PAÍSFotografías: Cristian Ascencio
En el norte de Chile hay pueblos que tienen más votantes que pobladores. Sus municipios se caracterizan por sus recursos millonarios, pero el despilfarro y la administración deficiente se repiten en la mayoría de estas comunas. Este reportaje es una colaboración entre El Mostrador y Connectas.
La municipalidad más rica del norte de Chile es Ollagüe. Tiene tanto dinero que cada uno de sus habitantes, incluidos los niños, tendría un sueldo mensual de más de $1.800.000 si se repartiera el presupuesto municipal entre ellos. Uno se podría imaginar que, con ese dinero, Ollagüe es una moderna villa modelo… pero no.
Este poblado, que se puede caminar de extremo a extremo en 10 minutos, cuenta con una pequeña posta, una escuelita rural, casas de adobe y una llamativa sede social con forma de quirquincho (un armadillo andino). Muchas de las casas están desocupadas. Es que el dinero ni siquiera ha servido para retener a la población. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, cada vez hay menos habitantes: en 2002 se contaban 318 personas, mientras que en 2024 la proyección es que solo quedan 269.
Lo de Ollagüe no es un caso único: los municipios extremos de la zona norte de Chile se caracterizan por su billetera abultada y escasa población. Según dirigentes sociales y pobladores, las municipalidades se han transformado en feudos, con administración deficiente. Todo ello está, además, “profundamente unido al acarreo electoral”, señalan los mismos vecinos. Y es que en todas estas comunas hay autoridades elegidas gracias a esta práctica, que en la ley chilena es un delito.
Para este reportaje se leyeron informes de Contraloría, se pidió información vía Ley de Transparencia y se revisaron sentencias judiciales de ocho comunas del norte de Chile que tienen más votantes que habitantes: Putre, General Lagos, Camarones, Camiña, Huara, Colchane, Ollagüe y Sierra Gorda.
En cada una de estas comunas el presupuesto municipal per cápita supera los $2.740.000 anuales, llegando a los $22.600.000 en la comuna de Ollagüe. Como comparación, en el municipio de Antofagasta –capital de la región en la que están dos de las comunas investigadas para este reporte–, el presupuesto municipal anual per cápita en 2023 solo fue de $420 mil.
Los datos muestran que los altos recursos no han significado una mejora de la calidad de vida. De hecho, en siete de las ocho comunas revisadas, los índices de pobreza por ingreso son superiores a la media nacional. En los casos de Camarones, General Lagos, Camiña, Colchane y Huara, doblan o triplican la tasa nacional (que es 6,5%). Además, hay pueblos como Colchane donde a más del 80% de los hogares le falta algún servicio básico, según la encuesta Casen.
“Acá sabemos que hay harta plata, pero no se nota”, dice la ollagüina Elizabeth Urrelo. Agrega que aún hay gente que no tiene baños en sus casas, que muchas viviendas están en mal estado y que el alcantarillado del pueblo está colapsado. “¿Siente el olor en las calles?, es por el problema que tenemos con la alcantarilla, pero las prioridades de la municipalidad están en otros temas”. En Ollagüe los vecinos explican que nunca en su historia han podido elegir a un alcalde que realmente sea habitante de su pueblo.
La maldición del acarreo
Para los habitantes de estas comunas del norte chileno, el malgasto de los recursos municipales está relacionado con el acarreo electoral. Angélica Tito, dirigente vecinal de Huara, explica que “de los actuales concejales, solo tres son habitantes de la comuna. Eso genera que las prioridades que ellos tienen, no coincidan con las de los huarinos. Los que vienen a votar desde afuera hacen un tremendo daño, porque ellos se van, pero somos nosotros los que nos quedamos viviendo acá”.
“En las elecciones vemos buses que vienen con votantes desde Alto Hospicio, de Iquique, de Arica… Nuestras prioridades están en que mejore la salud y la educación en Huara, pero si otros votan por nosotros, es difícil que las autoridades se enfoquen en lo que los huarinos necesitamos”, dice Manuel Pereira, presidente de un club de adultos mayores.
