Sanciones a funcionarios: El doble estándar de Carabineros que pocas veces da de baja a quienes cometen delitos de su propia institución

Por María Cristina Prudant
La violencia ejercida por algunos integrantes de la policía uniformada contra los ciudadanos no deja de sorprender, al igual que el criterio que aplica en sus procedimientos, especialmente cuando toma decisiones acerca del personal que ha cometido algún delito o falta grave.

El coronel Víctor Tapia, de la Prefectura Santiago Centro de Carabineros, desestimó el carácter de prueba del video que muestra a un motorista de la institución dando una patada a una persona y luego atropellando a una estudiante durante una manifestación en el centro de la capital contra la Ley de Pesca. Peor aún, el uniformado dijo que el material no es muestra suficiente para comprobar la intencionalidad del policía.

En el video se observa claramente que el motorista le pegó la patada al observador de Derechos Humanos Julio Castillo cuando éste cumplía con su misión, que es precisamente observar cómo se desenvuelven los policías durante las protestas sociales e informar de ello a los organismos correspondientes, además de ayudar a los manifestantes que son golpeados y/o detenidos.

Acto seguido, pasó a llevar a otras personas y atropelló por la espalda a la estudiante de 21 años Francisca Sandoval, alumna de Sicología de la universidad Arcis, que en un principio quedó tirada inconsciente en el suelo.

Sin embargo, la fuerza de los hechos comienza a cobrar importancia y hace un par de días Carabineros separó de sus funciones al teniente que fue captado en el momento en que dio un puntapié a un joven y luego arrolló a otras dos personas con su motocicleta, en el centro de Santiago.

Así lo informó el coronel Víctor Tapia, quien agregó que la decisión se adoptó luego de realizar las pruebas en contra del oficial, cuya identidad sería Nicolás Martini Morales, de la tenencia de Batuco, y ante su presunta responsabilidad de los hechos.

El uniformado añadió que se inició un sumario que estará listo dentro de diez días hábiles, en el que se determinará si es que es expulsado por la institución o continúa en ella.

No hubo ayuda

Posteriormente la estudiante relató que se encontraba grabando la protesta en su calidad de colaboradora de la Señal 3 de La Victoria, un canal comunitario que funciona en esta población de Pedro Aguirre Cerda: "Yo iba corriendo a grabar que se cayó un motorista y ahí me atropellan por la espalda. Eso es todo lo que recuerdo y después quedo inconsciente".
Precisó que "el carabinero se bajó de la moto, miró, se paró y se fue. Se subió a la moto y se largó". Más aun, ni siquiera le prestó algún tipo de asistencia: "Nada. Fue mi prima la que me ayudó, mi cuñada y Julio y otras personas que estaban ahí".
La joven destacó que en su calidad de reportera ya había sufrido un incidente con Fuerzas Especiales y mostró imágenes de un arresto anterior en que se observa que le cargan la cabeza contra el suelo, que estando ya reducida le acercan una luma y luego se la llevan detenida.

La versión de Carabineros no coincide

Carabineros desde el primer minuto ha defendido al teniente que protagonizó este grave hecho, incluso ocultando su identidad. De esta manera, las versiones entregadas sobre el atropello han sido diversas y ninguna apegada a la realidad que describen los testigos y que quedó registrada en videos, los mismos que son descartados como prueba. Aunque se realiza una investigación del hecho y las imágenes testimoniales son analizadas por el Laboratorio de Criminalística.
La versión que hasta ahora ha dado la institución sobre el incidente es la que entregó la noche del accidente el coronel de la Primera Comisaría de Santiago Mario Ramírez, quien aseguró que el hecho ocurre en momentos en que "se produce una estampida de gente. Estas personas, por alguna información que tenemos, rodean a un grupo de motoristas y en ese momento este motorista pierda la estabilidad y cae, y en la caída habría golpeado a una persona la cual presenta lesiones leves".
Carabineros informó que mientras no termine la investigación no habrá ninguna sanción contra el uniformado, que se encuentra realizando sus funciones de manera normal. Tapia señalo que estas sanciones pueden ir desde una amonestación hasta la baja de la institución.

La ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, informó que estaba en marcha un sumario para aclarar el incidente: "Carabineros está investigando por parte de la institución, dispuesto a entregar la información a la Fiscalía, se nos ha señalado, y esperamos que sea la justicia como corresponde quien determine qué fue lo que sucedió, en qué contexto sucedió y qué responsabilidades personales existen".

