por El Mostrador 25 diciembre, 2021
"La forma de elegir a los integrantes de la Corte Suprema debe cambiar", exigió la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y diputada electa del Partido Comunista (PC), Lorena Pizarro, a propósito de la propuesta del Gobierno al Senado del nombre de María Cristina Gajardo para integrar el máximo tribunal.
La abogada, de perfil académico y políticamente de derecha, ha sido cuestionada por el mundo de los derechos humanos, que la acusa de haber sido partidaria —como abogada integrante del máximo tribunal— de rebajar las penas a los condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura. La Moneda puso sobre la mesa los nombres de Gajardo y Diego Simpértigue como nuevos ministros de la Suprema.
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"Nuevamente vemos cómo Piñera busca proteger sus intereses, proponiendo a una funcionaria que han infringido obligaciones internacionales a nombre del Estado chileno en materia de DDHH. Lamentable", expresó la parlamentaria comunista electa en el Distrito 13.
En Twitter, la diputada Pizarro compartió de paso las declaraciones de Londres 38; desde donde también rechazaron el nombramiento de Gajardo como integrante de la máxima instancia judicial "sin procesos de escrutinio público", calificándola como una funcionaria que, en su rol de autoridad judicial, ha "infringido obligaciones internacionales a nombre del Estado chileno" en materia de derechos humanos.
"(...) En su rol de abogada integrante de la Corte Suprema (Gajardo) no acepta la fuerza vinculante de los convenios internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile. Particularmente respecto de la Convención Americana de Derechos Humanos, la abogada se ha opuesto directamente al ejercicio del control de convencionalidad, contradiciendo incluso lo sostenido por la jurisprudencia del Pleno de la Corte Suprema", criticó la agrupación de DDHH a través de un comunicado en su sitio web y consignado por Cooperativa.
Londres 38 apuntó al rol de Gajardo en el caso de "Omar Humberto Maldonado y otros" contra el Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), relativo a la denegación de acceso a la Justicia de las víctimas de la dictadura. Y expuso que la jurista, en el marco de dicho caso, sostuvo "reiteradamente" que "en la conexión entre el Derecho Internacional de Derechos Humanos y el derecho interno debe atenderse al sistema de fuentes del derecho, en concordancia con la soberanía nacional y la autonomía de los tribunales de justicia, siendo menester estarse estrictamente a la estructura del ordenamiento jurídico chileno, que no reconoce a las sentencias de tribunales extranjeros la fuerza necesaria para servir de precedente jurisdiccional obligatorio para casos distintos de los que se dictaron".
"Reiteramos lo ya sostenido por Londres 38 al Senado en nombramientos similares, tales resoluciones implican además de la consecuente vulneración de derechos humanos, el incumplimiento de una obligación internacional atribuible al Estado. Cabe recordar que en el derecho internacional público, la responsabilidad del Estado es una, no hay categorías de responsabilidad. No se trata de cuestionar las opiniones jurídicas de la Sra. Gajardo sino que tales afirmaciones en el contenido de una sentencia judicial, acarrean responsabilidad del Estado de Chile, por las que eventualmente Chile podría ser sancionado internacionalmente", arguyó el colectivo.
Desde el sitio de memoria reiteraron además que "en materias de especial interés para la sociedad civil es esencial que quienes acceden a ser integrantes de la Corte Suprema, por un sistema de valoración, hayan cumplido con las normas de debida diligencia que obligan al Estado en materia de violaciones a los DD. HH., que no hayan infringido obligaciones internacionales en la materia y no hayan generado victimización secundaria. Todas estas son cuestiones mínimas con las que la mencionada abogada no cumple".
Este lunes, a partir de las 15:30 horas, la Comisión de Constitución del Senado recibirá al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, para conocer los motivos que tuvo el Mandatario para nominar a Simpértigue y Gajardo. La instancia escuchará a ambos postulantes para conocer sus opiniones y planteamientos respecto del sistema judicial en el país entre otras materias. Y una vez terminada esta audiencia la Comisión deberá pronunciarse respecto de si los candidatos cumplen o no con los requisitos para el cargo. Finalmente, la Sala debe realizar una sesión especial para votar los oficios, los que requieren dos tercios de los votos para ser ratificados.
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