El Gobierno del Presidente Boric: consideraciones sobre estrategia, prioridades y equipo
por Eugenio Rivera Urrutia 22 diciembre, 2021
La amplia participación electoral y la impresionante mayoría (4.619.222 votos) alcanzada por Boric son contundentes para el análisis político. A diferencia de los pocos votos adicionales logrados en la primera vuelta respecto de la primaria en la segunda vuelta, sumó casi tres millones de votos respecto de la primera. Como lo hemos analizado en otra columna de El Mostrador, las debilidades de la primera vuelta se pueden atribuir a tres factores:
1. Si bien el programa del entonces candidato Gabriel Boric evidenciaba un claro sello feminista, ecologista y descentralizador, no daba suficientes señales en relación con sus propuestas para abordar el conflicto de La Araucanía y el clima de violencia que se arrastraba desde el 18 de octubre.
2. El desdibujamiento en la campaña de la primera vuelta del crucial y activo rol de Boric para lograr el Acuerdo del 15 de noviembre. A ello se sumaban las tensiones con el Partido Comunista que rechazaba tal Acuerdo, además de las continuas críticas de varios comunistas a la norma de los 2/3 requeridos para aprobar las normas constitucionales, y que sembraban dudas en otros sectores de la oposición sobre el apoyo a Boric. Afortunadamente, se reafirmó el quórum de los 2/3, con un rol protagónico de los constituyentes del Frente Amplio, el Colectivo Socialista y los Independientes No Neutrales, entre otros.
3. Se evidenciaron debilidades técnicas y programáticas para llevar adelante un programa tan ambicioso como el propuesto, en el marco de los grandes problemas e incertidumbres nacionales y globales que se visualizan para 2022. A ello se sumó, sin duda, el débil trabajo en la movilización electoral.
En la segunda vuelta, la campaña experimentó un positivo y auspicioso giro. También se innovó en importantes contenidos políticos, que fueron ratificados en su primer discurso como Presidente electo. Tras señalar que el crecimiento basado en la desigualdad tiene pies de barro, declaró su oposición enfática a cualquier intento de desestabilizar las instituciones democráticas, pues ello –afirmó– conduce directamente al reino del abuso, la ley de la selva, y el sufrimiento y desamparo de los más débiles: “Vamos a cuidar la democracia, cada día, todos los días”. Reiteró, en sintonía con la campaña de la segunda vuelta, su carácter dialogante, y que las transformaciones debían ser graduales y que requieren un amplio acuerdo. Agradeció también a los otros candidatos presidenciales, incluido José Antonio Kast, su participación, “porque finalmente la democracia la hacemos entre todos, y necesitamos de cada uno”. Se retomaban así los énfasis más o menos explícitos que llevaron al triunfo de su candidatura en la primaria de Apruebo Dignidad.
Desafíos y prioridades del primer año de Gobierno
En el contexto del estallido social, el Acuerdo del 15 de noviembre puso en marcha el proceso constituyente. Desde su instalación, la Convención Constitucional ha sido objeto de fuertes ataques. La principal responsabilidad en el éxito del plebiscito de salida depende naturalmente de los propios constituyentes. No obstante, el plebiscito de salida puede transformarse en un juicio al Gobierno de Gabriel Boric. Por ello, la percepción de su desempeño como exitoso será crucial para la suerte del proceso constitucional, y debe ser, en consecuencia, una prioridad. Con todo lo relevante que son los compromisos sociales, asegurar la gobernabilidad, avanzar en la resolución del conflicto de La Araucanía y restablecer la paz en las calles del país, constituyen condición ineludible para culminar el proceso constituyente e iniciar las transformaciones sociales comprometidas.
Por otra parte, sin duda compatibilizar el inicio de las transformaciones sociales con el restablecimiento de los equilibrios fiscales y monetarios que se heredarán de la pésima gestión de la actual administración, es prioritario y no resulta tarea fácil. La reducción del gasto público previsto en el Presupuesto del año 2022, comparado con el gasto efectivo en el presente año, junto con las acciones del Banco Central tendientes a controlar el fenómeno inflacionario, permiten avizorar la convergencia fiscal gradual y un escenario macro estable. Al mismo tiempo, la reforma tributaria prevista permitirá generar recursos permanentes para financiar las reformas sociales.
