por EFE
El alto tribunal ratificó el archivo de la causa al estar siendo investigadas esas personas por las autoridades chilenas por los mismo hechos, se informó hoy.
El pasado 30 de abril el juez de la Audiencia Nacional española Pablo Ruz había decidido archivar la investigación.
Contra esta resolución interpusieron recurso de queja entre otros, la Fundación española Presidente Allende, tras serles denegada por la Audiencia Nacional la interposición de un recurso de casación al no tener “carácter definitivo” el archivo de la causa y porque no había personas procesadas, solo imputadas.
El Tribunal Supremo avala la decisión de la Audiencia Nacional y desestima el recurso de queja “con la imposición de costas del mismo a los recurrentes”.
Al archivar la investigación, iniciada por el juez Baltasar Garzón, su sustituto Pablo Ruz acordó remitir lo actuado a la jurisdicción chilena por considerarla “preferente” para conocer los hechos y tras comprobar que la instrucción llevada a cabo en aquel país ha sido “realmente efectiva”.
En 2005, Garzón abrió una pieza separada de la causa principal contra Pinochet -incoada a raíz de la querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende en 1998- y en 2009 cursó una comisión rogatoria a Chile para preguntar si los jueces estaban investigando el alzamiento de bienes y el blanqueo de capitales denunciado.
El 12 de julio de 2010 la Corte Suprema de Chile informó de que los hechos “están siendo conocidos con jurisdicción y competencia”, por lo que Ruz decidió archivar la causa contra Lucía Hiriart, el abogado Óscar Custodio Aitken y dos máximos responsables del Banco de Chile, Pablo Granifo y Hernán Donoso.
Un año antes, Garzón había ampliado la querella presentada en 1998 contra Pinochet por los delitos de terrorismo, genocidio y torturas al de blanqueo de capitales en conexión con uno de alzamiento de bienes respecto a los exaltos cargos del Banco de Chile.
A su viuda y a su abogado los imputó por estos últimos delitos en 2004, así como a Pinochet y a varios responsables del Riggs Bank.
La causa respecto a esta entidad financiera, donde Pinochet había ocultado 10 millones de dólares en cuentas secretas, se archivó en febrero de 2005 después de que el banco llegase a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU.
En dicho acuerdo, la entidad reconoció haber cometido un delito al no informar de transacciones que apuntaban al lavado de dinero de Pinochet y aceptó pagar una multa de 16 millones de dólares.
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