Chadwick y la violencia en el sur
El Ministro del Interior, Andrés Chadwick, viajó por segunda vez a la Araucanía, ahora para presentar acciones legales por nuevos atentados ocurridos el domingo 23 de diciembre recién pasado. La reacción del gobierno frente a estos recientes ataques a agricultores evidencia los limitados argumentos que tiene sobre el conflicto en el sur, haciendo imputaciones que avanzan en señalar responsabilidades sin existir aún investigación de los hechos, al declarar que se estaría ante un grupo aislado, que no representa el sentir del pueblo mapuche, y que al gobierno no le temblará la mano si hay que usar la ley antiterrorista. Señala además que enfrentaríamos a un “enemigo poderoso” –que la Ministra Cecilia Pérez rebajó a delincuentes y cobardes-, que gozaría de apoyo político, comunicacional e internacional.
Peor aun el Intendente de la Araucanía, Andrés Molina, siguiendo la misma línea aprovecha las circunstancias para insistir en su reiterada denostación a quienes, desde la sociedad civil, apoyan a los mapuche, y en culpar al poder judicial por la libertad de comuneros de este pueblo que, según él, debieran estar presos. Todas estas declaraciones de las autoridades son repudiables, pero la verdad, no dicen nada nuevo. Y la pregunta es, qué mas puede hacer este gobierno y el Ministro Chadwick sobre un conflicto que no comprenden del todo
El cierre de estas reacciones fue convocar ayer jueves a una nueva “Cumbre de Seguridad”, esta vez en La Moneda (la anterior fue en el sur) para abordar estos últimos hechos de violencia. A la salida, el ministro Chadwick aseguró que “vamos a hacer todas las acciones para que no exista impunidad en nuestro país”.
Si recordamos, en junio pasado el Ministro Chadwick, como vocero del gobierno, aseguraba que “no volvería a apoyar una situación en que tuviese conciencia de la violación a los derechos humanos”, en referencia a lo ocurrido durante la dictadura militar. Él, como muchos otros que hoy participan del gobierno, se distancian de ese pasado violento, aunque siguen defendiendo un legado que consideran plausible, más allá de los horrores vividos. Pero cuánto tiempo le costará al ministro tomar conciencia de la impunidad que se impone en la Araucanía hace años, donde las vulneraciones a los derechos humanos del pueblo mapuche se vienen practicando por el estado en forma directa, instigándola o consintiéndola. Si de verdad quiere enfrentar la impunidad en esta zona, deberá hacer primero un nuevo ejercicio para entender algo más complejo y oculto en la histo ria de nuestro país.
El relato de una joven de la familia Pío Seco visitada por el Ministro y afectada por el asalto y la quema de su casa en el Fundo Santa Isabel, podría ser el relato de una joven mapuche durante la “pacificación de la Araucanía”, o del siglo recién pasado en los numerosos episodios de despojos de familias que vieron arden sus rucas y todos sus enseres, o de la cacería que hicieron colonos luego del golpe militar al amparo de una dictadura, o de un reciente allanamiento policial donde los niños deben salir de sus hogares con una pistola apuntándoles a la cabeza, y viendo como sus padres y abuelos son tratados en forma grosera y muchas veces golpeados.
Varios de los jóvenes mapuche que hoy han sido encarcelados y a los cuales se les ha aplicado la ley antiterrorista, se criaron conociendo estas historias familiares de despojo y violencia, y hoy transitando caminos donde el control policial y el trato discriminatorio se volvió una rutina. Y ha sido gracias al apoyo político, comunicacional e internacional -que el Ministro Chadwick criminaliza en sus declaraciones- que la situación de violación de derechos que sufre el pueblo mapuche es una preocupación amplia de numerosas organizaciones en Chile y el exterior, y de Naciones Unidas. La violencia debe ser rechazada ampliamente, de eso no cabe duda, pero la violencia que experimentan los mapuche no es la misma que ve el Ministro en sus visitas a terreno.