La violencia se repite

El observador de Derechos Humanos de Sutra (Sindicato de Trabajadores Independientes) Julio Castillo quedó un tanto adolorido tras la caída provocada por el puntapié del policía motorista. Además, perdió su celular. Según explicó a Cambio21 la presidenta de Sutra, Verónica Brito, en su organización ya cuentan con varios casos de personas agredidas por carabineros.

"La marcha pasada a una de nuestras compañeras la tiraron al piso, la pisaron y le destruyeron el celular. Anteriormente, al audiovisual Rodrigo Casanova el guanaco lo tiró al piso, lo que le provocó una operación de cinco fracturas en la clavícula. Entonces, con Julio son tres casos. Tenemos también una compañera, Erika, que en Villa Francia le tiraron gas directo a los ojos", relató Brito.

En su opinión, la conclusión que pueden sacar es "que hay una persecución contra nosotros, a pesar de que no tenemos mala relación con carabineros. Por ejemplo, cuando estaba el ex jefe de la zona metropolitana general Luis Valdés, siempre que teníamos un problema lo llamábamos y él era muy receptivo a nuestras quejas. Con algunos comandantes y coroneles, que son los que andan en terreno, tenemos buenas relaciones, de respeto, dentro de lo que se puede considerar así".

Presentan querellas

Verónica Brito expresó su sorpresa por los dichos del coronel Víctor Tapia respecto a que "un video no significa prueba". Según informó a nuestro semanario, presentaron las querellas respectivas en los tribunales de justicia, que incluyen el caso de Julio Castillo y dos anteriores. En el caso de Castillo será una querella criminal, porque fue agredido. El abogado patrocinante será Cristián Cruz, el que llevó el caso de Teófilo Aros (perdió un ojo al ser herido por carabineros en las marchas de Aysén) y todos los dirigentes y pobladores de Aysén que fueron acusados por el gobierno de infringir la ley de seguridad interior del Estado.

En tanto, la familia de la principal afectada, Francisca Sandoval interpuso una denuncia en contra del funcionario ante la 5° Fiscalía Militar por los delitos de violencia innecesaria, vejación injusta, omisión de denuncia, incumplimiento de deberes militares y entrega de informe falso.

La joven víctima reiteró que "yo no vi ninguna agresión de parte de los manifestantes al carabinero". Agregó que ella y su familia esperan que "lo den de baja y que se haga justicia".

La gran mentira

Hace unos días el entrenador de Colo Colo Omar Labruna tuvo un accidente, chocó contra un taxi, y dijo que su esposa iba manejando en consecuencia que ella no estaba en el vehículo y llegó 20 minutos más tarde al lugar de los hechos. Luego que el DT reconoció que mintió, Carabineros anunció estruendosamente que fueron dados de baja los tres policías que estuvieron a cargo de dicho procedimiento.

Cabe preguntarse, tal como lo hizo el diputado, Tucapel Jiménez (PPD) en diálogo con Cambio21, cuál es el criterio que maneja la institución para sancionar a sus funcionarios, porque "otra cosa que llama la atención es que las sanciones no son las mismas para todos. En el caso Labruna dieron de baja inmediatamente a tres funcionarios y en casos más graves no se actúa con la misma vara".

Además Jiménez indicó que "ya es hora que el director general de Carabineros, Gustavo González, tome cartas en el asunto y así buscar los mecanismos que hagan que los funcionarios cumplan su labor, pero dentro de la ley, sin reprimir como lo han hecho hasta hoy".

En tanto, el reconocido defensor de los derechos humanos, abogado que perteneció a la Vicaría de la Solidaridad, Roberto Garretón, dijo a Cambio21 que "Carabineros ha reaccionado siempre así. Los chilenos tienen muy claro este actuar y lo que pasa hoy no se diferencia a lo que pasó durante la dictadura".

El profesional recalcó que "si bien hay algunos sancionados dentro de la institución, son penas casi ridículas, y lamentablemente el discurso que ha tenido el alto mando, primero fue Rodrigo Hinzpeter, se repite ahora con Andrés Chadwick".

"Mientras no se establezcan códigos elaborados por personas de convicciones democráticas, códigos efectivos, esto seguirá ocurriendo", puntualizó Garretón.

El mismo criterio: La impunidad

Desde el regreso a la democracia ha habido muchos casos de civiles muertos en el contexto de una protesta o manifestación social. En la mayoría de ellos los protagonistas son carabineros que, aun habiendo cometido un delito, siendo condenados, dados de baja públicamente, no han cumplido sus penas. Al contrario, han sido reintegrados a la institución, pero en otras funciones o trasladados a otra ciudad. Muchos casos siguen en la total impunidad. ¿Cuál es el criterio en estos casos?

