Apuntan a abusos y humillaciones por parte de la policía argentina, especialmente contra mujeres, y calificaron las detenciones de arbitrarias e ilegales. El diputado Leopoldo Moreau anunció una denuncia internacional contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Exigiendo la liberación de todos los detenidos, diputados argentinos y representantes de organismos de derechos humanos, incluyendo Abuelas de Plaza de Mayo, condenaron el actuar policial—comandado por la ministra Patricia Bullrich—durante las manifestaciones contra la polémica “Ley Bases” del gobierno de Javier Milei.
El pasado miércoles, en una jornada de más de 12 horas, y mientras un fuerte contingente policial custodiaba las calles, el Senado argentino aprobó en general la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (nombre completo de la iniciativa).
La sesión fue tensa y prolongada, con miles de personas manifestándose en las inmediaciones del Parlamento en contra de las iniciativas gubernamentales, y en medio de gases lacrimógenos y carros lanzaaguas.
Se reportaron numerosos actos de vandalismo, incluyendo tres vehículos incendiados. Hubo 33 detenidos y varios heridos, entre ellos cinco diputados que fueron hospitalizados por el uso de gas pimienta.
En este contexto, según consignó Página 12, el diputado nacional Leopoldo Moreau (Unión por la Patria) anunció la presentación de una denuncia ante organismos internacionales contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La diputada Myriam Bregman detalló que “las mujeres estaban esposadas tiradas en un pasillo”, subrayando las condiciones “ilegales e inhumanas” de su detención. “Esto fue una orden de Patricia Bullrich, quien decidió venir a golpear y reprimir. Esto no se puede permitir”, agregó la legisladora del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).
Representantes de Amnistía Internacional y Abuelas de Plaza de Mayo se sumaron al repudio. Denunciaron que las acciones del gobierno y la justicia representan un ataque directo a los derechos fundamentales y a la libertad de expresión.
El diputado Moreau, por su parte, subrayó que el objetivo inmediato es “lograr la inmediata libertad de todos los detenidos”. Además, afirmó que después de lograr este objetivo, se enfocarán en responsabilizar a la ministra Patricia Bullrich por su rol en estos eventos.
“Es una mercenaria de la violencia de todos los gobiernos de derecha en Argentina”, declaró el parlamentario, acusándola de intentar consolidar un estado de excepción a través de un fallo judicial en complicidad con el fiscal Stornelli.
Moreau adelantó que presentarán denuncias ante organismos internacionales, incluyendo al alto comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el próximo martes.
En el ámbito judicial, la prensa local informa que la jueza federal María Servini indagó a los primeros 10 detenidos bajo jurisdicción federal, y se espera que este viernes resuelva sobre las solicitudes de liberación presentadas por las defensas. Los 23 detenidos restantes, bajo la justicia porteña, también serán indagados por Servini.
Las familias de los detenidos informaron que estos fueron trasladados a unidades del Sistema Penitenciario Federal en Marcos Paz y Ezeiza. La hermana de Santiago Adano, uno de los detenidos, describió a los medios su arresto como violento y su traslado sin notificación a la familia, calificando la situación como desesperante.
El fiscal Carlos Stornelli ha presentado acusaciones de “terrorismo” contra los detenidos, lo que el abogado Torres calificó como un “disparate jurídico”.
Gobierno de Milei defiende el operativo
El Gobierno de Argentina defendió el jueves el fuerte operativo de seguridad que implementó el miércoles para “proteger” el Senado mientras discutía la “Ley Bases”.
Las fuerzas de seguridad de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires “hicieron una tarea muy profesional; primero, cuidando el Congreso de manera ordenada y pacífica, y luego respondiendo con el mínimo uso de la fuerza, pero con firmeza y prudencia a los ataques que comenzaron a perpetrarse alrededor de las cinco de la tarde (20:00 GMT)”, declaró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Según Bullrich, los manifestantes fueron “totalmente preparados”, con cócteles molotov, clavos, ‘miguelitos’ (estrellas punzantes para detener la marcha de los vehículos) y elementos de fuego para quemar autos.
“Querían provocar que la ley no se votara”, indicó la ministra de Seguridad, quien recordó que un senador peronista solicitó que se levantara la sesión “por la represión” alrededor del Congreso, lo que fue rechazado por la presidenta de la Cámara Alta y vicepresidenta de la República, Victoria Villarruel.
El Ministerio de Seguridad está identificando a los “grupos violentos” que se manifestaron, entre los que Bullrich citó el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Movimiento de Cooperativas de Trabajo (MCT) y la organización Somos Barrios de Pie. Por el contrario, destacó que los sindicatos tradicionales, como la Confederación General del Trabajo (CGT), se retiraron del lugar antes de los incidentes.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, calificó de “escandaloso” el “nivel de violencia” que ejercieron esos grupos en los alrededores del Congreso.
Según dijo Francos a radio Mitre, esos grupos son “movilizaciones incitadas por la violencia que generan las posiciones extremas e intransigentes de parte de sectores del kirchnerismo”, en referencia a los dirigentes peronistas seguidores de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
“Quienes esperan que se pueda generar un golpe institucional (…) van a tener que esperar sentados, porque no va a pasar”, recalcó el jefe de Gabinete quien destacó “la vocación, la valentía y la convicción con la que se expresa” el presidente Javier Milei.
“No va a ser fácil por más minoría parlamentaria” en la que esté la formación oficialista La Libertad Avanza “voltear a un Gobierno democrático”, enfatizó.
Cabe mencionar que Javier Milei se encuentra en la cumbre del G7 que se celebra en la región meridional italiana de Apulia. Se juntó con el mandatario estadounidense Joe Biden, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.
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