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jueves, 6 de agosto de 2009

Señores
Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)
Ginebra
De nuestra consideración:

Nuestra Agrupación de ex prisioneros políticos de Chile (ANEXPP) es la más antigua organización de ex pp de Chile y actualmente está organizada nacionalmente en agrupaciones locales desde Arica hasta Punta Arenas. Contamos con un número de socios cercano a los 3.000 miembros, entre los cuales no se discrimina a nadie por su militancia política, lo que permite agrupar a todas las sensibilidades políticas chilenas.

Todos nuestros miembros padecieron prisión política y tortura durante los 17 años que duró el régimen dictatorial de Augusto Pinochet. A nivel mundial Chile es conocido, sobre todo, por las brutalidades ocurridas durante los 2 o 3 primeros años de la Dictadura, pero Pinochet persiguió, encarceló, torturó y asesinó hasta el último día de su régimen, en 1990.

La dictadura pinochetista no sólo violó de modo sistemático los DDHH de los chilenos y chilenas, sino que operó internacionalmente castigando con la muerte a sus opositores en el extranjero. Este plan de exterminio fue conocido como el “Plan Cóndor” que operó en América Latina en coordinación con las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil. Pero el territorio abarcado no tuvo límites y asesinaron en Washington, en Buenos Aires, en Asunción, en París, en Roma, en Bruselas y no está confirmado, pero la muerte de Olaf Palme no estuvo ajena a las operaciones exteriores de Pinochet.

No es necesario extenderse en las operaciones de robo al fisco chileno, de contrabando de armas y de tráfico de drogas, materias investigadas por periodistas a nivel internacional y que quedaron al descubierto por el descubrimiento de cuentas secretas de Pinochet en paraísos fiscales y en los propios USA.

Todas estas acciones determinaron la encargatoria de Pinochet como criminal y el juez Garzón logró su detención en Londres con el consiguiente juicio y posterior liberación negociada, por la Social Democracia Internacional, el Vaticano y el gobierno de Chile en al año 2.000.
De este breve resumen se pueden sacar algunas conclusiones generales que complementaremos con informaciones más detalladas de la situación actual de los DDHH y de los crímenes de prisión política y tortura en particular:
§ Chile ha sido un país reconocido internacionalmente como víctima de violaciones a los DDHH, prisión y tortura sistemática en sus cárceles y centros clandestinos de detención durante 17 años.

§ La transición a la democracia realizada en los últimos 20 años por la alianza política conocida como Concertación, se ha hecho respetando integralmente la Constitución política de 1980, herencia de Pinochet, que norma al Estado y Gobierno chileno.
§ Este marco legal ha mantenido vigentes el decreto de amnistía de Pinochet de 1978, que impide perseguir judicialmente a los violadores a los DDHH durante el período que va de 1973 a 1978. Además se ha mantenido vigente la ley Antiterrorista, ley represiva que Pinochet utilizó para reprimir a los opositores a su régimen, a partir de los años 80.

§ Actualmente en Chile existen presos políticos de la dictadura que cumplen penas en el extranjero y no pueden ejercer su derecho a vivir en su país hasta cumplir integralmente penas que van de 10 a 20 años de prisión.

§ El Estado chileno ha manifestado con gran orgullo, por boca de su Sub Secretario de Justicia, ante la Comisión de DDHH en Ginebra, en Mayo pasado, que Chile mantiene en prisión al jefe de los servicios de inteligencia de Pinochet.

Pero lo que este personaje omite es decir que el general Contreras fue condenado durante la dictadura, por el crimen cometido en Washington y que le costó la vida a Orlando Letelier ex canciller de Chile durante el gobierno de Allende. Fue la presión de USA la que conminó a Pinochet a encarcelar al ex director de la DINA, su policía política. De modo que cuando la Concertación asume el poder político en 1990, Contreras ya esta cumpliendo pena. Posteriormente quedó con prisión domiciliaria, que no respetaba, pues se le veía circular impunemente y sólo en 2006, por la decidida actuación del Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Solís, pudo ser detenido y encarcelado en Batallón de Telecomunicaciones del Ejército. Es verdad que, a la fecha, acumula varios centenares de años por condenas en decenas de causas judiciales por desaparición de personas.

§ En Chile existen 30 oficiales de las FFAA condenados por delitos de lesa humanidad. No cumplen sus penas en cárceles comunes, sino en recintos militares refaccionados para ello, donde cuentan con un régimen de visitas y de servicio en correspondencia con su grado, es decir, cuentan con ordenanzas, piscinas, y régimen alimenticio especial. Sus esposas pueden pernoctar con ellos y recibir invitados para sus fiestas y celebración de cumpleaños. Es de toda evidencia que disfrutan de un régimen excepcional y a años luz de las saturadas cárceles de Chile, situación que también ha llamado la atención de la opinión pública internacional, pues Chile tiene el mayor número de presos comunes por habitante de América Latina, con 318 presos por cada 100.000 habitantes
§ Esta cifra hay que cotejarla con el informe oficial, de la comisión de Prisión Política y Tortura, que recopiló el testimonio de 35.000 víctimas -de un universo estimado en 100.000 personas que sufrieron prisión política y tortura-, que establece que en Chile existieron más de 1.000 centros de detención y tortura al interior de recintos militares. Esto significa que hay por lo menos 1.000 torturadores en Chile. La pregunta que surge es ¿Cuántas querellas por torturas y tratos degradantes ha presentado el Estado de Chile ante los Tribunales, en 20 años? La respuesta es: ninguna.

