MARTES 14 DE NOVIEMBRE 2017
La Coordinadora Nacional de las agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos, en el encuentro realizado en la ciudad de Valdivia, resolvió -de forma unánime- exigir la renuncia del ministro de Justicia, Jaime Campos, debido a sus constantes declaraciones que revelan un profundo desconocimiento de los Derechos Humanos y de la importancia que tiene para Chile terminar con la impunidad existente.
En sus intervenciones, el ministro Campos ofende y le falta el respeto a las personas que sobrevivieron a la dictadura cívico-militar, y a las y los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, mostrando una insensibilidad inaceptable en una sociedad que pretende ser democrática. Contribuye, además, al creciente desprestigio de las instituciones que debería cautelar.
Es nuestro convencimiento que la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura liderada por Augusto Pinochet es una de las causas profundas de la corrupción que afecta a las instituciones armadas y Carabineros, que este último tiempo se ha constatado de una manera desmesurada.
Esta corrupción enraizada es sólo la otra cara de la impunidad. Los dichos del ministro de Justicia suponen, entonces, una complicidad pasiva con los perpetradores, cómplices y encubridores de crímenes de lesa humanidad. Su renuncia es una necesidad perentoria para seguir avanzando en lo logrado hasta ahora, por la lucha constante de las organizaciones de Derechos Humanos.
El largo listado de desatinos cometidos por el ministro Campos es de público conocimiento y, por ende, innecesario de explicar. Sin embargo, su última intervención, desautorizando el compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet de cerrar el penal de Punta Peuco, ha sobrepasado los estándares mínimos que se pueden exigir a un servidor público, ofendiendo a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y vulnerando, a su vez, el derecho a la Justicia y la reparación que el Estado de Chile no ha estado dispuesto a cumplir cabalmente.
En sus intervenciones, el ministro Campos ofende y le falta el respeto a las personas que sobrevivieron a la dictadura cívico-militar, y a las y los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, mostrando una insensibilidad inaceptable en una sociedad que pretende ser democrática. Contribuye, además, al creciente desprestigio de las instituciones que debería cautelar.
Es nuestro convencimiento que la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura liderada por Augusto Pinochet es una de las causas profundas de la corrupción que afecta a las instituciones armadas y Carabineros, que este último tiempo se ha constatado de una manera desmesurada.
Esta corrupción enraizada es sólo la otra cara de la impunidad. Los dichos del ministro de Justicia suponen, entonces, una complicidad pasiva con los perpetradores, cómplices y encubridores de crímenes de lesa humanidad. Su renuncia es una necesidad perentoria para seguir avanzando en lo logrado hasta ahora, por la lucha constante de las organizaciones de Derechos Humanos.
El largo listado de desatinos cometidos por el ministro Campos es de público conocimiento y, por ende, innecesario de explicar. Sin embargo, su última intervención, desautorizando el compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet de cerrar el penal de Punta Peuco, ha sobrepasado los estándares mínimos que se pueden exigir a un servidor público, ofendiendo a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y vulnerando, a su vez, el derecho a la Justicia y la reparación que el Estado de Chile no ha estado dispuesto a cumplir cabalmente.
Coordinadora Nacional de las agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos.
14 de noviembre 2017
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