En 2016 militares que custodiaban la elección detuvieron a votantes que reconocieron que no tenían vínculo con esa comuna. Algunos de los acarreados explicaron que eran estudiantes en el Instituto Santo Tomás de Iquique y que su profesor, José Bartolo, les había pedido que se inscribieran en Huara para votar por él.
Bartolo terminó ganando la elección de ese año por sorteo, ya que empató en votos con su principal rival. Cuatro años después fue formalizado por acarreo. El informe policial 917, realizado por la Policía de Investigaciones para esta causa, tiene los testimonios de 12 electores acarreados. Según este informe, Bartolo y un candidato a concejal, Esteban Araya, actuaron coordinados para el acarreo e incluso Bartolo proporcionó una dirección falsa para que sus estudiantes se inscribieran: “Panamericana sin número”. El caso se cerró luego de un acuerdo con la Fiscalía (suspensión condicional), mediante el cual Bartolo se comprometió a realizar un video explicándole a la comunidad que solo pueden votar en Huara quienes vivan o trabajen en esa comuna.
La ley chilena establece la inhabilitación perpetua para el desempeño de cargos públicos “al que incite, promueva, solicite u organice a los electores, a modificar su domicilio electoral, declarando uno nuevo con datos falsos o diferentes de los permitidos”. Pero el acuerdo con la Fiscalía, a pesar de la oposición de un querellante (el exdiputado Hugo Gutiérrez), le permitió a Bartolo seguir como alcalde, puesto en el que permanece actualmente.
En la comuna de Sierra Gorda, en tanto, se han abierto 259 causas desde 2004, pero ningún político ha sido sancionado. El año 2016 la Fiscalía llevó a juicio simplificado a 181 personas que se inscribieron para votar en ese municipio, a pesar de no vivir ahí. Estos fueron descubiertos porque estaban anotados en direcciones inexistentes, en bodegas abandonadas o porque había grupos que dieron como dirección la misma casa. Por ejemplo, en el domicilio “Jaime Guzmán 120” había 83 personas inscritas.
Ciento setenta y seis investigados admitieron responsabilidad: se les ordenó no votar en Sierra Gorda y sus casos fueron cerrados. El fiscal que realizó esta investigación, Cristian Aguilar, sostiene que en las investigaciones no se pudo corroborar quiénes los acarrearon y si estos les ofrecieron sobornos, por lo que ningún candidato fue llevado a juicio. “Se investigaron los hechos denunciados por el Servicio Electoral (Servel), pero no se pudo determinar otras personas involucradas”, afirma para este reportaje.
En la comuna de Colchane se dio algo similar respecto a los domicilios con inscripciones masivas. En la dirección “Calle Colchane sin número” había 191 personas inscritas. Después de una visita en terreno, el Servel presentó una querella contra 656 personas.
La mayoría de los querellados eran de la ciudad de Arica, donde la Fiscalía, en 2021, decidió no perseverar en la causa porque, de acuerdo con un documento enviado al Tribunal de Garantía por el fiscal adjunto de Arica, Carlos Eltit, durante la investigación no se reunieron antecedentes suficientes. Según los documentos judiciales revisados para este reportaje, recién después de dos años de haber sido presentada, la querella fue asignada al fiscal Eltit.
Para esta investigación periodística se enviaron preguntas a la Contraloría, al Servicio Electoral, y a las Fiscalías de las regiones de Arica y Tarapacá, pero no hubo respuesta.
Millas viajeras con fondos públicos
Otros de los problemas frecuentes denunciados por los vecinos de estas comunas son los numerosos viajes que realizan sus autoridades. Desde 2016 se vienen realizando auditorías y procesos judiciales contra esta práctica, pero no se han detenido. En Camiña, cuatro de los seis concejales, según la información revisada en InfoLobby (plataforma de acceso a la información pública), viajaron a cuatro destinos de Sudamérica en 2022. El costo en pasajes y viáticos fue de 12.200.000 pesos por cada concejal. Ese dinero equivale a seis meses de sueldo bruto de un profesor en esa misma comuna.
