PAÍSFoto: Leonardo Rubilar/AgenciaUNOAcusando que “actuaron de forma ilegal”, el exministro inició acciones legales tras la querella en su contra por el caso de “lobby judicial” que lo salpica. Desbordes pidió incautar el audio de la sesión del INDH y citar a declarar a la fiscal Chong, sugiriendo una posible injerencia de la Fiscalía.
El pasado 11 de junio, el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) decidió tomar acciones legales en contra de la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, y el exministro de Defensa del gobierno de Piñera y actual candidato a alcalde por Santiago, Mario Desbordes (RN), debido a la reciente filtración de conversaciones de WhatsApp con el cuestionado exjuez Juan Antonio Poblete, donde se acuerdan gestiones en favor de la magistrada.
La decisión del INDH de querellarse responde a la necesidad de esclarecer actos de corrupción y tráfico de influencias en el Poder Judicial, como parte del llamado “lobby judicial”, donde también figura el exsupremo Lamberto Cisternas y su hijo el abogado y dirigente de Renovación Nacional, Gonzalo Cisternas Sobarzo.
Cabe mencionar que un reportaje de Ciper reveló las conversaciones entre Desbordes y Poblete, en las cuales este último le solicitaba apoyo político para la candidatura de Letelier a la Corte Suprema. Estas conversaciones son la base de la querella del INDH, que aunque no nombra directamente a Desbordes, lo menciona 30 veces, según su propio testimonio.
El documento de Desbordes, patrocinado por el abogado Agustín Mardones (excarabinero, al igual que el exministro) y consignado por La Tercera, solicita la incautación del audio de la sesión del INDH donde se acordó la presentación de la querella, sugiriendo una posible injerencia de la Fiscalía en dicha determinación. Además, se pide citar a declarar a Ximena Chong, jefa de Alta Complejidad Centro Norte, y a Jaime Retamal, fiscal del caso de espionaje telefónico del Ejército “Operación Topógrafo”.
“No hay ningún delito, ninguna infracción”
El actual postulante a la Municipalidad de Santiago —actualmente dirigida por Irací Hassler (PC)—ha sostenido en diversas entrevistas que esta acción del INDH es una “operación política” destinada a perjudicar su candidatura a la alcaldía capitalina y favorecer la reelección de Hassler. En su querella, argumenta que el INDH “no tiene legitimidad activa para presentar una querella criminal y que su Consejo no tiene la prerrogativa de resolver dicha presentación sin estar legitimados”.
“El delito de tráfico de influencias en nada se vincula con la función encomendada al INDH”, señala Desbordes en el documento. Asegura que la querella es una persecución penal injustificada y que lo apunta directamente como partícipe de las conversaciones reveladas por Ciper, constituyendo—a su juicio—una infracción a sus derechos y una maniobra con fines políticos.
“No hay ningún delito, ninguna infracción. Yo no tenía ningún cargo de autoridad y la gestión política que se me plantea en su minuto es una gestión normal cuando llegan propuestas del Ejecutivo al Congreso. No hay ninguna otra intervención, así como varios líderes políticos ya han señalado”, afirma en la querella.
Desbordes también ha criticado duramente al Ministerio Público, acusando a la Fiscalía de no actuar con objetividad y adelantando que podría iniciar acciones legales contra la fiscal Chong. Reiteró que las conversaciones con Poblete no constituyen ningún delito y que la gestión política planteada era una práctica normal en el contexto legislativo.
El 5 de junio, el exministro emitió una declaración pública negando toda ilegalidad en su diálogo con el cuestionado exjuez. Afirmó que intervino solo antes de la votación en el Senado, pero los chats publicados muestran todo lo contrario.
El libelo de Desbordes solicita diversas diligencias, esperando que se concreten, y confía en la defensa liderada por Mardones, quien en abril de 2020 logró la revocación del arresto domiciliario total a carabineros implicados en torturas durante el estallido de octubre de 2019.
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