Pedro Barría Gutiérrez tiene 74 años, y cuando entre en vigencia en enero de 2027 la Ley 21.724 que establece que los funcionarios públicos mayores de 75 cesarán en sus funciones, tendrá que dejar su labor como abogado del CDE, en la que lleva 30 años. En su visión "mucha gente trabaja hasta morirse, por necesidad económica o porque se siente capacitado para trabajar". Como él, reconocidas voces tendrán que dejar sus cargos también, principalmente personas del mundo académico, lo que ha encendido el debate sobre la viabilidad de esta norma publicada a inicios de este año.
Por Agustín Morel
En las últimas semanas, la Ley 21.724, que establece un reajuste en el sector público, incluido un controversial artículo que obliga a el cese de funcionarios públicos mayores de 75 años, ha generado debate. La ley establece en su artículo 90 que “los funcionarios y funcionarias antes señalados que al 1 de enero de 2027 tengan más de 75 años de edad cesarán en sus funciones a contar de dicha fecha”.
Esta norma -promulgada a inicios de este año- provocó una ola de críticas. Principalmente son de parte de funcionarios mayores de 75 años, o prontos a cumplir esta edad, que se verían afectados directamente. El rubro más penalizado será el mundo académico, ya que cerca de un 2% del campo son mayores de 75 años. Pero también hay otras áreas que cuentan con personas con amplia trayectoria, que tendrían que dejar sus cargos.
Pedro Barría tiene 74 años y hace 30 es abogado del Consejo de Defensa del Estado. Cuando entre en vigencia esta norma, su puesto quedará vacante. Esto lo llevó a ir contra su propia labor de defender al Estado, y presentar un recurso en la Corte de Apelaciones en contra de esta medida.
“La primera falencia de la ley es que es discriminatoria y viola la Constitución en cuanto al derecho a la igualdad ante la ley. Y viola la Convención Interamericana sobre el Derecho Humano a las personas mayores, como también prohíbe los tratos discriminatorios a las convenciones que han sido ratificadas por Chile y son parte de la Constitución”, señala.
Uno de los puntos que remarca en sus críticas, es que los únicos que quedaron a fuera de este criterio, son parlamentarios y ministros. Es decir, aprobaron una política que no les afectaría.
“Los gobernantes en una democracia y en un Estado de Derecho tienen que dictar leyes, no para que se expliquen a los demás y ellos excluirse de su aplicación, porque eso es volver la situación a lo que era la monarquía, en que las personas eran súbditos y no estaban en igualdad con los gobernantes. En una democracia todos somos iguales”, reclama.
Rosa Devés, el director del SII, y el profesor José Maza: algunos rostros que tendrán que dejar sus cargos con la nueva ley
Así como Pedro Barría, reconocidas voces de la opinión pública tendrían que dejar sus cargos con la entrada en vigencia de la ley. Entre estos están la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, quien cumplió 75 esto año; el astrónomo y académico José Maza (77); el también académico, economista y escritor, Joseph Ramos (85); y el director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Etcheberry (78), entre otros.
Si bien son principalmente académicos, en el otras áreas también habrán afectados, aunque serían un porcentaje menor al 1%. De hecho, ese fue uno de los argumentos del Ejecutivo para avanzar en esta propuesta, lo que fue respaldado por la CUT y la ANEF.
El abogado del CDE agrega además que el Poder Judicial fue participe de esto de igual forma, al rechazar su recurso de protección. “Fui a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando esto como abuso estructural e integral de todos los poderes del Estado chileno. En contra de mi persona y en contra de las demás personas”, afirma.
Y cuenta que “para mí fue sumamente difícil y doloroso recurrir de protección contra el Estado. Porque soy abogado del Consejo de Defensa del Estado hace más de 30 años, y defiendo al Estado chileno y a las autoridades del Estado en juicios”.
Los dardos contra ley que obliga el cese de funcionarios públicos mayores de 75 años y su defensa
Un punto en el que coinciden es que muchos funcionarios públicos mayores siguen vigente a esa edad, y que por experiencia son un aporte mayor al Estado.
Barría destaca que “hace mucho tiempo que la vejez dejó de ser un karma. Ya no está la idea del viejito jubilado cuya única función era ir a la Plaza de Armas a tirarle miguitas a las palomas. Mucha gente trabaja hasta morirse, por necesidad económica o porque se siente capacitado para trabajar. Entonces, desde el punto de vista psicológico, que una persona la declaren inútil y la manden a la bodega, afecta sus derechos humanos“.
Eduardo Toro, director ejecutivo de conecta mayor UC, resalta que es una ley contradictoria. “Resulta paradójico que establezcamos una norma edadista que, en lugar de incluirlos, desecha a las personas a partir de los 75 años. Como país longevo no podemos darnos el lujo de derrochar tanta experiencia y capital humano“, destaca.
El incentivo al retiro establece que “quienes cesen en sus funciones por la causal señalada en este artículo tendrán derecho a gozar de una indemnización equivalente al total de las remuneraciones, por cada año de servicio en la institución, con un máximo de seis, de cargo de la respectiva institución empleadora”.
Carlos Insunza, coordinador de la mesa del sector público de la CUT que fue parte de la negociación de esta norma, afirma que fue una postura del Ejecutivo, pero defiende la base. “No es una norma arbitraria en que se va a despedir gente sin alternativas ni posibilidades”, afirma.
En esa línea, resalta que en ningún sector fuera de las universidades la dotación de funcionarios públivos mayores de 75 años supera el 0,3%. “Es importante entender es que esta no es una norma suelta, no es un artículo que esté sin contexto en la última ley de reajuste. Es parte de un acuerdo integral que alcanzó la mesa del sector público en su negociación anual. Y que está absolutamente vinculado a la extensión permanente y la mejora de las condiciones de los incentivos al retiro para los trabajadores del Estado”, destaca.
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