09.02.2022
El pasado 8 de noviembre, Gendarmería informó que había 144 personas en prisión preventiva por causas relacionadas con el estallido. Tres meses después, CIPER actualiza esa cuenta: la cifra bajó a 70 personas. De ellas, 63 están a la espera de juicio oral y siete ya fueron sentenciadas, pero aguardan resoluciones de tribunales superiores. De los 144 originalmente informados por Gendarmería, a 50 se les cambió la prisión preventiva por una cautelar menor y 18 ya están cumpliendo pena. En otros cuatro casos la sentencia resultó menor o igual al tiempo que estuvieron presos mientras se desarrollaba el proceso, por lo que fueron liberados. Una de estas personas estuvo 451 días recluido, pero finalmente se le aplicó una pena de solo 150 días. Hay seis detenidos que llevan más de 700 días en prisión preventiva.
Un joven de 24 años registra 761 días en prisión preventiva en el Penal Santiago 1, a la espera del juicio oral por la quema de la estación de Metro San Pablo, causa en la que es el único acusado. Es uno de los doce denominados “presos de la revuelta” que han pasado -o están próximos a cumplir este mes- dos años en prisión preventiva por delitos asociados al estallido social. Así se desprende de la revisión y actualización realizada por CIPER a las causas que fueron incluidas en el informe elaborado por Gendarmería y conocido el 8 de noviembre pasado, en el contexto de la discusión del proyecto de Ley de Indulto General, y que indicó que a esa fecha había 144 personas en prisión preventiva.
Uno de los aspectos que motiva el debate del proyecto de indulto es la cantidad de personas que han pasado un extenso periodo de prisión preventiva sin que se les lleve a juicio y que arriesgan penas que podrían ser iguales o menores al lapso en que han estado recluidas.
CIPER actualizó hasta el 23 de enero de 2022, la información de las causas de las 144 personas en prisión preventiva identificadas por Gendarmería, comparándola con la información pública del Poder Judicial, además de chequear su estado con abogados que intervienen en estos procesos, familiares, la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público. Cabe destacar que la información proporcionada por Gendarmería incluyó detenciones por delitos asociados a la protesta social realizadas entre el 16 de octubre de 2019 y el 8 de noviembre de 2021.
CIPER logró constatar que al 23 de enero de 2022, la cifra de las 144 personas en prisión preventiva por delitos asociados al estallido se redujo a 70 casos que se mantienen con dicha medida cautelar. A estos se suman 50 imputados a los que le rebajaron la medida de detención provisoria y están fuera de la cárcel bajo otro régimen; más 18 imputados que están cumpliendo con su pena de forma efectiva. Además, 4 ya cumplieron su condena, una causa está reservada y otra no cuenta con información concluyente respecto a su estado.
En agosto de 2021, cuando el Ministerio Público y la Defensoría señalaban que no era posible establecer el número de detenidos por causas asociadas a la revuelta, CIPER publicó que al menos había 77 personas en prisión preventiva por delitos vinculados al estallido social.
En la actualidad, de los doce detenidos que han estado dos años o más en prisión preventiva, seis siguen recluidos: una joven detenida a los 19 años, imputada por saqueo y también por incautación de drogas cuando fue allanado su domicilio; un hombre de 28 años, detenido por saqueo y además imputado por robo con intimidación en las comunas de San Ramón y La Granja; el joven acusado por la quema de la estación de Metro San Pablo y otras tres personas que están a días de completar dos años en prisión preventiva en la segunda quincena de febrero: uno imputado por daños a la estación de Metro Del Sol, otro por maltrato de obra de Carabineros y el último por lanzar una molotov a efectivos policiales. Diez de estas doce personas tienen menos de 30 años.
Además, CIPER identificó cuatro casos en que los imputados cumplieron su condena estando en prisión preventiva. Uno de ellos es un joven de la comuna de El Bosque, detenido por “saqueo frustrado”, quien pasó 451 días en prisión preventiva, pero, fue condenado a sólo 150 días de cárcel: estuvo 351 días extras, casi un año, privado de libertad.
Para la abogada Nancy Yáñez, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la situación de los presos ligados al estallido social es “el caso más paradigmático del uso de la prisión preventiva como herramienta de criminalización social”.
La especialista explica que actualmente en el sistema judicial “no hay herramientas que permitan resarcir los perjuicios que significan para una persona estar privado de libertad siendo inocente” o por más tiempo del que efectivamente se aplica en la sentencia. Y que, ante la sensación de que existe una “puerta giratoria” con la delincuencia, el Ejecutivo ha dictado normas para “agravar los tipos penales ya sea calificándolos como delitos terroristas o de otra índole”, lo que trae consigo que la prisión preventiva opere como prisión efectiva.
