Informe oficial de Derechos Humanos: Chile saca mala nota por actuación de Carabineros al usar fuerza desmedida contra manifestantes

Por María Cristina Prudant
El tercer Informe Anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos destaca los abusos policiales, la desigualdad social que existe en Chile, la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones y la ineficacia del gobierno para lograr el diálogo social.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a punta de trabajo serio y responsable, ganó recientemente la certificación del sistema de Naciones Unidas sobre el carácter plural, autónomo e independiente de este organismo, la cual reconoce su excelencia y lo ubica entre los mejores del mundo. Así lo destacó su directora, Lorena Fríes, al hacer entrega de su informe anual "Situación de los Derechos Humanos en Chile 2012" donde, junto con establecer un estado de situación del tema en el país, se señalan recomendaciones al Estado para dar solución a las problemáticas que el documento consigna en la materia.

Del mismo modo, Fríes considera que la organización se ha "ganado un lugar en la ciudadanía, que es, al final de cuentas, para nosotros lo más importante. Porque este Instituto descansa en un mandato legal, cierto, pero también y necesariamente en la legitimidad que la ciudadanía le otorga".

Uno de los capítulos que ha llamado la atención, incluso de medios internacionales, es el que hace referencia a la política criminal, la violencia policial, la aplicación de la Ley 18.314 que determina y sanciona conductas terroristas, y la Ley de Seguridad del Estado. El INDH cuestiona la existencia en Chile de leyes, políticas y prácticas que responden a un modelo de seguridad ineficaz y a la vez riesgoso para el resguardo de los derechos de las personas, que no aborda de forma preventiva la complejidad de elementos (políticos, económicos, sociales, institucionales) involucrados en la violencia y la comisión de delitos, que en parte producen la sensación de inseguridad que se manifiesta en las encuestas de opinión pública.

Política criminal que respete los derechos

En opinión del INDH, "el Estado tiene la obligación de diseñar e implementar una política criminal respetuosa de los derechos que emanan del debido proceso, con un uso racional del poder punitivo y de la herramienta penal, con sistemas de control social para su correcto seguimiento, con límites claros a las autoridades para evitar su utilización arbitraria, con un sistema de información que permita una continua revisión sobre su eficacia, y con una estrategia clara y esfuerzos sostenidos de reinserción social de quienes han delinquido".
Asimismo, critica que exista un problema "estructural" en materia de seguridad pública, puesto que "una política criminal construida en base al aumento de penas, a la tipificación amplia y ambigua de delitos, y al aumento de las atribuciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad, sin la existencia de mecanismos de control y límites democráticos, crea un campo de arbitrariedad para el Estado que ha llevado a denuncias de violencia policial, inhumanas tasas de hacinamiento carcelario y tipificaciones amplias y vagas de delitos, como en el caso de la Ley Antiterrorista".

En tanto, el informe denuncia la violencia que ha ejercido la policía sobre grupos vulnerables durante manifestaciones. "Durante 2012, las denuncias se han repetido en diversos contextos en el país, afectando principalmente a grupos vulnerados, como mujeres, niños, niñas, adolescentes y pueblos indígenas", sostiene.

"Yo creo que el comportamiento de la Policía ha sido un poco errático", dijo Lorena Fríes. También criticó el "uso irregular y desproporcionado de escopetas antidisturbios" en manifestaciones, principalmente en contra del pueblo mapuche, la principal etnia nativa, que habita en el sur del país.

Diputado Gutiérrez: "Es una síntesis correcta"

El diputado Hugo Gutiérrez (PC) comentó a Cambio21 que el informe del INDH "es una síntesis correcta de lo que ya otros informes han señalado. El de la UDP (Universidad Diego Portales) ya anticipaba muchas de las conclusiones que este informe ha sacado, y que efectivamente da cuenta de procedimientos policiales abusivos y arbitrarios, una excesiva aplicación de la Ley Antiterrorista, una violencia inusitada en contra de los mapuche y un problema sin solución como el hacinamiento de las cárceles chilenas".

A su juicio, el informe refleja el estado de ánimo de la sociedad chilena, que está molesta por diversas cosas, pero con un detalle: "habría que hacer algún estudio de tipo sociológico, porque por un lado diversos informes dan cuenta del excesivo uso de la violencia por parte de las policías chilenas, particularmente de Carabineros, pero por otro lado hay una opinión pública que expresa su confianza en esta misma institución. Creo que toda esa retórica de seguridad ciudadana ha calado mucho en la ciudadanía y ha generado un respaldo a las policías que me parece que no es correcto", expresó.
Y recalcó: "Hay que enfrentar la gran problemática de respeto a los derechos humanos dentro de un contexto democrático y lo que se demuestra es que, lamentablemente, la existencia de democracia no significa per se un respeto irrestricto a los derechos humanos. Esto es lamentable, porque uno pensaría, o todo ciudadano tendría la confianza, que al estar en un gobierno democrático los derechos humanos se respetan sí o sí. Sin embargo, la experiencia está demostrando que no es así y que las democracias son demasiado frágiles y no atacan con toda la fuerza que requiere a los que abusan de su autoridad vulnerando los derechos humanos".

