Hotel Villa Baviera | Wikimedia CommonsLas declaraciones de Gabriel Boric sobre Villa Baviera se unen a las políticas de búsqueda permanente de los detenidos desaparecidos del año pasado, anticipando una política progresiva, pausada, pero coherente con los principios programáticos del gobierno en derechos humanos.
Han pasado algunos meses desde la conmemoración de los cincuenta años del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Sin embargo, las políticas de memoria y derechos humanos referidas a ese pasado trágico, que estuvieron latentes durante 2023, parecían haber quedado en pausa en lo que llevamos de 2024.
Por ende, lo anunciado por el Presidente Gabriel Boric durante la última Cuenta Pública, sobre derechos humanos y memoria histórica, pone de manifiesto un estado de particular inmanencia de conflictos ligados a nuestro pasado reciente.
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En función de ello, se anunció la expropiación de los terrenos de Colonia Dignidad, así como los avances respecto al Plan Nacional de Búsqueda y Justicia para Detenidos Desaparecidos durante el régimen militar.
Esto significa la renovación de políticas públicas para recuperar y resolver las preguntas que aún tenemos sobre cómo procesar los eventos y los hechos ocurridos en Villa Baviera, sin que pasen al olvido por la ausencia de una marca física que construya un archivo de las memorias de la dictadura y una resignificación de espacios ligados a la tortura y detención forzada.
Este asentamiento fue fundado en 1961 por Paul Schäfer como una comunidad de colonos que contaron con facilidades por parte del Estado chileno para la instalación de un espacio autónomo, en el que desarrollaron sus propias normas de convivencia y socialización.
Años más tarde, este lugar fue utilizado durante la dictadura militar de Augusto Pinochet como centro de tortura, detención y desaparición de personas que fueron parte de la oposición al régimen. Este espacio también ha sido reconocido por los abusos y violaciones sexuales a menores de edad que se llevaron a cabo al interior de la población, que estaba bajo la autoridad del jerarca de la comunidad.
Representa uno de los hitos más complejos de nuestra historia reciente, porque dejó al descubierto una comunidad que funcionaba al interior del Estado chileno de manera autónoma y en total impunidad, a pesar de las denuncias ante organismos de derechos humanos en nuestro país y en el extranjero.
Esto constituye, además, un problema de violaciones a los derechos humanos binacional con Alemania, por la existencia de ciudadanos de ese país como parte de las víctimas de torturas, desapariciones y abusos sexuales por parte de los líderes de Villa Baviera.
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Una vez comprobadas las denuncias y capturado el principal responsable de los abusos denunciados en contra de la comunidad de colonos, Villa Baviera permaneció hasta la actualidad como un atractivo turístico, donde su pasado quedó sepultado por la negación de aquellos que pretenden borrar esa parte de nuestra historia.
Es por esto que el presidente Boric mencionó esta política de expropiación de estos terrenos como una forma de reparar y dar solución concreta al uso de un espacio que, a pesar de sus intentos de resignificación y blanqueamiento de su pasado, sigue siendo un incómodo enclave de violaciones de derechos humanos y abusos para chilenos y alemanes.
Era necesario dar una señal clara sobre el destino de estos terrenos en la resolución de los nudos de memoria que Villa Baviera implica en la región del Maule, en nuestro país en general y con un país con el que tenemos lazos históricos de larga data como Alemania.
En este sentido, y ampliando el significado de esta medida hacia otros ámbitos de nuestras cuentas pendientes con las políticas de reparación en derechos humanos, el presidente expresó que “no podemos descansar mientras sigan habiendo detenidos desaparecidos en Chile”, conectándolo con la creación del Plan Nacional de Búsqueda y Justicia para Detenidos Desaparecidos presentado en la Cuenta Pública del año 2023.
En este plan el Estado asume de manera explícita una política para esclarecer las circunstancias de desaparición y muerte de las víctimas de la desaparición forzada durante los diecisiete años del régimen militar. Según la Subsecretaría de Derechos Humanos, hasta el 30 de agosto del año anterior, el número de personas ubicadas y entregadas a los familiares es de 307 personas.
No obstante, aquel plan comenzó sus operaciones a partir de enero de este año, por lo que se espera que para finales de 2024 podamos conocer más información sobre el avance de estas gestiones y evaluar si esta política ayuda a la reparación y judicialización de casos pendientes en materia de violaciones a los derechos humanos bajo dictadura.
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Por ende, las declaraciones de Gabriel Boric sobre Villa Baviera se unen a las políticas de búsqueda permanente de los detenidos desaparecidos del año pasado, anticipando una política progresiva, pausada, pero coherente con los principios programáticos del gobierno en derechos humanos.
No son anuncios de última hora ni sorpresas en estas materias, sino compromisos que se están cumpliendo dentro del marco temporal y de posibilidades que los convulsionados años post-estallido y procesos constitucionales han permitido a esta administración.
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