Por EFE.
Víctor Pey Casado y la Fundación española Presidente Allende, los demandantes y propietarios del diario incautado tras el golpe de Estado de 1973, interpretaron así la nueva decisión de Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones de anular el fallo de 2008, que ordenó al Estado de Chile pagar una indemnización de 10 millones de dólares.
Los propietarios de la empresa editora del diario chileno “Clarín”, incautado en 1973 tras el golpe de Estado, consideraron este miércoles que la anulación del pago de la indemnización de 10 millones de dólares por parte del Estado chileno, “abre las puertas a un nuevo Tribunal de Arbitraje”.
En un comunicado remitido a la agencia de noticias Efe, firmado por el español Víctor Pey Casado y la Fundación española Presidente Allende (FPA), los demandantes y propietarios de “Clarín” interpretan así la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) de anular el fallo que el mismo organismo emitió en 2008, que ordenó al Estado de Chile pagar una indemnización por la confiscación de los bienes del diario popular.“La FPA y Víctor Pey denunciaron siempre ese fraude ante el Tribunal de arbitraje y el Comité ad-hoc y celebran que la decisión de 2012 haya encontrado la manera de anular su reflejo pecuniario”, señala el comunicado.
Según el texto, “la decisión ha abierto de par en par las puertas a que un nuevo Tribunal de Arbitraje se constituya más adelante, con la misión específica de conocer las razones que justifican en derecho que la indemnización por los daños causados debe ser superior a la simbólica concedida en 2008”.
CONFIRMA PROPIEDAD
La decisión del Ciadi de 18 de diciembre de 2012 “ha confirmado el Laudo arbitral de 8 de mayo de 2008 en cuanto a que Víctor Pey y la Fundación española Presidente Allende (FPA) son los propietarios del patrimonio de la empresa editora del diario Clarín, que está bajo ocupación militar ininterrumpida desde el 11 de septiembre de 1973”, añade el comunicado, fechado en Madrid.Confirma asimismo -prosigue- “la condena que el laudo impuso a la República de Chile de indemnizarles por denegación de justicia y discriminación, y la condena en costas. Estas resoluciones son definitivas y tienen efecto de cosa juzgada”.
El texto indica que “la decisión de 2012 innova en cuanto al monto de la indemnización a los propietarios españoles. El Laudo de 2008 había aceptado la suma -unos 10 millones de dólares- que en 2005 la Administración de Lagos había regalado a los partícipes en el fraude al Estado en torno a unos falsos propietarios inventados por la Administración de Ricardo Lagos”.
SOLICITUD DE ARBITRAJE
En 1997, Víctor Pey Casado, con el respaldo de la FPA recurrió al Ciadi con una solicitud de arbitraje debido a la confiscación del “Clarín”, que en el momento del golpe militar que Augusto Pinochet encabezó el 11 de septiembre de 1973 era el de mayor circulación en Chile.La dictadura se apropió todos los bienes del periódico y su sede, en el centro de Santiago, fue utilizada como cuartel secreto de torturas.
En su acción inicial ante el Ciadi, los demandantes solicitaban una indemnización de 515 millones de dólares, que posteriormente aumentaron a 797 millones a través de un recurso de revisión.
En su defensa, el Estado chileno limitó dicha indemnización a 10 millones de dólares, lo que el Ciadi dictaminó en 2008, y posteriormente solicitó la nulidad del fallo condenatorio que ha sido ahora acogida por el tribunal.
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