Mientras que oposición, estudiantes y periodistas rechazan ley que busca criminalizar marchas civiles, la derecha exije "parar con el bullying a Hinzpeter"

Por Juana Leyton

La denominada Ley Hinzpeter tiene sus blancos y negros. No tiene grises. O la quieren o la odian. Incluso convocaron a una manifestación de protesta para este viernes contra esta ley. Las críticas vienen de diversos sectores que afirman que no discrimina entre vándalos y manifestantes, además de querer restriingir las movilizaciones sociales. Y un artículo restringe el derecho a la información que el gobierno prometió que será será retirado del proyecto de ley

El proyecto de la administración de Piñera conocido como "ley Hinzpeter", por ser el ministro del Interior su principal impulsor y defensor, es una de las que ha despertado más críticas y no solo por parte de la oposición, la ciudadanía también se ha manifestado en contra de esta iniciativa.

Recordemos que este proyecto de ley que sanciona desórdenes públicos y saqueos. Se debería haber votado este miércoles en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados; sin embargo, el gobierno acogió indicaciones de diputados de la UDI para perfeccionarla, por lo que su votación se pospuso para el próximo 18 de julio.

En la oportunidad, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, decidió aceptar las ocho indicaciones redactadas por diputados al proyecto de ley. Mientras que los parlamentarios de la oposición que integraron la sesión también acogieron las indicaciones presentadas, por lo que se acordó citar para el próximo miércoles al fiscal nacional, Sabas Chahuán, para escuchar su opinión y luego votar la iniciativa.

¿Por qué se critica tanto?

Esta ley ha sido ampliamente criticada porque busca imputar penas desde los 541 días a 3 años, a los que participen o hayan incitado, promovido o fomentado, desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia.

Si bien la medida parece inicialmente positiva, porque busca evitar actos de violencia, no discrimina criminalizando todo tipo de protesta social. Ocupación de espacios públicos, cortes de camino o calles serán delitos con penas de cárcel, sin discriminar si existen o no hechos de violencia en ellos.

El diputado Carlos Montes (PS), en conversación con Cambio21 señaló que "las indicaciones que vienen ahora que las hizo la UDI con el gobierno tratan de amortiguar un poco el contenido creyendo que con eso van a construir una mayoría, pero en definitiva lo que buscan es legislar todo el tema del desorden público y por lo tanto se plantean frente a una serie de situaciones como detener, condenar y que es algo muy complejo para nosotros de aceptarlo, porque tenemos muy malas experiencias en la dictadura".

"Creemos que vienen tiempos en los que va habrán más protestas sociales. Entonces aprobar esto en esos términos es bastante irresponsable de nuestra parte, y no hay ánimo para eso. Se ha planteado que si se focalizara en corregir o revisar aquellas cosas que no están funcionando bien, como los vándalos que actúan en medio de protestas sociales donde rompen cosas y roban tiendas, la pregunta nuestra es qué está ocurriendo que eso no se puede sancionar, porque hoy día hay leyes para sancionar esos actos claramente", agregó el parlamentario socialista.

"Esto puede ser tremendamente grave, porque cualquiera que se tome un colegio o se tome una universidad lo pueden condenar hasta por tres años y eso está fuera de todo contexto. El gobierno en vez de decir qué hacemos en un periodo de tanta protesta, no se le ocurre nada más inteligente que reprimir y a todos por igual, reprimir la protesta social no al vandalismo solamente y todo el mundo está de acuerdo en que hay que buscar mejores maneras para enfrentarlo".

Montes señala además que "para ver qué es lo que curre invitamos al fiscal Chahuán el próximo miércoles para que nos diga que ha pasado, si es un problema de los jueces o de la policía, pero ver dónde está el problema".

En cuanto al tema de coartar la labor de la prensa, el parlamentario comenta que "hasta ahora no se ha rechazado ni eliminado. En todo caso la indicación de la derecha es sacar el artículo segundo, por lo tanto no generaría ningún problema, pero eso tenemos que verlo".

Recordemos que una de las cláusulas más complejas del proyecto de ley es la que facultaba a la policía solicitar a los medios de comunicación la "entrega voluntaria" de grabaciones u otros archivos electrónicos sin orden judicial, con el fin de identificar a posibles autores de delitos. Así en el proyecto de ley se puede leer: el proyecto propone incorporar una nueva facultad para las Fuerzas de Orden y Seguridad para que éstas puedan solicitar la entrega voluntaria de grabaciones, filmaciones u otros medios electrónicos que puedan servir para acreditar la existencia de delitos o la participación en los mismos, sin orden previa del fiscal.

Pese a que Hinzpeter ofició para que esta cláusula no fuera considerada, por los coletazos que trajo, claramente existió la voluntad el gobierno por permitir que las policías requisaran material a la prensa, algo que lisa y llanamente atenta contra la libertad de información.

Frente a ello Cambio21, conversó con el presidente del colegio de Periodistas, Marcelo Castillo, quien señaló "nosotros esperamos que la indicación que mandó el gobierno sea confirmada, entendemos que hay un compromiso del ministro Hinzpeter particularmente con el presidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros para eliminar ese artículo y como Colegio de Periodistas hemos dicho que lo que queremos es que la llamada ley Hinzpeter sea retirada del Congreso porque creemos que restringe las libertades públicas y específicamente la de los periodistas. En general la ley no nos parece adecuada".

"No es solo el artículo relacionado a la prensa, es la ley en su conjunto la que preferiríamos que el ministro saque. El supuesto catastrófico que tenía la ley de que iba a haber una situación de caos en el país y que por eso esta ley era necesaria, no fue tal. En realidad lo que a nosotros nos interesa es que este proyecto se retire o se rechace; obviamente tenemos una preocupación especial en este artículo porque nos afecta directamente pero es el espíritu de la ley el que evidentemente complica", señaló.

Defensas al proyecto

Por  otro lado, parlamentarios de gobierno apoyan la iniciativa de Hinzpeter. Así, el diputado Iván Moreira (UDI) aclaró que "esta no es una ley que quiera meter presos a los estudiantes ni criminalizarlos, ni meter preso a Boric o a Vallejo" y manifestó que la legislación "va a permitir poder controlar de alguna forma a estos sectores anarquistas". Con respecto a cómo prevenir que grupos de manifestantes se organicen para causar desmanes, Moreira afirmó que "lo que pasa es que la palabra inteligencia le molesta mucho a la Concertación".

Mientras que el diputado Cristián Monckeberg (RN) presentó, junto a su par Marcela Sabat, indicaciones al proyecto, donde el principal cambio es buscar bajar las penas a los posibles condenados, de 3 años a 541 días como máximo. Además el diputado pidió que "paremos con el bullying a Hinzpeter" y "no estigmatizar" al ministro del Interior por sus políticas en torno al tema de la violencia en las marchas.

Otros aspectos del proyecto de ley que buscan cambiar las indicaciones de Monckeberg son las penas a los organizadores de la marchas y la utilización de material gráfico de la prensa para realizar investigaciones judiciales.

Para este viernes 6 de Julio de 2012 a las 18:30 hrs. en Alameda con Ahumada, está convocada una marcha en rechazo a la ofensiva de Hinzpeter.