La
directiva de la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile
llegó hasta La Moneda para entregar una carta dirigida a la Presidenta
de la República Michelle Bachelet. En la misiva los profesionales de las
comunicaciones hacen ver a la mandataria la deuda que el Estado
mantiene con el periodismo chileno que en muchas ocasiones ha sido
maltratado principalmente por la fuerza policial.La agrupación se amparó en la nueva política de Derechos Humanos anunciada por la presidenta el 21 de mayo pasado, para pedir formalmente la destitución del cabo 2° de Carabineros Ivar Barría Álvarez quien el año 2008 golpeó con un bastón de fierro en el rostro al fotógrafo Víctor Salas, actual presidente del gremio, y que en dicha oportunidad ejercía su labor profesional durante las protestas que se generaron en una de las cuentas públicas de la actual mandataria en su anterior administración. En esa oportunidad Salas fotografiaba a funcionarios de Carabineros propinándoles una golpiza a un grupo de civiles en el marco de las protestas en las afueras del Congreso.
En la carta también se le recordó a la presidenta la palabra empeñada en administración anterior respecto al artículo que castiga penalmente a quienes intervienen e impiden de cualquier forma el desarrollo del ejercicio del periodismo.
El carabinero fue condenado a cumplir 541 días de pena remetida. Esto tras ser declarado culpable por la justicia militar como el agresor, gracias a las fotos que el mismo gráfico logró sacar. El cargo con el cual fue condenado fue de autor del delito de Violencia Innecesaria Causando Lesiones Graves. Sin embargo, el funcionario policial jamás estuvo detenido ni encarcelado hasta el día de hoy, según consta en un oficio emanado desde Gendarmería en respuesta a una consulta realizada en su momento por el Instituto de Derechos Humanos.
La situación se torna más grave para el gremio de los fotógrafos y camarógrafos al enterarse en los últimos días que Carabineros ha anunciado el reintegro del inculpado a las filas de la institución después de su suspensión que rige mientras dura la condena.
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