§ Las querellas judiciales por desaparición y muerte presunta de opositores a Pinochet han sido presentadas a los tribunales por los familiares de las víctimas y esto ha sido antes de la llegada de la Concertación al poder. Las querellas por torturas, existen por algunos centros clandestinos de detención: Tejas Verde, Academia de Guerra Aérea, Villa Grimaldi, Londres 38, José domingo Cañas, Venda Sexy. Estas querellas han sido presentadas por las propias personas que padecieron tortura junto con algunos abogados de DDHH que trabajan ad honorem. Los abogados del programa de DDHH del Ministerio del Interior solo pueden propiciar querellas en las causas de desaparición de personas, pero no están facultadas para actuar en casos de querellas por tortura.
§ La Concertación, a través del Presidente Ricardo Lagos en el año 2004, negoció la impunidad de los militares con el Comandante en Jefe del Ejército, Emilio Cheyre, otorgando el secreto sobre los nombres de los criminales denunciados ante la Comisión de Prisión Política y tortura, por 50 años. Esto significa que los tribunales no tienen la capacidad de exigir al Estado de Chile la entrega de los nombres de los criminales en las causas presentadas ante ellos. Esto motivó una querella presentada por ex prisioneros políticos ante la Corte Interamericana de DDHH.

§ En Chile se ha reconocido oficialmente que hubo 28.000 personas encarceladas y torturadas por Pinochet. En beneficio de ellas el Estado chileno legisló la ley 19.992 que otorgó una pensión vitalicia de 150 Euros mensuales y algunas otras garantías como ser beneficiarios de un programa de salud, programa aplicado a los indigentes y también la posibilidad de becas de estudio universitario para finalizar o reiniciar estudios de ese nivel. No hay que olvidar que de acuerdo al Informe, el 83% de las víctimas tiene actualmente más de 56 años.

§ El Estado de Chile ha declarado que esta pensión constituye la reparación a las víctimas por el daño causado. En un juego de palabras, personeros oficiales han manifestado que es una reparación dividida en mensualidades, estimando en 20 años la sobrevida del beneficiario. El cálculo de las pensiones se hizo efectivamente de ese modo, por parte del ministro de Hacienda de la época (2004).

§ El Estado de Chile no ha reparado, en el verdadero sentido que ese concepto tiene en el ámbito del Derecho Internacional, a las víctimas y sobrevivientes del terrorismo de Estado y esa deuda se mantiene impaga.

§ Recientemente se ha aprobado en el Parlamento un proyecto de Instituto de Derechos Humanos con el fin de establecer una primera institucionalidad en el ámbito de los DDHH. Ese proyecto fue cuestionado por el Consejo de DDHH de la ONU, quién lo devolvió al gobierno chileno formulándole varias objeciones. El Estado chileno, pese a estos cuestionamientos, que pueden ser resumidos en que el proyecto no respeta los principio de París, que son las normas internacionales que rigen este tipo de organismos, lo presentó en los mismos términos negociados con la derecha chilena al Parlamento, dando origen a un Instituto absolutamente impotente de cumplir con las funciones para las que fue creado.

§ Es necesario destacar que algunas ONG de DDHH como el CODEPU y el FASIC apoyaron públicamente este proyecto en sendas declaraciones públicas. Esta actitud obedece a que la Concertación ha implementado una política de cooptación de los miembros más destacados de las ONG y otras organizaciones de DDHH, entregándoles trabajos asalariados en reparticiones públicas.

§ En Chile se reprime a los Mapuche, pueblo originario del Sur de Chile, usando la ley Antiterrorista y empleando testigos encapuchados en contra de los acusados, en juicios que, en general, obedecen al intento de los comuneros de recuperar los territorios usurpados a sus comunidades por los colonos extranjeros.

§ Las condiciones de detención de los comuneros mapuche son de extrema dureza, son aislados y encarcelados en prisiones alejadas de sus provincias, se les somete a largos períodos de incomunicación, son sometidos a tortura de modo genérico y las condiciones de detención son de singular violencia, operando la policía con fuerza descomunal y no proporcional con los supuestos delitos cometidos.
Nuestra Agrupación de ex pp está abierta y muy interesada en recibir la visita de vuestra delegación y a organizar en común acuerdo un calendario de visitas a otras organizaciones de DDHH en Chile, precisamente aquella no oficiales, pues en Chile abundan organizaciones que operan en estrecha colaboración con el Estado y gobierno chileno.

Esperando poder reunirnos con Uds. y entregarles una visión más acorde con la realidad de los DDHH en nuestro país, les saludan muy cordialmente

Patricio Negrón Julio Aránguiz Héctor Cataldo
Vicepresidente Secretario General Presidente

Santiago, 31 de Julio de 2009

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Agrupación Nacional EXPP de Chile
Dirección Nacional
www.anexppchile.com

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