Honduras: militares rodean el Congreso en medio de crisis política

El Parlamento en Tegucigalpa destituyó en la madrugada de este miércoles a 4 magistrados de los 5 que integran la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tras una prolongada sesión que inició el martes.

Un tenso ambiente se vive en las calles de Tegucigalpa, capital de Honduras, y especialmente en el edificio del Congreso Nacional, que fue rodeada por efectivos militares, en medio de una crisis política entre el Poder Legislativo y el Judicial.

Esto después que el Parlamento destituyó en la madrugada de este miércoles a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional que declararon inconstitucional un plan de depuración de la policía, infiltrada por el crimen organizado, informaron fuentes legislativas.
Con una clara votación de 97 a favor de los 128 diputados de 5 partidos, el Congreso aprobó una moción de una comisión que "pide la destitución de los (4) magistrados".

CORTE SUPREMA DEBE RESOLVER EL TEMA EN CUESTIÓN

La moción fue elaborada por los miembros de una comisión especial nombrada la noche del lunes para investigar a los magistrados de la Sala Constitucional que hace 13 días fallaron contra la disposición legislativa de someter a pruebas antidrogas y al detector de mentiras a policías, como parte del proceso que busca sanear a la institución de 14.000 miembros.
El opositor Wenceslao Lara, señaló en declaraciones a periodistas que se estaba dando "un golpe técnico" al poder Judicial y en la sesión advirtió que era una "violación de la Constitución" que conllevaba responsabilidad penal.
El 28 de noviembre, la Sala declaró inconstitucional la medida al acoger un recurso presentado por un abogado defensor de los policías por considerar que el proceso de depuración incluye procedimientos que los obliga "a declarar contra ellos mismos".
No obstante, como el recurso fue acogido por 4 de los 5 magistrados de la Sala, y no por unanimidad, el caso -según la legislación hondureña- debe ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia este mismo miércoles.

DENUNCIAS CONTRA LA POLICÍA

Las llamadas "pruebas de confianza", que puso en vigor el Congreso en junio pasado a través de una ley con vigencia de 6 meses que vencieron el 24 de octubre, consisten en someter a los miembros de la policía a exámenes antidrogas, polígrafo e investigaciones patrimoniales en busca de indicios de enriquecimiento ilícito.
El proceso de depuración fue ordenado por el Presidente Porfirio Lobo luego de que en octubre del año pasado un grupo de agentes asesinara a tiros en un bulevar de Tegucigalpa a 2 universitarios, entre ellos el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma, Julieta Castellano.
A partir de allí, tras investigaciones impulsadas por la rectora, la fiscalía denunció que sedes enteras de la policía estaban involucradas en tráfico de drogas, secuestros, robo de autos, extorsión y otros delitos.