Por El Mostrador
El gobierno salió al paso a las amenazas denunciadas por el juez Alejandro Madrid, a cargo de los juicios por el homicidio del químico y agente secreto Eugenio Berríos y la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva, señalando que no “tolerará” las amenazas contra los magistrados.
Ante los hechos, el juez Madrid pidió con protección policial tras recibir amenazas por parte de desconocidos.
Ambas causas, que se llevan en el antiguo sistema procesal, están cerca de su término y el juez y su familia, según las fuentes, se percataron de que desconocidos rondaban su casa en vehículos y la fotografiaban, a lo que se sumaron llamadas telefónicas "extrañas".
El Gobierno, a través de su portavoz Carolina Tohá, pidió que se investiguen las amenazas sufridas por el juez y advirtió de que en Chile "ningún tipo de presión puede interferir en la acción de los jueces".
"No vamos a tolerar que los jueces se vean intimidados, que de alguna manera se vean amenazados e impedidos de ejercer su labor de manera libre y en base a su convicción", aseguró la secretaria de Estado.
Madrid, según las fuentes, está próximo a dictar sentencia de primera instancia por el homicidio de Eugenio Berríos, cuyo cadáver fue encontrado en 1995 en Uruguay y de resolver si Eduardo Frei Montalva fue asesinado en enero de 1982.
El abogado de la familia Frei, Álvaro Varela, dijo a los periodistas que las amenazas contra el juez "son acciones que provienen de aquellas personas que han tenido responsabilidad en los hechos y no quieren que sean conocidos".
El caso Berríos está actualmente en su etapa probatoria y los procesados, todos militares y tres de ellos uruguayos, han presentado sus descargos en audiencias que se prolongarán hasta la próxima semana.
Este jueves, el general retirado Hernán Ramírez Rurange, ex director de Inteligencia del Ejército y uno de los procesados, reveló que fue el propio Augusto Pinochet quien ordenó en 1991 sacar a Berríos de Chile para que no declarara en el juicio por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier.
A Berríos se le atribuye la fabricación de gas sarín, que la policía secreta de la dictadura utilizó para eliminar opositores.
Tras ser sacado de Chile en 1991, Berríos se presentó al año siguiente en una comisaría uruguaya pidiendo auxilio, pero detrás de él llegaron unos militares que se lo llevaron y en 1995 su cadáver apareció enterrado en una playa cercana a Montevideo, amarrado y con impactos de bala en el cráneo.
En este caso se encuentran procesados por asociación ilícita los coroneles del Ejército uruguayo Tomás Casella, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli, el primero retirado y los otros dos en actividad, que fueron extraditados a Chile y están desde hace un tiempo en libertad provisional.
También los generales Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, así como los ex mayores del Ejército Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa, estos últimos como presuntos autores materiales del secuestro y homicidio.
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