By Juan Pablo Cárdenas Diciembre 24, 2019
El 2019 será recordado siempre como el año del despertar de los chilenos y por la explosión social que dejó en evidencia los abusos que se cometían en contra de los derechos del pueblo en un país que llegó a presumir de desarrollado por el bienestar que solo alcanzaba apenas a un 10 por ciento de la población. Bajo el imperio de una Constitución Política considerada ilegítima en su origen y ejercicio, pero administrada por varias décadas por una clase política cuyos integrantes en el Gobierno y el Parlamento resultaron elegidos mediante una ley electoral antidemocrática. Lo que explica que en el caso de esta segunda elección de Sebastián Piñera solo registrara como sufragantes a menos del 40 por ciento de los ciudadanos. Es decir que en términos reales Piñera asumió el poder apoyado por una cifra escuálida de votantes con una enorme mayoría adversa o desencantada de nuestro sistema político.
Un Mandatario empecinado en mantenerse en el poder después de la profunda crisis nacional y cuando las encuestas le señalan apenas un 11 por ciento de apoyo, y en que millones de personas salen a las calles de todos el país para demandar su renuncia, como la de los dirigentes políticos empeñados en retenerlo en La Moneda para, así, escapar también a su remoción. Ciertamente por la culpa que les cabe a todos por la mantención de un sistema económico agraviante que ha consolidado la más alta concentración de la riqueza de nuestra historia, con más de la mitad de los chilenos sobreviviendo con carencias críticas. Mientras la inmensa mayoría de los trabajadores y jubilados tienen que subsistir con un salario o pensión por debajo de los 350 mil pesos. Esto es unas treinta veces menos de lo que perciben los parlamentarios, el propio Jefe de Estado y sus ministros.
Una realidad que nos ha llevado a los últimos lugares del orbe en materia de equidad social, con un régimen de salud discriminatorio que todos los días mata a centenares de personas que no alcanzan a recibir atención médica y cirugías. Mientras que en cuanto a la educación todos perciben que este derecho ha pasado a tranzarse en el mercado, exigiéndoles a los estudiantes y sus familias pagar muy caro para poder darse una educación de calidad. Al tiempo que se deja languidecer intencionalmente los planteles públicos para así favorecer su privatización.
El capitalismo en su modalidad más extrema y salvaje le ha cedido a un puñado de empresas la administración de sus suministros más esenciales, además de concederle las concesiones en el uso de las carreteras, al grado que desplazarse por el país resulta hoy un lujo y un gravamen muy lesivo para los servicios de transporte de pasajeros y cargas. No es extraño, por lo mismo, que la explosión de descontento haya sido gatillada por un nuevo aumento de la locomoción pública y los peajes de las autopistas. Porque, como todos sabemos, los chilenos ya no somos dueños de los yacimientos y reservas de agua; de los bancos y administración de sus fondos previsionales, de las clínicas, las carreteras y la inmensa mayoría de las fuentes productivas y energéticas.
El diagnóstico ya es archiconocido, aunque falta todavía mayor conciencia pública respecto de quienes son todos sus culpables. Tanto así que con las protestas, que se hicieron incontrolables para las policías, un conciliábulo político en el Parlamento en cosa de horas concordó una salida institucional que implicará un plebiscito en abril próximo y una asamblea constituyente que se ocupará de definir una nueva Carta Magna. Aunque se dispuso, con la concurrencia del oficialismo y la oposición, leoninos quórums para convenir cualquiera de sus acápites, en el ánimo que muchos “representantes del pueblo” tienen de que siga rigiéndonos la Constitución de Pinochet-Lagos.
La corrupción de políticos y empresarios nos ha enfrentado a las más repugnantes colusiones en desmedro de los consumidores, como las de aquellas cadenas de farmacias y laboratorios que por más de diez años todavía no sancionan los tribunales. Al tiempo que políticos de distinta procedencia negocian su impunidad con Impuestos Internos, fiscalías y jueces, después de haber promovido leyes a favor de la industria pesquera y otras actividades. Rendidos por mucho tiempo a sus sobornos a objeto de financiar las elecciones parlamentarias, presidenciales y edilicias. Además de enriquecerse personalmente.
La ilusión o la esperanza en una nueva institucionalidad han opacado lo esencial de la protesta nacional, mucho más interesada, por supuesto, en mejorar sus ingresos y pensiones, como en satisfacer sus derechos sociales. De allí que los grandes referentes del pueblo sean hoy las asociaciones civiles como No+AFP, NO+TAG, o las que exigen el fin de las isapres, subsidios para viviendas y la cancelación de las deudas educacionales. Además del auge que tienen las agrupaciones medioambientalistas, las que exigen los pendientes en materia de igualdad de género, los derechos de los pueblos autóctonos, entre otras múltiples aspiraciones. Es revelador que en las multitudinarias marchas sean las pancartas e himnos de estos sectores los que se manifiesten sin que bandera o proclama alguna de los partidos sea capaz de sumárseles sin ser abucheadas o funadas.