Luego de las cruentas experiencias vividas en Chile hace 40 años con el golpe militar, ninguna familia debiera sufrir un ataque como éste o similares. Ningún niño debiera ver la violencia que los niños mapuche deben experimentar; nadie debiera recibir un disparo en la noche por encapuchados, ningún policía debiera matar impunemente.
Los primeros informes sobre las violaciones a los derechos humanos de personas del pueblo mapuche en los noventa fueron considerados exagerados por algunos en la capital. Desde la aplicación de leyes especiales y la persecución que el gobierno inició en los años 2000 con las herramientas punitivas con que cuenta el estado, tan cuestionables como la ley antiterrorista, la violencia no ha cesado y más aún, ésta se ha profundizado.
La violencia no se puede validar como una forma de enfrentar o frenar los derechos de un pueblo. El Ministro criticó duramente los atentados, pero se moderó para responder a agricultores, como Orwel Casanova, quien le pone plazos al gobierno y anuncia una cacería. Algunos agricultores piensan que el problema es simple, o el estado caza a los terroristas con las reglas del estado, como se hizo antes, o ellos se van de cacería. Hay que recordar que en julio, el ministro Hinzpeter, aseguró comprender al ministro de Agricultura, Luis Mayol –quien, es bueno precisar, viene de la Sociedad Nacional de Agricultura- que dijo que entendía a los agricultores que se armaban para defenderse. La Fiscalía investiga al agricultor Jorge Tremer, a quien “se le encontró algo similar a un arsenal de guerra”, según el fiscal Raúl Espinoza, y está en libertad. Por s u parte, el diputado de la zona Germán Becker, llama a declarar estado de sitio en la región. Un ambiente que alimenta la violencia y la impunidad, y que alimenta también las suspicacias sobre quiénes se benefician con este clima en el sur.
El informe 2012 del Instituto Nacional de Derechos Humanos cuestiona la existencia de leyes, políticas y prácticas que responden a un modelo de seguridad ineficaz. La seguridad democrática, como expone este informe, implica reconocer y hacer valer, entre otros, los derechos de los pueblos indígenas. Un ejercicio complejo, pero donde lo sensato es avanzar. Compresible o no para todos, los derechos del pueblo mapuche, así como los de otros pueblos originarios, son una realidad que permean la conciencia universal, el derecho y generan nuevas relaciones. Reconocerse multicultural implica hoy hacerse cargo de un pasado y de una memoria.
Por eso el ministro Chadwick, que toma conciencia de algo que ocurrió hace poco tiempo en nuestra historia, tiene una oportunidad en este aprendizaje de valorar los derechos humanos. Partir por entender que aún investigando delitos hay derechos que respetar y que el debido proceso -sin ceder a las presiones y justificar la justicia por mano propia- debe primar; pero por sobre todo hay derechos que restituir y un nuevo clima que crear para desarrollarlos. Por lo pronto, una medida a tomar es reemplazar al Intendente de la Araucanía, Andrés Molina, que nos recuerda la era Hinzpeter. Si de verdad el gobierno quiere hacer algo para enfrentar este tema de una manera distinta debe ubicar en puestos claves a personas con una mejor compresión y disposición, y por lo menos usar el mismo tono para quienes urgen por más represión.
Tomar conciencia de lo que ocurre en el sur no es solo tarea para el ministro Chadwick. Más seguridad (con la clásica, del enemigo incluido), nuevas mesas de diálogo o planes regionales no sirven de mucho, si los temas que completan esta historia no están sobre la mesa. La comunidad y la sociedad civil pueden hacer más por crear espacios de comunicación y diálogo, para que así la violencia no sea el centro de este tema, y para que el estado renueve su forma de mirar y enfrentar este desafío en el sur.
José Araya Cornejo
Coordinador Programa de Ciudadanía e Interculturalidad
Observatorio Ciudadano
28 de diciembre de 2012
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