Opinión

El desgobierno como opción política para salir de la crisis

por Enrique Fernández Darraz 23 diciembre, 2019

El 12 de diciembre la Cámara de Diputados desechó la idea de acusar constitucionalmente al presidente Sebastián Piñera, bajo el argumento de no querer agravar la crisis institucional.

La disyuntiva que se plantearon o, al menos, que arguyeron en ese momento, sin embargo, era falsa: lo que de verdad estaba en juego no era la institucionalidad republicana, sino la capacidad efectiva de gobernar de quien tiene esta responsabilidad.

La propia Constitución de 1980, en sus artículos 28 y 29, prevé los caminos legales para salir de una situación como ésta. Establecen el orden de subrogancia, los plazos de duración y el tiempo requerido para llamar a nuevas elecciones, según sea la causal de vacancia del cargo y la etapa en que se encuentre el ejercicio presidencial.

En otras palabras, si bien destituir a un presidente es algo previsto por la propia Constitución Política, llegado el momento en que ello parecía ser un camino razonable para salir de la crisis, la política optó por otro, aún más incierto. Ésta privilegió, una precaria certeza, por sobre un cambio mayor. Probablemente también porque muchos no sabían en qué situación quedarían ellos mismos en ese cambio.

Al contrario de lo que se sostiene, su decisión puede ser juzgada de irresponsable, en la medida que eligieron el desgobierno como salida. Lo que, en un régimen presidencial como el chileno, puede llevar a un desenlace bastante impredecible.

Las razones para afirmar que se vive una situación de desgobierno son varias, de distinta gravedad y complejidad.
Una de las más recientes evidencias es el escaso o nulo apoyo ciudadano al presidente. En las últimas encuestas éste ha bajado incluso de dos dígitos. Es decir, no tiene absolutamente ninguna legitimidad social o política para continuar a cargo de la nación. Es verdad que salió electo por mayoría, pero esa misma mayoría le dio vuelta la espalda y no le reconoce ni las aptitudes, ni los aciertos necesarios para gobernar.

También el congreso lo abandonó. Éste armó un acuerdo constitucional propio. Y lo sigue negociando, sin considerar en lo más mínimo su opinión. Es más, el último proyecto de ley enviado por la Presidencia, que busca tipificar como delitos usar capucha y hacer barricadas, fue reducido a cero en el Senado, y ahora se pide lo mismo para la reforma de pensiones.

Los gobiernos municipales también hicieron lo propio y renunciaron a la agenda de La Moneda. De hecho, incluso antes del acuerdo constitucional parlamentario, los alcaldes decidieron hacer un llamado a una consulta ciudadana, cuyo objetivo era determinar no sólo los alcances de la voluntad popular respecto de una nueva constitución, sino identificar también sus principales demandas.

Aún más complejas que las situaciones descritas, son, sin duda, aquellas referidas a las Fuerzas Armadas y, especialmente, a Carabineros.

Si es cierto lo que se dice, las primeras habrían rechazado al menos en una ocasión volver a la calle a intentar restablecer el añorado orden, tan caro a la derecha chilena. Pero no sólo eso, sino que salieron coordinadamente a desacreditar el Informe de

Amnistía Internacional sobre violaciones a los derechos humanos en Chile. Es decir, tuvieron una acción deliberativa que contraviene la Constitución y que luego debió ser avalada por el Ministro de Defensa.

Aún peor es la situación de Carabineros que, según se aprecia en videos de circulación masiva, permitió ciertos saqueos y, según establecen organismos especializados, ha violado de manera sistemática los derechos humanos de los manifestantes, incurriendo en actos como disparar perdigones al rostro, golpear personas que se encontraban en actitud pacífica y, más recientemente, mezclar soda cáustica o algún químico de dudosa procedencia en el agua con que dispersa a los manifestantes. Todas estas acciones pueden ser juzgadas de criminales, pero el gobierno no sólo no las ha condenado, sino que ha sido completamente incapaz de controlarlas.

Es decir, ha perdido la soberanía y mandato sobre su propia fuerza pública, si es que alguna vez la tuvo.
No amerita una mención mayor, pero también perdió el control de la calle en manos de vándalos y saqueadores, que lentamente comienzan a regresar a sus ocupaciones más habituales de asaltos, robos a cajeros automáticos, a tiendas comerciales, y los tan recordados “portonazos”.

En este escenario, y en especial si continúa su deterioro, habremos supuestamente salvado la institucionalidad a costa de mantener un gobierno que no tiene apoyo y, por lo mismo, no encuentra en ningún espacio la obediencia y el respeto que habitualmente se le prodiga a la autoridad legítima.

Sin respaldo popular, sin capacidad de orientar la agenda política y sin mandato sobre la fuerza pública, el presidente Piñera, como dijo un querido amigo, pasará los siguientes dos años corriendo en la rueda de los hamster. Que gira sin parar, en ninguna dirección.

De ese modo, la Cámara de Diputados lo condenó a la irrelevancia y a nosotros al desgobierno.

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