Además, y al contrario de algunas experiencias progresistas en América Latina que no han podido acompañar las medidas redistributivas con un programa económico que las sostenga en el tiempo, el programa de Boric propone un cambio en el modelo de desarrollo que lo haga sostenible, que se estructura sobre la base de una fuerte inversión en ciencia y tecnología y que convoca a la colaboración entre el sector público y privado y, de esa manera, le da nuevos impulsos a una economía que venía sufriendo un debilitamiento desde antes del estallido social. El nivel de endeudamiento público, que resulta bajo en cualquier comparación internacional, permite financiar, bajo límites razonables, el esfuerzo por instalar un nuevo modelo de desarrollo, lo que dará importantes réditos en crecimiento e ingresos fiscales.
La historia nacional demuestra que los procesos de transformación requieren un gran acuerdo para hacerlos viables y sostenibles en el tiempo, exigencia aún más perentoria si se tiene en cuenta el empate político en el Congreso. Probablemente el debate central venidero es cómo traducir el objetivo de construir mayorías en la conformación del Gobierno y en un pacto de gobernabilidad en el Congreso.
Una primera posición sostiene que el Gobierno debe ser asumido por Apruebo Dignidad, incorporando a independientes y al mundo social, para mantener las convicciones programáticas originales; algunos sostienen que la idea de “amplitud” puede desfigurar y hacer perder consistencia a la fuerza política y aducen que ello fue crucial para explicar los problemas del Gobierno de Bachelet. Otros sostienen que consideraciones de esa naturaleza, llevadas al extremo, pueden imposibilitar la construcción de la mayoría necesaria para las reformas.
Pareciera que es necesario superar esta antinomia y convocar a todos los partidarios de las transformaciones, atendiendo a las grandes similitudes entre los programas presentados en la primera vuelta por los distintos candidatos de la oposición y, en ese contexto, construir las bases políticas y organizativas que aseguren la capacidad de gestión política del Gobierno que viene. Será indispensable, además, ganar adherentes entre los que, hasta ahora, han objetado las reformas y tomar en cuenta algunas de sus consideraciones.
La estructura del Gobierno y el nuevo gabinete
El éxito del Gobierno dependerá de la capacidad de estructurar una coalición política adecuada a los objetivos transformadores comprometidos, y de la capacidad de consolidar y renovar permanentemente los vínculos con la ciudadanía que eligió a Gabriel Boric y con todo el país. Sin perjuicio de ello, los equipos que asuman las principales tareas gubernamentales serán también decisivos. El debate iniciado al respecto tiende a enfatizar los rasgos personales, la experiencia técnica y capacidad política y el liderazgo de los candidatos a los principales puestos gubernamentales. Con todo lo importante que ello es, resulta fundamental la estructuración de un equipo que asegure la unidad de propósitos, la adecuada interlocución con el Parlamento, los partidos políticos y la sociedad civil y la capacidad de gestión del conjunto del Gobierno y de cada una de sus principales reparticiones.
Aun cuando existe mucha ansiedad entre los partidarios, los opositores, el empresariado y los analistas, el Presidente electo, con mucha sabiduría, ha dispuesto un mes para nominar su gabinete, aunque algunos integrantes, por su importancia, podrían ser nominados con anticipación.
Lo más importante serán los criterios para conformar el equipo.
La historia nacional y la de otros países pueden dar lecciones importantes. Gabinetes construidos con personas obsecuentes son una receta cierta para el fracaso. No cabe, en consecuencia, temer la incorporación de liderazgos potentes, aun cuando es importante que expresen las convicciones del Gobierno y su estilo dialogante.
Es necesario limitar al máximo posible compromisos de equilibrios rígidos, que restringen mucho la capacidad de nombrar a las personas que se necesitan. Tiene razón el Presidente electo al señalar que su Gobierno apostará a la paridad y la presencia de lideres regionales, pero no al cuoteo político. Por su parte, es claro que la paridad es un objetivo indispensable, pero se debe asegurar sin producir rigideces: como los ministerios no pesan lo mismo, es plausible alcanzar la paridad efectiva, aun cuando en aspectos numéricos simples ello no ocurra en términos estrictos.