RECLUIDOS POR MÁS DE DOS AÑOS
En la lista proporcionada por Gendarmería y analizada por CIPER, hay al menos doce personas que están o estuvieron durante dos años o más en prisión preventiva por causas ligadas a la revuelta social. De estas personas, seis se mantienen en prisión preventiva (cinco sin pasar por juicio oral y uno a la espera de que se resuelva un recurso de apelación), cinco cambiaron de medida cautelar a arresto domiciliario y uno está cumpliendo condena en libertad desde el 3 de febrero pasado.
El informe elaborado por Gendarmería en noviembre pasado también incluyó a otras dos personas que están a punto de cumplir dos años en prisión preventiva a fines de febrero. Se trata de los imputados por el ataque con una molotov a una iglesia de Osorno, en el verano de 2020, donde estaba exponiendo el alcalde de Recoleta y entonces precandidato presidencial, Daniel Jadue (PC). En julio de 2021 ambos fueron declarados culpables de los delitos de “incendio y arrojo de elementos incendiarios” por el Tribunal Oral en lo Penal de Osorno, pero, actualmente están en proceso de anulación del juicio por lo que aún figuran en prisión preventiva, según publicó La Tercera.
La persona que ha pasado más tiempo en prisión preventiva es una mujer que lleva 812 días en la cárcel. La joven fue detenida cuando tenía 19 años y su causa aún no pasa a juicio oral. Está acusada de participar en el saqueo a un supermercado Líder de San Bernardo el 19 de octubre de 2019, desde donde habría robado un televisor de 55 pulgadas y una impresora, artefactos avaluados en un total de $650 mil. Al mes siguiente, la Policía de Investigaciones (PDI) llegó al domicilio de la joven para identificar los productos robados y, según el parte de la policía, en su pieza encontraron 30 gramos de clorhidrato de cocaína, 1.637 gramos de cocaína base, 853 gramos de cannabis sativa y un revólver calibre 38 con más de 30 municiones.
El Juzgado de Garantía de San Bernardo dejó a la joven en prisión preventiva, medida cautelar que continúa hasta hoy. Desde la Fiscalía Metropolitana Occidente señalan que la joven está siendo investigada por los delitos de tenencia de armas, tráfico de drogas, robo en lugar no habitado y receptación. El Juzgado de Garantía fijó la audiencia de procedimiento abreviado o cierre de investigación para el 16 de marzo próximo.
En este caso, de ser aprobada la Ley de Indulto, ésta sólo aplicaría para el delito de saqueo, ya que las faltas por Ley de Drogas no están incluidas en la iniciativa.
Otra persona que está a la espera de que su causa llegue a juicio oral es el único imputado por el incendio de la estación del Metro San Pablo, ocurrido el 19 de octubre del 2019. El joven de 22 años, de la comuna de Lo Prado, fue detenido el 9 de enero del 2020 y acusado del delito de incendio con peligro para las personas. Desde esa fecha está en prisión preventiva, a pesar de que su defensa ha solicitado en dos oportunidades la revisión de esa medida cautelar. El juicio oral está fijado para el próximo 10 de marzo.
Otro acusado que aún está a la espera de una sentencia en primera instancia tiene 28 años y los hechos que se le imputan ocurrieron en el marco de las manifestaciones por la muerte del hincha de Colo Colo, Jorge Mora, la noche del 30 de enero de 2020. La Fiscalía lo acusa de haber sustraído especies avaluadas en más de $145 mil de un supermercado Alvi de San Ramón y de haber participado en un robo con intimidación en una farmacia de La Granja. Aunque fue imputado junto a otra persona, sólo él sigue en prisión preventiva ya que tiene dos condenas previas por delitos similares.
Según la información publicada en la web del Poder Judicial, a estos casos se suman los de dos imputados que están a solo días de cumplir dos años en prisión preventiva, lo que ocurrirá en la segunda quincena de febrero. Uno de ellos es un hombre de 34 años imputado por daños a la estación de Metro Del Sol (Maipú). El segundo está acusado por el saqueo a un local de AutoPlanet (Quilicura). Además, a fines del mes pasado, un joven extranjero de 21 años pasó a régimen de arresto domiciliario cuando le restaban sólo dos semanas para cumplir dos años en prisión preventiva. Él está imputado por el lanzamiento de molotov a Carabineros (Santiago).