“Con los viajes compran a los concejales para que no fiscalicen”, asegura Miguel Aballay, dirigente del Comando de Defensa de Camiña, una agrupación ciudadana. En esa comuna, ya en 2019 la Contraloría había advertido irregularidades en los viajes de los concejales. Por ejemplo, en una pasantía de dirigencia deportiva en Cusco, según el informe, los ediles realizaron actividades de turismo.
El Colchane en abril de 2023 el alcalde Javier García viajó a República Dominicana, junto a seis concejales y otros dos funcionarios, por una semana, a una capacitación sobre turismo, patrimonio cultural y medioambiente. Cuatro meses antes había viajado a la cumbre Democracia y Desarrollo en Miami. Según la página web de los organizadores de esa cumbre, gran parte de los expositores eran asesores electorales. El 2022 además registró dos viajes a Iquitos, Perú. Uno para asistir a una capacitación en turismo rural y otro de seis días para una fiesta patronal.
García también acompañó al club de fútbol femenino del poblado de Villablanca a un campeonato en Coihueco, a 2.384 kilómetros de distancia. Según su itinerario (el que fue solicitado para este reportaje vía Transparencia), la mayoría de las actividades consistieron en turismo y gastronomía. Se enviaron preguntas al alcalde de Colchane sobre la pertinencia de estos viajes, pero su respuesta fue que el municipio ya había respondido sobre esto en los documentos que se les solicitó vía Transparencia.
En la comuna de Camarones, hay una causa judicial que no ha finalizado y otra civil que terminó en un beneficioso arreglo… para el acusado. La historia se remonta a 2018, año en que un informe de Contraloría ubicó a Camarones como la comuna con más viajes al extranjero por parte de sus concejales. Contraloría inició una investigación, al igual que la Fiscalía, y hubo querella del Consejo de Defensa del Estado. Se descubrió que los viajes habían sido vendidos al municipio por Víctor Altina, hermano del concejal Gabriel Altina.
Ocho años después solo una persona está pagando por estos hechos. Se trata del edil Gabriel Altina, quien se comprometió a devolver 62 millones de pesos al municipio, pero en 2.087 cuotas mensuales de $30 mil. Terminará de pagar en 174 años. La deuda total hacia el municipio de todos los concejales es de más de 230 millones de pesos, pero solo Altina tiene un acuerdo para devolver su parte. No fue posible ubicarlo para esta investigación.
En la comuna de Sierra Gorda, ubicada en medio del desierto de Atacama, buena parte de los condenados a pagar por viajes injustificados al extranjero simplemente no han devuelto el dinero. “Wladimir Fernández y Carlos Sepúlveda son dos concejales en ejercicio que no han devuelto los fondos, a pesar de la sentencia judicial”, dice Manuel Ramírez, querellante en este caso.
Se les consultó a ambos si tienen intención de regresar los montos. Sepúlveda sostuvo que quiere hacerlo, pero está consultando al Juzgado de Cuentas si puede hacer un convenio de pago, “ya que no todos tenemos la misma capacidad financiera”. En tanto, Fernández no contestó.
Hay también un exconcejal que se fue del cargo sin reintegrar el dinero. Se trata de Jorge Morbach, quien actualmente es precandidato a alcalde por Sierra Gorda. Se le enviaron preguntas sobre si tiene intención de reintegrar los fondos, pero no contestó.
“La corrupción va avanzando donde es más fácil esconderla”, afirma Juan José Lyon, director de América Transparente. Esta ONG ha detectado que los municipios están entre las instituciones con más áreas grises.
“Vamos a seguir viendo casos así, mientras no tengamos mayor fiscalización interna en los municipios y contrapesos efectivos. Además, debemos dotar de mayor capacidad a la Contraloría”, sostiene Lyon, y agrega que de alrededor de 50 mil denuncias que recibe la Contraloría al año, solo logra procesar unas 1.600.
De hecho, en la revisión efectuada para este reportaje a los informes de Contraloría se advierte que las deficiencias de control, gastos no acreditados o desorden contable, son constantes. “Cada dinero público debe tener un destino público, debe haber más gente mirando y mejor fiscalización. Si eso no cambia, vamos a seguir viendo lo mismo”, sentencia Lyon.
Para revisar el reportaje completo, se puede visitar el micrositio de Connectas, en este enlace.
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