Los trabajadores del Poder Judicial solicitaron a la Corte Suprema que inicie un sumario administrativo, se investigue a los responsables y se apliquen las más altas sanciones.
Los integrantes de la Organización de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial (OTJ) solicitan la expulsión de los funcionaros responsables de tráfico de influencia.
Esto tras el escándalo que generó el reportaje de CIPER que reveló los chats de WhatsApp del exjuez Juan Poblete, en los que se puede apreciar un intento de lobby con el exministro de Defensa, Mario Desbordes (RN), para que su amiga María Teresa Letelier se convirtiera en ministra de la Corte Suprema.
En las conversaciones sacadas a la luz por el medio citado, Poblete, quien es investigado por haber autorizado el espionaje al periodista Mauricio Weibel y a militares que denunciaron corrupción y abusos al interior del Ejército, le presenta el nombre de María Teresa Letelier al actual candidato a alcalde por Santiag , definiéndola como una mujer de centroderecha, “muy dispuesta a trabajar y a ayudar”.
La fiscalía tuvo acceso a más de 1.500 conversaciones de WhatsApp de Poblete, luego de su celular fuera incautado en abril de 2023, como parte de la investigación por interceptación ilícita de comunicaciones.
Según los antecedentes, la conversación con Desbordes se produjo antes del 26 de mayo de 2021, cuando el Senado aprobó por unanimidad el nombre de Letelier como la nueva ministra de la Corte Suprema tras la muerte de Carlos Aránguiz.
El extitular de defensa reconoció a CIPER que conoció al entonces juez Poblete en 2018 o 2019 cuando expuso ante la Cámara de Diputados respecto a los procesos de intercepción telefónica autorizados por el Poder Judicial. Sin embargo indicó no recordar haber hecho gestiones en el proceso de postulación de la ministra Letelier.
«Decimos basta a la corrupción en el Poder Judicial»
A raíz de escándalo generado por el reportaje, los trabajadores emitieron un comunicado para decir «basta a la corrupción en el Poder Judicial»
En el texto señalaron que en reportaje titulado “Los chats del juez que autorizó espionaje militar: lobby para nombrar a una ministra de la Suprema involucró a Mario Desbordes», reveló que nombramiento de Letelier, habría sido fruto de las gestiones y ayuda «del ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, hoy en prisión preventiva Juan Poblete, en coordinación con el candidato a alcalde don Mario Desbordes y donde aparece nombrado nuevamente el ministro de Santiago Antonio Ulloa».
Asimismo, hicieron mención al segundo reportaje publicado por CIPER: “Los Chats del exjuez Poblete revelan como Ministros de la Suprema piden votos para nombrar notarios; Notario Francisco Leiva le filtro a Poblete parte del cuaderno de remoción que se abrió en su contra”.
Los trabajadores recordaron que el Código Iberoamericano de Ética Judicial, advierte en su artículo 3° que «el juez, con sus actitudes y comportamientos, debe poner de manifiesto que no recibe influencias -directas o indirectas- de ningún otro poder público o privado, bien sea externo o interno al orden judicial», y por tal motivo plantearon que las conversaciones entre Letelier, Poblete y Desbordes, «son gravísimas, resultan inaceptables y dan cuenta de un actuar reñido con la mínima ética a la que están obligados todos los integrantes del Poder Judicial y en especial cargos tan relevantes como Ministros de Corte Apelaciones y de la Corte Suprema».
«Especialmente graves y dañinas resultan las expresiones del ex ministro Poblete quien con una liviandad da a entender que los cargos mas importante del Poder Judicial no son por mérito o a través de la carrera funcionaria, sino que más bien a trafico de influencia y un color político determinado», indicaron en el comunicado.
Señalaron que en el segundo reportaje quedó en evidencia que este tráfico de influencias atentó contra el sumario que se llevaba en contra de Poblete, ya que se filtraron informes de carácter reservados «con el afán de anticipar su salida vía renuncia y no lo removieran del poder judicial, que por lo antecedentes así debió ser, sumado al tráfico de influencias para el nombramiento de notarios».
Ante este escenario, solicitaron a la Corte Suprema, que inicie a la brevedad un sumario administrativo para dilucidar la responsabilidad funcionaria y que «se investigue a los responsables y se aplique las más altas sanciones de nuestro ordenamiento jurídico, llegando si así lo determina el sumario y de acuerdo a la gravedad de los hechos a la expulsión del Poder Judicial a los funcionarios responsables».
También pidieron que como medida cautelar mínima, «se suspenda de manera inmediata de sus funciones» a los ministros que fueron nombrados en los reportajes de CIPER.
Otra de las peticiones es que el secretario de máximo tribunal confirme si se abrió o no una investigación sumaria en contra del ministro Jean Pierre Matus «al tenor del anterior reportaje de CIPER en relación al caso Hermosilla y que se certifique por el mismo ministro de fe si se abrió o no investigación en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa por sus dichos en el mismo reportaje y que fuera solicitado expresamente por esta organización de trabajadoras y trabajadores del poder judicial».
Los trabajadores también insistieron en la urgente necesidad de que la Suprema convoque a una mesa técnica a Universidades, Asociaciones del Poder Judicial, Colegio de Abogados, entre otros actores, «para que se discutan propuestas de cambio al Poder Judicial en materia de nombramiento y carrera funcionaria y que ayuden a inhibir este tipo de comportamientos que afectan la integridad judicial, la ética de jueces y juezas, abriendo con ello con camino para devolver la confianza de la ciudadanía en la Justicial».
Para cerrar, en el comunicado solicitaron al Poder Ejecutivo y Legislativo que den suma urgencia al proyecto de ley que crea el Consejo de la Judicatura, para que esta instancia represente a toda la sociedad chilena en el nombramiento de las y los jueces y funcionarios y se pueda poner fin al «tráfico de influencias que no es más que una corrupción encubierta al interior de los tribunales de justicia»
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