Justicia militar permite la impunidad

Patricia Rada, abogada del Centro de DD.HH. de la Corporación Humanas, coincide con lo publicado en el informe del INDH en cuanto a que refleja lo que el país ha vivido durante este año.

"Es muy interesante, porque abordan los temas a nivel nacional, pero es lamentablemente, aunque entendible, que le dedique tan poco espacio, porque a la larga terminaría siendo un informe que nadie leería. A la vez, que se podrían abordar temas con mayor profundidad, pero dentro de las limitaciones que tienen yo lo encuentro bastante bueno. Hace alusión a los temas de violencia policial, en particular, tanto en el norte como en el sur. Releva todos los episodios vividos, como Aysén y Freirina".

Para la abogada, lo que ocurre en La Araucanía "es muy interesante, porque a diferencia del año pasado, en este pusieron con más énfasis las resoluciones que la Corte de Apelaciones de Temuco y de la Corte Suprema, que dieron pasos bien importantes en esa materia".

Además, dice, es importante relevar el papel que ha desarrollado el poder judicial "para que éste, de alguna forma, se dé cuenta del rol fundamental que juegan al momento del resguardo y las garantías de los derechos humanos, que se ven afectados en este caso por la violencia policial. Es interesante que también muchas de las sentencias nuevas que se dictaron durante este año se relacionan con los compromisos internacionales que Chile voluntariamente se ha obligado".

El rol de los Tribunales de Justicia

Rada cree que "esto también demuestra quizás un avance por parte de las cortes de justicia. Espero que se mantenga, claro".

En este sentido, apunta, "se ha recogido muy bien y me parece correcto que aparezcan los episodios a nivel nacional de violencia policial más fuerte que se vivieron, porque han sido los casos más graves y que salen reflejados en el informe".

Según la abogada, en la publicación "se releva, por ejemplo la creación del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, que es un avance, y que la sociedad civil entera espera que se le brinden los recursos económicos necesarios para que hagan una labor perfeccionadora de las fuerzas policiales en el sentido que ellos han constatado que los estándares internacionales señalan que la función policial perfectamente puede ser ejercida sin afectar los derechos humanos de las personas. Eso es justamente lo que se denuncia en el caso chileno: la forma en que la policía cumple su rol de mantención del orden público, que siempre está cubierto por un abuso del uso de la fuerza".

Rada agrega que "la llamada, tanto del INDH como de algunos tribunales, de alguna forma ejerció una presión necesaria para que Carabineros generara este departamento, que tiene la labor de circunscribir la función policial al respeto de los derechos humanos. Y eso es súper importante en un Estado democrático: entender que los derechos humanos no son algo que puede ser violado por la policía, sino que pueden ser violentados por muchos otros agentes y justamente es la policía la que tiene un rol fundamental a la hora de resguardarlos y eso debe incorporarse en la política de la institución".

Más denuncias

Muchas organizaciones han contribuido a que cada vez sean más los casos de violencia policiaca denunciados. Sin embargo, el principal escollo que impide "la libertad de denunciar" es la justicia militar.

En este sentido, la abogada Rada es enfática en denunciar la impunidad en que permanecen muchos casos de violencia protagonizados por carabineros, debido a que las causas son remitidas a los tribunales castrenses y éstos "tienen un marcadísimo índice de impunidad dentro de las causas por uso innecesario de la fuerza. Además, la nueva catalogación que se hace en la justicia militar genera también la invisibilización de algunos temas en particular, como los de agresión sexual.

Al respecto precisa que la justicia militar ha sido "cuestionada fuertemente a nivel nacional y las modificaciones que se han hecho no cumplen con los estándares internacionales. Hoy existe un proyecto de ley, pero no se sabe cuál será su futuro y si va a resguardar todos los derechos de las personas". Por ahora, la impunidad manda una señal fuerte y equivocada en un estado democrático hacia las fuerzas policiales.

Según destaca la abogada, hace unos días el INDH hizo una presentación ante el Tribunal Constitucional para que declare la inaplicabilidad de normas que otorgan competencia a la justicia militar en el caso de una adolescente que habría sido desnudada por personal de Carabineros de la 36 Comisaría de La Florida, patrón que parece reiterarse en varios recintos policiales del país.

En cambio, Corporación Humanas está litigando para que se acepte su apelación y la justicia ordinaria se haga cargo del caso de una estudiante universitaria que también habría sido desnudada en un recinto policial por personal de la 38 Comisaría de Puente Alto. La apelación se debe a que el caso fue derivado a la justicia militar.