Un equilibrio político relativo es necesario, pues contribuye a asegurar que las fuerzas políticas estén dispuestas a apoyar al Gobierno, en las buenas y en las malas, pero particularmente en la actual fragmentación partidaria ello no puede significar que haya un ministro por cada grupo político.
El afiatamiento del equipo es importante, pero se trata de un proceso; ni siquiera una larga historia de colaboración o sintonía podrá ser un criterio absoluto en esta materia. Si bien el equipo del “segundo piso” suele estructurarse sobre la confianza personal entre el Mandatario y sus integrantes, en cuanto al gabinete la base debe ser la confianza que nace de la relación política e institucional, ya que el gabinete debe entenderse como espacio de deliberación política.
Sin duda que la nominación ministerial en Hacienda es importante, pero es bueno evitar transmitir la idea de que la seriedad de la administración y de su gestión económica dependa estrictamente de ese ministerio; ello se presta luego para chantajes o para obstaculizar el sentido y dirección de reformas cruciales para el programa, más todavía en tiempos de reformas del modelo económico, en una era pandémica y de crisis climática.
Debe entenderse que la incertidumbre, el nerviosismo de los mercados y las reticencias de los inversionistas se superan de manera cierta y durable a partir del desempeño y liderazgo del Presidente de la República, con la conformación de un equipo de calidad y capacidad de gestión política, con una conducción no errática ni volátil sino que predecible, con una secuencia inteligente en la presentación de los proyectos de reforma, prolijamente preparados, y el cumplimiento de los compromisos y de los objetivos macroeconómicos definidos.
Cada autoridad ministerial debe tener liderazgo político, ya que no ejercen únicamente un cargo técnico y deben conocer a fondo las responsabilidades del cargo y tener las capacidades.
La creciente complejidad de la tarea de gobernar hace indispensable que el Presidente de la República cuente con un aparato que le permita dirigir efectivamente la administración. Esto tiene al menos dos expresiones institucionales: el Comité Político, que reúne a los principales personeros de la administración para asegurar una adecuada asesoría al Primer Mandatario en la conducción política del país, y la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).
La Segpres tiene dos tareas fundamentales: la primera, coordinar las relaciones con el Congreso y estructurar la agenda legislativa; la segunda, coordinar a los ministerios para asegurar que las respectivas prioridades corresponden en la práctica y día a día a las orientaciones definidas por el Presidente de la República. Clave es también el rol de la Segpres como secretaría Ejecutiva del Comité Político y de los otros comités ministeriales que se considere necesario constituir.
En este contexto, es crucial el orden en que se nominan los cargos ministeriales. Sin duda, el ministro del Interior es de primera importancia, tanto por tener a su cargo el orden interior, lo que hoy significa avanzar en la resolución del conflicto de La Araucanía y de los restos de violencia que aún persisten en calles del país y, “last but not least”, el combate al crimen organizado y el narcotráfico, y por ejercer como jefe político del Gobierno. Ambas dimensiones generan tensiones que es necesario enfrentar. Una posibilidad sería nombrar un delegado presidencial con plenos poderes y con la tarea única de crear las condiciones para avanzar en la solución del conflicto en La Araucanía, en que en todo caso debe participar el Ministerio de Desarrollo Social. La experiencia sugiere que el segundo cargo a llenar es el del ministro o ministra de Hacienda. De igual importancia es el nombramiento del ministro o la ministra de Economía, pues le cabría un papel central en el impulso de las transformaciones del modelo de desarrollo. Esta persona debe tener un gran liderazgo para convocar al resto de los ministros económicos, al mundo empresarial, los trabajadores y al mundo académico a esta tarea y, al mismo tiempo, establecer un contrapeso frente al ministra o la ministra de Hacienda y a las decisiones de política monetaria del Banco Central.
Finalmente, es crucial el nombramiento de personas con gran liderazgo político y enraizamiento técnico en los ministerios que tendrán a su cargo las grandes reformas. En una era pandémica y de crisis ambiental, las nominaciones en estos campos son cruciales, para asegurar la superación progresiva de las antinomias entre salud, economía y medioambiente, dentro de una interconexión sistémica de políticas en su dinámica territorial. Los ministros a cargo de tan magnas tareas pueden y deben estar integrados en el Comité Político.
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