Subido: por: Marcos Rodriguez.
Santiago,
19 de mayo de 2016
Excelentísima
Corte Suprema de Justicia
Presente
Nos
dirigimos a ustedes para manifestar nuestra preocupación por las recientes
señales que ha entregado el Poder Judicial en la línea de favorecer la entrega
del beneficio de la libertad condicional a violadores de derechos humanos que
cumplen condenas en el Penal de Punta Peuco. Nos referimos específicamente a
las nuevas diligencias solicitadas por la Tercera Sala de la Corte de
Apelaciones de Santiago, instancia que ha desestimado los informes
profesionales de Gendarmería de Chile, los cuales recomiendan -basados en
criterios objetivos- no otorgar el beneficio de la libertad vigilada a tres
internos que cumplen penas por violaciones a los derechos humanos.
Chile
ha avanzado lentamente por un camino lleno de dificultades para encontrarse con
su verdad y hacer justicia respecto a los crímenes de lesa humanidad que, desde
el 11 de septiembre de 1973 y durante 17 años, constituyeron una política de
Estado cuyas heridas permanecen en nuestra sociedad.
El
hecho de que a casi 26 años del retorno a la democracia aún no conozcamos la
verdad sobre lo ocurrido con nuestros familiares, se debe en gran medida a la
complicidad de los violadores de derechos humanos. Es esa operación de
encubrimiento institucionalizada la que nos ha impedido hacer justicia y que ha
generado que los pocos condenados por estas causas ingresen a cumplir sus penas
a tan avanzada edad.
La
deuda es grande y persiste por la indolencia de un Estado que no ha tenido la
fortaleza de actuar con decisión, de desenterrar archivos, de educar y de
instalar una política permanente para avanzar en el esclarecimiento de los
crímenes y en la construcción de una memoria basada en la verdad, la justicia y
la reparación.
Lo que
hoy se discute en los Tribunales no es sólo la libertad condicional de unos
cuantos criminales; lo que está en juego es qué señal queremos entregar a
nuestro país y qué queremos dejar para la memoria colectiva. La justicia y la
verdad son las únicas garantías que podemos entregar para que estos crímenes de
lesa humanidad no se vuelvan a repetir nunca más en nuestra historia. Una
justicia que ha tardado en llegar y que, cuando lo ha hecho, ha sido en la
medida de lo posible, en cárceles especiales y con condenas que no se condicen
con el horror de crímenes que dañan a tantos seres humanos y a sociedades
enteras de manera indeleble.
En
esto el Poder Judicial tiene la principal responsabilidad. La gravedad de estos
crímenes ofenden a toda la humanidad y, por tanto, resulta impresentable la
benevolencia de las condenas impuestas por los Tribunales en todos estos años
de transición, a lo que hoy se suma la vergonzosa decisión de la Tercera Sala
de la Corte Suprema de evaluar la libertad de estos criminales de lesa
humanidad como si se tratara de delincuentes comunes. Esta acción nos hace
recordar el actuar de los Tribunales de Justicia en los oscuros años de la
dictadura cívico militar.
No
basta con que el Poder Judicial haya pedido perdón, en 2013, por la
responsabilidad directa que tuvo en los crímenes de ayer. Es necesario que las
señales que hoy entregan los Tribunales de Justicia se condigan con el respeto
irrestricto a los derechos humanos de todos y de todas, que busquen avanzar con
decisión hacia el nunca más.
-
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos - Santiago
-
Agrupacion de Familiares de Ejecutados Políticos - Santiago
-
Agrupaciones de Familiares de detenidos
Desaparecidos y Ejecutados Políticos de
-
Iquique – Copiapo – Antofagasta - La Serena – Valparaiso – Talca - Linares – Parral - Chillan - Osorno – Mulchen –
Concepción – Valdivia – Puerto Montt – Los Angeles.
-
Comisión Chilena de Derechos Humanos
-
Corporación Villa Grimaldi
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