Cuando la violencia delictual e insensata apareció para empañar las protestas pacíficas surgió la excusa para reprimir criminalmente al pueblo, detener por miles a los manifestantes, torturarlos y abusar sexualmente a centenares de ellos; junto con descargar en las calles municiones y gases altamente tóxicos que le han hecho perder la vida y la visión a decenas de jóvenes. Reeditando, así, las peores páginas del terrorismo de estado y los más lapidarios informes internacionales respecto de las sistemáticas violaciones de los DDHH. Todo lo cual hace más vergonzoso, todavía, que Piñera se aferre del poder pero, lo más grave, que sectores de la clase política, que todavía se denominan de centro izquierda, estén operando activamente para retenerlo en La Moneda. Porque en ello radica su propio salvataje.
Algo inaudito si consideramos la batahola que se vive al interior de la derecha entre los que ceden, por ejemplo, a la demanda de una nueva Constitución y los que buscan que todo permanezca igual. Aunque unos y otros coinciden en que no se ceda un ápice respecto del régimen económico y social. Tanto así que algunos prominentes empresarios, con más visión que la de sus políticos al servicio, se han abierto a una reforma tributaria, a un impuesto a la riqueza y a otras iniciativas que procuren bajar la inquietante presión social. En contraste, curiosamente también, con demócrata cristianos, socialistas y socialdemócratas verdaderamente hechizados por el neoliberalismo rampante y que, por momentos, parecen más renuentes que la propia derecha a los cambios.
No hay duda que en todos estos existe la pretensión de establecer diferencia entre la administración de Piñera y la de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, los que no difieren en lo más mínimo respecto de la suerte de la gran mayoría de chilenos. Abusados, ciertamente, por el sistema y la represión que se viene ejerciendo por tantos años contra las justas luchas de los mapuches, las demandas de los pesqueros artesanales, las exigencias de los ecologistas, transportistas y, por cierto, de los estudiantes y profesores.
Pero con el fin del año, va quedando en evidencia que La Moneda como la clase política siguen renuentes a cumplir con la prometida agenda social. En medio del fervor popular en las calles, oficialismo y oposición han concordado el más mezquino reajuste salarial de los últimos tiempos el que, ni siquiera, alcanzará a compensar el alza del costo de la vida. Asimismo, las autoridades han declarado su oposición total a suprimir o rebajar las tarifas del sistema de peaje, junto con negarse a otorgar un aumento sustantivo a las pensiones de la tercera edad, tema que, según las encuestas, se ha constituido en la principal impetración de los chilenos.
La solución de La Moneda y el Congreso Nacional ha sido, otra vez, asignar algunos exiguos bonos de fin de año, rebajar “temporalmente” las dietas parlamentarias y apurar algunos juicios relativos a las colusiones que de todas maneras van a resultar en compensaciones ridículas para los defraudados, cuanto en sanciones mínimas para los infractores. Esto es, muy por debajo de los dividendos obtenidos por años de pactos secretos para fijar los precios de sus productos.
Contra las mentiras de la prensa servil y la represión, el país va concluyendo que debe mantener sus movilizaciones más allá de que se avance hacia una Constituyente. Que si bien es cierto que un nuevo orden institucional puede conducirnos a la larga a muchos cambios, los dueños de Chile y sus representantes en el Estado no tienen voluntad alguna de poner fin a sus prebendas y recuperar nuestra soberanía económica. En lo que se explica que los recursos del Estado, además de estos bonos, se estén destinando para reforzar a las policías y mantener satisfechas a las Fuerzas Armadas con ingentes recursos para reprimir al pueblo y seguir desfalcando el erario nacional. Cuando ya son contados con los dedos de las manos los oficiales que no se han enriquecido fraudulentamente con las desmedidas asignaciones presupuestarias que se les asignan. Mientras sus aviones, barcos, tanques y otros pertrechos caen en desuso por la ausencia de conflictos limítrofes, salvo cuando se les ordena entrar en guerra con su propio pueblo. O se los destina a otras naciones, como Haití, para abusar de sus habitantes, como consta ahora en una nueva denuncia internacional contra los “cascos azules” que integró a centenares de soldados chilenos. Como es el caso de una veintena de nuestros “valientes soldados” que abusaron y dejaron embarazadas a muchas mujeres sin asumir sus consecuencias.
El costo de esta rebelión es y será, sin duda, alto y desgastante. Sobre todo cuando en las calles la policía no cumple siquiera con los protocolos que les han dictado supuestamente desde el Poder Ejecutivo. Con lo que todos los días se elevan las cifras de la represión, el número de heridos, detenidos arbitrariamente y abusados bajo la impunidad de las comisarías.
Sin embargo, es necesario seguir luchando con más intensidad el próximo año para que Chile encuentre un nuevo destino en la justicia social y la dignidad de sus ciudadanos. El año nuevo que se nos avecina debe reforzar la convicción de que solo un gobierno del pueblo y para el pueblo puede alcanzar las soluciones demandadas en un país rico en recursos y reservas que les son usurpadas. En este sentido, quizás sea ineludible en algún momento recoger y hacer frente a la declaración de guerra que nos hizo a todos Sebastián Piñera. Marzo podría inaugurar una nueva etapa en la resistencia civil que se prolonga por casi tres meses.
En la certeza que nada puede ser más poderoso que un pueblo insurrecto. Para que “la dignidad, más que una Plaza, se haga costumbre” en nuestra convivencia política, social y cultural
No hay comentarios:
Publicar un comentario