LA VOZ DE SUS FAMILIARES
Nelva Santana es madre de C.Y.S. y asegura que su hijo estuvo “secuestrado por el Estado” durante más de dos años. El 27 de noviembre de 2019 fue imputado por el delito de atentado explosivo o incendiario por el supuesto porte de una bomba molotov en la comuna de Santiago y tras poco más de dos años recluido, en la Navidad del 2021, la medida cautelar fue cambiada por arresto domiciliario total:
“Yo no creía que iba a salir ese día, pero el 24 de diciembre en la mañana me llama su abogado, Rodrigo Román, y me dice que mi hijo volverá a la casa. Siempre hablan de los ‘milagros de Navidad’ y ahora me tocó a mí. Mi hijo fue mi milagro navideño”, comentó Nelva a CIPER.
En este caso, aunque se le rebajó la medida cautelar, su juicio oral todavía no ha sido programado y el joven continúa a la espera de una sentencia: “Estos dos años han sido de mucha rabia y dolor porque en ese tiempo no han hecho su trabajo y ni siquiera han cerrado la investigación”, cuestionó la madre del joven.
“Estamos esperando que se apruebe el indulto para que mi hijo pueda salir», dice Antonio, padre de un joven de 26 años que fue detenido el 28 de noviembre de 2019 por un supuesto lanzamiento de bomba molotov en contra del carabineros de Fuerzas Especiales. Lleva más 790 días en prisión preventiva y, a pesar de que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago le ha rebajado en dos ocasiones la medida cautelar, la Fiscalía y el Ministerio del Interior han logrado revertir estas resoluciones.
El 6 de agosto de 2021, la jueza María Cuadra Galarce leyó la sentencia: tres años y un día de cárcel, sirviéndole como abono la cantidad de tiempo que pasó en prisión preventiva. La defensa apeló a este fallo y la próxima audiencia aún sigue pendiente. «Estamos decaídos como familia. La condena para nosotros ya está, no hay mucho que hacer. La verdad, estamos esperando que se apruebe el indulto para que mi hijo pueda salir», comentó Antonio.
Tres jóvenes, entre ellos un escolar, acusados por el ataque incendiario al Hotel Principado permanecieron poco más de dos años en prisión preventiva (736 días). El 14 de noviembre de 2019, los tres fueron detenidos tras un seguimiento del equipo “intramarcha” de Carabineros. La Fiscalía los acusó de la quema del recinto, ocurrida el 12 de noviembre de 2019, y de haber lanzado bombas molotov el día de su detención.
Luego de pasar dos años en prisión preventiva, la Corte Suprema anuló parcialmente la sentencia del 10 de mayo de 2021 del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago (que los condenó a entre cinco y seis años de cárcel) y declaró ilegal el procedimiento “intramarcha” de Carabineros del 12 de noviembre de 2019, por no contar con autorización judicial.
Dos de los imputados no pudieron retomar sus trabajos y el escolar, estudiante del Liceo de Aplicación, terminó su cuarto medio estando en la cárcel. “Estos años han sido terrible por tanta incertidumbre, no sabes qué van hacer con tu hijo”, cuenta a CIPER Jovita Guiñez, madre de Jesús, estudiante de Música que no ha podido retornar a la universidad. Al igual que los otros involucrados, su hijo está bajo tratamiento de salud mental y ha tenido secuelas tras su paso por la prisión: “Él no salió bien. Me salió otro hijo. Sólo con psicólogo y con psiquiatra hemos podido sacarlo adelante, y con medicación para la angustia, para los miedos, porque todavía despierta a las cinco de la mañana con trauma, creyendo que está en la cárcel”, agrega Jovita.
MÁS TIEMPO EN PRISIÓN QUE LA CONDENA
El 19 de octubre de 2020, un joven de 29 años fue detenido por Carabineros. Imputado por saqueo frustrado a un Supermercado Mayorista 10 (La Granja), ingresó al Centro de Detención Preventiva Santiago 1, donde estuvo internado 451 días, cerca de un año y tres meses. Hace un mes, el 12° Juzgado de Garantía de Santiago lo condenó a 150 días de prisión, pero el juez determinó que la sentencia ya se había cumplido con su periodo de prisión preventiva. El joven estuvo recluido 301 días por sobre la pena a la que fue finalmente sentenciado, sin que exista ninguna medida que mitigue el tiempo perdido (vea aquí la sentencia).
Este es uno de los cuatro casos que CIPER detectó, en la base de datos elaborada por Gendarmería, de personas que recibieron una sentencia inferior o igual al tiempo que pasaron en prisión preventiva.
En el contexto de las movilizaciones por el primer aniversario del estallido en 2020, otro hombre, de 36 años, también fue detenido en el saqueo al Mayorista 10 de La Granja. El 10 de noviembre de 2021, tras haber pasado poco más de un año en prisión preventiva, el 12° Juzgado de Garantía lo condenó a 386 días de cárcel, exactamente el mismo tiempo que había pasado recluido.
