23/05/2016 |
Por Nicolás Borcoski
En una polémica decisión, los magistrados hicieron un duro cuestionamiento al organismo a cargo de Punta Peuco y ordenaron nuevos informes al Servicio Médico Legal sobre tres reos procesados por tres causas emblemáticas de violaciones a los derechos humanos.
La Corte Suprema dio un giro en las causas de derechos humanos. La instancia hizo un duro cuestionamiento a la elaboración de informes de conducta entregados por parte de funcionarios de Gendarmería sobre tres reos del penal Punta Peuco.
Se trata de Alex Ambler Hinojosa, capitán (r) condenado a siete años de presidio por el asesinato de los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo; Claudio Salazar Fuentes, ex carabinero sentenciado a presidio perpetuo por el homicidio de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino; y a Conrado Sesnic Guerricabeitia, el ex funcionario de la Armada condenado a cinco años por el secuestro calificado del militante MIR, Rudy Cárcamo.
Esto dio paso a que se acogieran recursos de protección contra los exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos y que ordenara a la municipalidad de Colina y al Servicio Médico Legal realizar nuevos informes sobre los presos. Sus resultados podrían dar paso a su liberación.
El fin de esto es buscar si los hombres que superan los 74 años, están en condiciones de cumplir dignamente sus penas, considerando su situación de salud física. Para algunos, podría ser, incluso, una "inmunidad biólogica".
El director del SML, Patricio Bustos, estará en la cabeza de la elaboración de los nuevos informes. Paradójicamente, el trabajo del servicio será el que decidirá el destino de los hombres a cargo de crímenes de la dictadura, la misma que lo apresó durante el régimen militar. Bustos fue un preso político.
¿Qué tiene que decir el SML sobre esto, por qué no confiar en los informes de gendarmería?
Separaría varios aspectos. Primero, el Servicio Médico Legal por mandato legal debe cumplir rigurosamente las órdenes judiciales. Segundo, así como cumple, el Estado debe cumplir la normativa internacional respecto a las materias del ámbito de los tratados suscritos. Obviamente, nosotros trabajamos con otras instituciones del Estado, incluyendo Gendarmería, y entendemos que están todas las instituciones públicas sometidas al escrutinio ciudadano, público y de la sociedad a la que nos debemos. Obviamente esto significa reconocer eventuales problemas que tuviéramos en nuestro servicio y corregir aquellos aspectos que tengan cuestionamiento y que requieran mejora.
Pero deja en el entredicho lo que se ha hecho hasta ahora.
Eso no significa quitarle atribuciones a los organismos competentes, sino que uno tiene problemas como el SML en su historia, no me refiero a Gendarmería, obviamente que los problemas hay que superarlos y que no vuelvan a ocurrir. Esto no significa quitarles competencia a organismos que por ley tienen que cumplir determinados roles.
En el caso de Gendarmería, obviamente que se pueden devolver los procesos, pero no quitarle atribuciones, sino que superar los problemas.
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| Patricio Bustos: "wsto no es un tema de venganza ni de ensañamiento" |
El SML tiene que hacer estas pesquisas sobre reos mayores en Punta Peuco condenados por violaciones a los derechos humanos ¿Qué tan riesgoso es que quienes no han colaborado con la justicia, libren del castigo solo por su edad?
La reinserción social pasa por algunos aspectos propios de la disponibilidad de las personas que optan por este beneficio, que significan penas alternativas. Los que optan a ella, tienen que demostrar el arrepentimiento sobre lo que han hecho. Es un aspecto importantísimo. Segundo, la colaboración con aquellas causas y proceso dolorosos como el ocultamiento de personas asesinadas, detenidos desaparecidos.
Es una política de Estado, de gobierno y es correcto que la sociedad se implemente. Así mismo, tienen que haber reglas claras y fundamentadas, no solo en lo valórico, sino que en lo que pueda significar que personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad, que no hayan demostrado arrepentimiento y que contrario a la colaboración, hayan participado en el encubrimiento, obviamente son consideraciones éticas y morales, sino que prácticas sobre su evaluación.
¿Pero se puede llegar con esto a una inmunidad biológica? Podrían salir de prisión solo por la edad...
La evaluación sobre personas gravemente enfermas o con enfermedades terminales es otro tipo de situación, no tiene que ver con reinserción ni beneficios sobre personas privadas de libertad para optar a penas alternativas. En el caso de Chile, puede darse y se ha dado que personas que cometen graves crímenes no han sido juzgadas a tiempo y fallecen con culpabilidad demostrada y sin que hayan pagado con penas de reclusión.
Esto no es un tema de venganza ni de ensañamiento. Es de justicia que tiene que cumplir en todos los casos y aspectos: la responsabilidad personal y si el país ha estado a la altura para llegar a la justicia en todos los casos.
¿Chile está a la altura?
Todas las instituciones del Estado hemos intentado recuperar todo lo que fue el desmantelamiento que sufrimos para ejercer nuestras funciones durante la dictadura cívico-militar y eso significa que los familiares, con legítimo derecho, reclamen justicia tras 40 años y que el Estado debe responder.
Obviamente que con deudas pendientes, el Estado tiene que responder no solo con autocritica de informes de verdad y reconciliación. Sino que poniendo recursos en todas las instituciones, no solo el SML, sino que a las fuerzas policiales y ministros de dedicación exclusiva para saldar estas deudas con toda la sociedad chilena.
Usted mismo tiene un pasado ligado a esto, cómo le afecta en lo personal situaciones como esta
No estoy a la cabeza del SML por haber sido un preso político. Definitivamente, no tengo un sesgo particular por el hecho de haber estado preso como tantos chilenos. Esto lo he demostrado en la práctica de tener un servicio profesional que sea absolutamente imparcial en las pericias, que sea neutral sobre lo que se nos pida y aseguro que los ciudadanos que hacemos parte del Servicio Médico Legal, condenamos las violaciones a los derechos humanos.
Durante más de nueve años he sido garante durante gobiernos de distintos colores, que el rol imparcial del servicio se cumpla.
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