En 1999 el estudiante Daniel Menco (23 años) murió a manos de Carabineros en Arica, en medio de protestas estudiantiles que pedían mayores recursos para el fondo solidario. La condena al homicida (Norman Vargas) fue de 3 años de presidio no efectivo por cuasidelito de homicidio, ratificado por la Corte Suprema. En este caso se determinó además la responsabilidad civil del Estado, fijando una indemnización de $280.000.000 para la familia.

El año 2002, el joven Alex Lemún (17 años) murió y fue imputado el mayor de Carabineros Marcos Aurelio Treuer Heyssen. El asesinato ocurrió en el marco de una ocupación del fundo Santa Elisa, de Forestal Mininco, emplazado en un terreno calificado por comunidades mapuche como ancestral. Alex Lemún recibió el impacto de perdigón de plomo en la cabeza. El Fiscal militar de Angol y el tribunal determinaron violencia innecesaria con resultado de muerte. La Corte Marcial retiró los cargos. No hay penas.

Otro caso es del joven de 16 años José Huenante, quien en el año 2005 fue subido por funcionarios de Carabineros a un radiopatrulla y cuyo paradero se desconoce hasta la fecha. El caso terminó en la Justicia Militar sin ningún avance hasta la fecha. Este caso es significativo pues sería el primer detenido desaparecido en democracia.

El año 2007 murió el joven Rodrigo Cisternas, de 26 años, cuando participaba de una protesta laboral contra la empresa Bosques de Arauco, del grupo Angelini, en Laraquete. No hubo imputados.

Uno de los casos emblemáticos es el de Matías Catrileo, 22 años, muerto en el año 2008 durante una toma del fundo Santa Margarita, en Vilcún. Catrileo recibió una ráfaga de UZI en la espalda. En este caso resultó imputado el oficial de carabineros Walter Ramírez Espinoza a quien se le condenó a 3 años presidio no efectivo por violencia innecesaria con resultado de muerte, atenuado por haber obrado por celo de la justicia. La Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte Marcial. Y Carabineros desvió el caso a la Contraloría y ésta entidad le dijo que podía no darlo de baja: ¿qué hizo carabineros? No lo dieron de baja. El propio Contralor Mendoza dijo que los jefes de la policía uniformada deberían tomar una decisión, si darlo de baja o no. Carabineros aún dilata.

También causó conmoción el caso de Jaime Mendoza Collío, 24 años, muerto en el año 2009 durante la toma del fundo San Sebastián, en Collipulli, de Forestal Mininco y Bosques Arauco. Jaime Mendoza recibió un disparo en la espalda. En primera instancia el oficial del GOPE Miguel Patricio Jara Muñoz fue condenado a 5 años sin beneficios. El tribunal de segunda instancia determinó que el actuar del uniformado fue "en legítima defensa", razón por la que fue exculpado de los cargos en su contra que lo condenaban a la pena de 5 años y un día.

Alboroto público para nada

El adolescente Manuel Gutiérrez, de 16 años, falleció tras recibir un disparo del funcionario de Carabineros Miguel Millacura en las inmediaciones de la Avenida Américo Vespucio en el marco de las movilizaciones con motivo del paro nacional del 24 y 25 de agosto de 2011.

En julio pasado la Fiscalía Militar de Santiago cerró el sumario. Los únicos enjuiciados hasta ahora han sido el ex sargento de Carabineros Miguel Millacura Cárcamo, a quien se sindica como el responsable de realizar el fatal disparo, por violencia innecesaria con resultado de muerte, y la ex subteniente Claudia Iglesias, por el encubrimiento del actuar del responsable del crimen. Ambos están en libertad.

Carabineros y el ex ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter respaldaron a los funcionarios. Luego tuvieron que retroceder y anunciaron públicamente, el mismo Hinzpeter, que se le pidió la renuncia al general Sergio Gajardo y otros nueve carabineros fueron dados de baja, incluido el suboficial Miguel Millacura sindicado como culpable de la muerte de Gutiérrez.
En febrero de 2012 profesionales del sitio "Yo no voté x él" solicitó información al ministro Hinzpeter para confirmar sus propios anuncios. A través de los oficios de respuesta pudieron constatar una serie de irregularidades y que los carabineros dados de baja habían sido reintegrados con el consentimiento del ministerio de Interior.

El 22 de julio de 2012 solicitaron vía Ley de Transparencia a Carabineros de Chile copia de los actos administrativos que dispusieron la baja y/o sanciones para los funcionarios involucrados en la muerte de Manuel Gutiérrez.

Según el sitio mencionado, "la respuesta llegó el 22 de agosto de 2012, en la forma de una resolución denegatoria". Sí, como lo leyó, Carabineros denegó la información.