03/01/2017 |
Por Felipe Reyes
Su solicitud inmediatamente generó toda una serie de reacciones, las que comentan que se trata de una ofensiva para solicitar un trato mejorado para los condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.
El pasado domingo el exjefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Álvaro Corbalán, fuera trasladado desde la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) hasta el penal Punta Peuco.
Sin embargo, su defensa anunció que este martes solicitaría el cambio y reubicación de celda de su cliente. Las razones que argumenta Corbalán para solicitar esto es que su actual prisión no cuenta con todo el acondicionamiento y medidas que sus enfermedades requieren.
Argumentos de Corbalán
Fue su abogado, Raúl Meza, quien argumentó las razones de la solicitud de su representado.
"Nos reuniremos con el nuevo alcaide de Punta Peuco, Jorge Martin, para solicitarle que vuelva a su antigua celda, en la cual ha permanecido los últimos 25 años de condena y la cual está acondicionada de acuerdo a las diversas patologías que le afectan", aseguró.
"A su llegada al penal fue destinado a un módulo de primerizos, cercano a las canchas y sin ninguna comodidad para internos afectados por enfermedades crónicas. Además, todos sus artículos personales, televisor, guitarra, libros y otros siguen en su antigua celda", explicó.
"Iniciaremos acciones penales y civiles en contra de los funcionarios de Gendarmería y del Ministerio de Justicia por los tratos inhumanos, crueles y degradantes que se le dieron durante su permanecía en la CAS", concluyó el abogado.
Reacciones
Conversamos con el abogado de Luis Toro para saber cuál es su mirada sobre esta situación que encarna Álvaro Corbalán.
"Lo que ocurre con el señor Corbalán es que en primera instancia él fue removido de su celda en su momento, y del penal, por haber encontrado elementos para comunicarse con el exterior. En consecuencia lo más lógico que deberían hacer las autoridades de Punta Peuco es no colocar al señor Corbalán en la misma celda desde la que fue removido. Es algo que es casi de sentido común", acusa el abogado.
"Por lo demás, las razones que hablan que en la celda antigua se encuentran sus elementos personales y médicos, no creo que sea muy difícil cambiar todo esto a su celda nueva. Además debo reiterar que yo soy de los que argumentamos que Punta Peuco no debería existir y que sus internos deberían estar en cárceles comunes", recalca el jurista.
"Nos encontramos frente a una ofensiva de parte de todos los condenados por delitos de lesa humanidad, no solamente de parte del señor Corbalán, los que se encuentran solicitando toda una serie de beneficios carcelarios. Se trata de una avalancha de peticiones, y que encuentra eco en medios de derecha afines y en personeros de la derecha, y esta situación únicamente traerá impunidad. Se debe reconocer que el control de las normas de los internos esta regido por Gendarmería, y si ellos determinaron un cambio de celda es algo que se debe cumplir", concluyó Luis Toro.
Para la también abogado Carmen Hertz la situación responde a una movida estratégica de parte de algunos personeros condenados.
"Existe una campaña desatada desde hace más de un año, la que denomino progenocidas, la que es abiertamente a favor de la impunidad, que con el pretexto de los beneficios carcelarios quiere instalar una tesis que es completamente falsa, y al mismo tiempo, dividir al país y a la opinión pública entre los buenos viejitos que se encuentran encarcelados y la gente mala, resentida y vengativa, quienes seríamos los familiares de las víctimas y los abogados de los Derechos Humanos", explicó la abogada.
"Álvaro Corbalán y su solicitud se suma a este show que se encuentra organizando. Pues una petición doméstica, como es la solicitud de cambio de celda, no puede ser que se tome los medios y las portadas de los informativos. Además creemos que estos beneficios carcelarios a condenados por delitos de lesa humanidad se encuentran regulados por el derecho internacional. En donde la situación de estos condenados no es como la que se nos quiere hacer creer por algunas personas", revela la jurista.
"Hay un elemento que se debería decir, esto no es un debate jurídico, porque las razones que se argumentan develan una falta de conocimiento de los tratados internacionales, además de caer en la inmoralidad de tener que obligar a los familiares a nuevamente tener que explicar porqué no perdonan a sus victimarios. Actualmente se están invirtiendo los papeles de los roles, y muy pocas personas han salido a denunciarlo, tanto en la Nueva Mayoría como en el Gobierno, salvo los parlamentarios comunistas, lo que resulta algo bastante grave", asegura Hertz.
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