A este caso, se suma el de una mujer también acusada de saqueo, pero un año después, en el segundo aniversario del estallido social. La mujer, de 35 años, fue detenida el 19 de octubre de 2021 por el saqueo a un supermercado Alvi de San Ramón. Se le imputó “robo frustrado en lugar no habitado” e ingresó al Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, donde permaneció hasta el 23 de diciembre pasado, cuando la jueza del 15° Juzgado de Garantía, Marcela Dattas, le aplicó una pena de 65 días, tiempo que cumplió mientras estuvo en prisión preventiva.
Las condenas que son menores al periodo en que los imputados estuvieron en prisión preventiva es una situación que ya ha sido advertida por organismos de derechos humanos, por asociaciones de familiares de detenidos y por un informe técnico elaborado por el equipo de la mesa del Senado, a raíz de la cifras entregadas por Gendarmería.
En el documento del Senado, remitido como un oficio el 9 de noviembre al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, y al entonces presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, se pide “la adopción de las medidas” para asegurar “el pleno respeto de los derechos que pudiesen estar comprometidos” de las personas en prisión preventiva.
En el informe de la Cámara Alta se destaca un caso, de los 144 consignados por Gendarmería. Se trata de un hombre detenido el 20 de febrero de 2020, durante el saqueo a un local de AutoPlanet, en Quilicura. Fue apresado bajo el cargo de “intento de homicidio” contra un carabinero y porte ilegal de armas. Aunque fue formalizado en enero de 2021, su caso aún no llega a juicio oral. El informe del Senado destaca:
“Siendo de público conocimiento que no hubo ningún efectivo de Carabineros fallecido en esos hechos ni heridos de gravedad, de acusársele y condenársele, sólo podría aplicarse la pena del artículo 416 bis N°3º del Código de Justicia Militar, equivalente a presidio menor en grado medio a máximo, si le hubiese causado lesiones menos graves, o del N ° 4º, de presidio menor en su grado mínimo si le hubiese ocasionado lesiones leves. En este último caso, la pena aplicable sería de 61 días a 540 días, y esa persona ya ha estado privada de libertad 695 días”.
Desde la Fiscalía explican que esta causa sigue en etapa de investigación y que la defensa no ha solicitado su cierre, que ya se realizó una reconstitución de escena y que se está a la espera de un informe de la PDI. Para este 10 de febrero está fijada una nueva revisión de la medida de prisión preventiva.
LAS CIFRAS
Entre el 8 de noviembre de 2021 y el 23 de enero 2022 se produjeron cambios en la nómina de 144 personas en prisión preventiva que fueron informados por Gendarmería al Senado. Actualmente, son 70 los recluidos de manera provisoria en un penal. De estos, 63 están a la espera de que se resuelva su juicio en primera instancia, mientras que siete ya cuentan con una sentencia, pero aguardan resoluciones de cortes de Apelaciones, Tribunal Constitucional o Corte Suprema.
La mayoría de quienes siguen en prisión preventiva son hombres jóvenes. Sólo una mujer se mantiene con esta medida cautelar. Casi la mitad de los detenidos (34 de ellos) tienen menos de 30 años. De ellos, 26 tienen entre 19 y 26 años. Solo dos personas tienen más de 54 años.
Según la información publicada en el portal del Poder Judicial, a 50 personas se les rebajó la medida cautelar y ya no se encuentran en prisión preventiva, y a 14 imputados se les condenó durante los últimos dos meses y medio. De este último grupo, siete fueron detenidos por “saqueo” en el segundo aniversario del estallido social y sus causas no tardaron más de dos meses en ser resueltas, todas con la misma condena: 541 días con “remisión condicional”, una pena que se cumple en libertad.
A estas cifras se suman cuatro personas que están libres porque ya cumplieron su condena, una causa que está bajo reserva y otra que no cuenta con información concluyente en el sistema. Además, CIPER estableció que cuatro casos, al momento de ser contabilizados por Gendarmería en noviembre pasado, ya se encontraban cumpliendo su pena de forma efectiva, sin contar con recursos pendientes.
Los delitos imputados a las 144 personas en prisión preventiva informadas por Gendarmería en noviembre, suman un total de 181 ilícitos. De ellos, el «robo en lugar no habitado” (saqueo) es el más recurrente, con 84 casos. Le siguen delitos ligados a la “Ley de Control de Armas» (20 casos), «atentados explosivos y/o incendiarios» (14), robo (11, incluye con intimidación, con violencia o por sorpresa) y receptación (11).
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