El juez Muñoz Pardo sería el candidato de La Moneda

Las claves detrás de la quina que la Suprema propuso ayer para llenar un cupo en el máximo tribunal

Todo indica que el Presidente Piñera elegiría al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, pero advierten que lo propondrá al Senado cuando Ribera y Chadwick le den garantías de contar con los votos necesarios para su aprobación, como sucedió con Cisternas en noviembre, lobby que demoró más de tres meses.

 por Marcela Jiménez

 

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La Corte Suprema zanjó ayer en la tarde una nueva quina para que el Presidente Sebastián Piñera elija su candidato a la vacante que dejó en el máximo tribunal el retiro —en junio— de la magistrada Sonia Araneda. El juez Juan Muñoz Pardo fue parte de la nómina y todo indica que sería elegido por el mandatario para proponerlo al Senado, ya que hace semanas que el gobierno ha llevado adelante conversaciones y gestiones en la Cámara Alta para “amarrar” un consenso político que permita al ministro de la Corte de Apelaciones obtener los dos tercios de quórum que requiere para ascender.
Entre hoy y mañana debería llegar al escritorio de Piñera la quina compuesta por los jueces Alfredo Pfeiffer —que la integra por derecho propio—, Carlos Cerda, Carlos Aránguiz, Muñoz Pardo y Ricardo Blanco.
Muñoz Pardo obtuvo la mayoría, diez votos, y en el seno de la Suprema contó con el apoyo del presidente de la Corte, Rubén Ballesteros y de ministros como Juan Araya, Patricio Valdés, Héctor Carreño y Rosa Egmen. No deja de ser una señal que a pesar de ser público y sabido que tiene el veto permanente de la derecha en el Senado y que el propio gobierno ya dijo en el Senado que no lo propondrá, el juez Cerda integra por segunda vez este año la quina ya que obtuvo la segunda mayoría —al igual que Aránguiz— con seis votos de los jueces Milton Juica, Sergio Muñoz, Hugo Dolmestch, Aroldo Brito, Pedro Pierry y Lamberto Cisternas.

Las vacantes en la Corte Suprema no son un tema menor y en La Moneda hay conciencia que en lo que resta del gobierno de Piñera les quedan, aparte de esta, otras tres más que resolver, escenario que le permite al Presidente dejar una impronta no menor en el máximo tribunal del país, que tiene la última palabra en diversas causas de derechos humanos, materias económicas, penales y de medio ambiente, cuestiones vitales en la agenda pública según se ha verificado en el último tiempo.
Al cupo de Araneda que se llenará ahora, se suma que está pendiente la vacante que dejó Adalís Oyarzún, quien también jubiló en junio y la que se generará en enero, con el retiro de la ministra Gabriela Pérez. Un año después, en enero de 2014 —dos meses antes que Piñera termine su mandato— jubilará el juez Juan Araya, vacante que ya se comenta en el oficialismo puede quedar resuelta por esta administración.

Con garantías

Tanto el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, como su par de Interior, Andrés Chadwick, estaban esperando esta quina para reanudar las gestiones a favor de la “carta de consenso” que impulsa La Moneda.

Hasta la semana pasada en el gobierno optaban por la cautela sobre la opción por Muñoz Pardo, no porque desconocieran que es el candidato de Palacio, sino principalmente porque —afirmaban— no querían dar una señal equívoca al Poder Judicial de imponerle un nombre cuando aún no estaba definida la quina. Ello, en el entendido del nuevo “clima” de relaciones que se ha tratado de establecer entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
Sin embargo, en el gobierno reconocían que se han hecho las gestiones necesarias y que han logrado consensos en el Senado a favor de Muñoz Pardo. “Existe una buena voluntad política”, aseguraron en La Moneda.
Así, todo indica que el Presidente Piñera elegiría al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, pero advierten que lo propondrá al Senado cuando Ribera y Chadwick le den garantías de contar con los votos necesarios para su aprobación, como sucedió con Cisternas en noviembre, lobby que demoró más de tres meses.
En el caso del juez Muñoz Pardo, el gobierno tiene terreno avanzado. Además del respaldo de la UDI y RN, a su favor tiene una suerte de acuerdo con sectores de la DC para votar por dicho magistrado, en el entendido que ese fue el trato cuando se propuso y aprobó a Cisternas en noviembre.
El senador y timonel del PPD, Jaime Quintana, aseguró que no es parte de ningún  acuerdo con La Moneda, y dijo que sólo apoyó a Cisternas porque consideró que tenía los méritos suficientes y de paso criticó que se politicen los nombramientos de la Suprema. No quiso adelantar si apoyará o no al candidato de La Moneda.
Muñoz Pardo saca ronchas en varios sectores de la oposición, incluso en la propia DC, donde no todos comulgan con la idea y más de un parlamentario se declara “preocupado” por el perfil del candidato y también por la “impronta” que consideran busca dejar Piñera en la Corte Suprema. Se comenta incluso que el senador Eduardo Frei ya le habría explicitado al ministro Ribera su negativa absoluta a votar por el magistrado en cuestión.
No solo en la DC hay detractores. “No voté por Lamberto Cisternas, no estoy dispuesto a ser parte de ese acuerdo, porque tengo un juicio crítico y por eso no votaré tampoco por Muñoz Pardo”, sentenció el senador PS, Juan Pablo Letelier.
El senador no sería el único en la oposición que no está dispuesto apoyarlo y más de un parlamentario anuncia en privado gestiones en el seno de las bancadas para tratar de alinear un rechazo al momento de votar.

 El lado B del candidato

Los reparos a Muñoz Pardo surgen de la propia trayectoria del juez, la que ha tenido como sello su nítida inclinación a la tesis de aplicar la prescripción en casos de violaciones a los Derechos Humanos y detenidos desaparecidos. Así, sus detractores recuerdan que ha afirmado en varias ocasiones que la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y que los denominados Convenios de Ginebra no son aplicables en Chile.
Además, le enrostran que fue voto de minoría —estuvo por absolver— en la condena a un grupo de ex oficiales del Ejército por la muerte de Bernardo Lejderman y María del Rosario Ávalos, matrimonio asesinado en diciembre de 1973 en Coquimbo. También ratificó el fallo de prescripción en la causa de los hermanos Saúl y David Urrutia Galaz, de quienes algunos de sus restos aparecieron en dependencias del Ejército en Colina.
Esta “tendencia” de Muñoz Pardo no es un dato menor si se considera que son varios los casos de DD.HH. que están en su fase final y que deberán ser resueltos por la Corte Suprema. Además, cabe recordar que Piñera durante la campaña presidencial, puntualmente en noviembre del 2009, se comprometió con ex militares y ex carabineros a “no alargar” los juicios en DD.HH. durante su mandato.
En el currículum del juez también está el polémico caso “El Melocotón”: 24 abogados en plena dictadura se querellaron contra Augusto Pinochet por fraude al fisco en la compra de terrenos. Muñoz Pardo, juez del crimen de Santiago en esa época, rechazó la demanda y archivó el caso sin investigar.