero esto puede desembocar en diversos abusos.
Especialmente es preocupante después de la detención del periodista de
Chilevisión Luis Narváez en las protestas de 06 de octubre de 2011.
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