Golpe a la inteligencia policial: Fiscalía formalizará a ex oficial por escuchas ilegales

El jefe regional de la Zona Sur Metropolitana, Raúl Guzmán, solicitó la semana pasada hora para formalizar a uno de los ex jefes de la Dipolcar, el mayor Gonzalo Alveal Antonucci, por supuestamente interceptar ilegalmente el celular de un efectivo policial y usar esas escuchas para obligar su alejamiento de la institución. Fiscalía evalúa el papel de los mandos superiores en esta acción. Uniformado que hizo la denuncia en su momento también había asegurado que se "pinchaba" a parlamentarios.  

por:  Malú Urzúa y Viviana Candia 

 

 

Gonzalo Alveal será formalizado por supuestas escuchas ilegales realizadas en 2010.

El primer semestre de 2011, dos ex suboficiales de Carabineros se empeñaban en denunciar públicamente haber sido objeto de escuchas telefónicas ilegales por parte de la propia institución.

Enviaron cartas al Presidente Piñera, se reunieron con asesores de gobierno, cuestionaron la labor de fiscales que habían indagado sus acusaciones sin resultados y uno de ellos hasta se instaló ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para decir que ciertos honorables también eran objeto de estas escuchas subrepticias.
El denunciante era Esteban Infante Alcaíno, un policía que aseguraba haber sido obligado a renunciar a las filas de Carabineros luego que se le enrostraran -y, supuestamente malinterpretaran- conversaciones privadas mantenidas por celular con un colega.
A un año y medio del revuelo que significó su alocución en el Parlamento, el ex cabo Infante comienza a respirar airoso: el fiscal que investiga su querella contra la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) tomó la decisión de llevar ante los tribunales los antecedentes y formalizará a un oficial jefe de esa unidad como autor de interceptación ilegal de las comunicaciones. Le imputará, además, haber usado esa información para forzar el alejamiento de la víctima de la institución.
La posibilidad de que el caso escale hacia los altos mandos está abierta: Se indaga el papel del ex director de Inteligencia, general Bruno Villalobos, y se revisa quiénes usaron las grabaciones para alejar a Infante de la institución.
Oficial pidió su baja

El escrito de solicitud de audiencia fue ingresado el jueves de la semana pasada al juzgado de Garantía de Colina por el fiscal regional de la Zona Metropolitana Sur, Raúl Guzmán, quien ha tramitado la causa durante este último período.
En él se señala que la escucha ilegal se produjo el mes de junio de 2010 e imputa la comisión del delito al mayor Gonzalo Abelardo Alveal Antonucci, entonces jefe del equipo de Asuntos Internos de la Dipolcar.
Según supo «La Segunda Sábado», el mayor Alveal cursó su retiro voluntario hace un mes y medio.
El juez de Garantía de Colina, Gianni Pozzi Anilio, fijó la audiencia para fines de abril.
Secreto sin levantar
El fiscal regional Guzmán investigó el caso en conjunto con el fiscal adjunto Rodrigo Chinchón. Ambos, tomaron múltiples declaraciones y solicitaron a Carabineros información que no siempre se les aportó.
Así, y pese a que a este mismo diario el ex jefe de Inteligencia, Bruno Villalobos -quien estaba a cargo de la unidad cuando ocurrieron los hechos- aseguró en julio de 2011 que "levantaría el secreto" que les rige para que el caso se esclareciera, en dos oportunidades negó información solicitada por el Ministerio Público respecto a si la Dipolcar había interceptado ciertos números de celular pertenecientes al denunciante.
Además, según supimos, la pericia a las máquinas de interceptación telefónica que posee Inteligencia no la ha podido realizar la Universidad Federico Santa María, pues Carabineros no entrega ciertos códigos necesarios para levantar la información.
Esta negativa incide directamente en el nulo avance de la investigación que realiza el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, cuyo cometido es verificar si los diputados que mencionó Infante realmente habían sido escuchados ilegalmente.
Inteligencia niega intervenciones
Según los antecedentes investigativos previos de las escuchas al ex cabo Infante, la interceptación de su celular se habría logrado luego de que se incluyera ese número en un listado de teléfonos de presuntos narcotraficantes aportado a la Dipolcar por una testigo. Carabineros, a su vez, los habría entregado a un fiscal para que éste solicitara a un juez la interceptación.
La fiscalía verificó la existencia de esa mujer, pero ese número en particular no coincidía con los por ella entregados.
Luego, el órgano persecutor consultó al juzgado de Colina, de donde supuestamente había emanado la orden... Se le contestó que, en realidad, ese número no pasó por ahí.
Para la formalización, el Ministerio Público tiene en sus manos, sin embargo, un documento conseguido por el ex suboficial Infante vía Ley de Transparencia, fechado el 22 de julio de 2010. Ahí, el Departamento de Información Pública de Carabineros admite que el celular mencionado había sido intervenido , y apunta que la orden judicial había sido obtenida en la causa RUC 1000316745-9, la del narcotráfico.
En julio del año pasado, Inteligencia volvió sobre su información original y negó que sus equipos mantuvieran intervenido ese número alguna vez.
La información obtenida vía Transparencia, sin embargo, había sido ya legitimada por la Corte de Apelaciones de Santiago el año 2010, que falló en contra de un recurso de amparo presentado por Infante, pero en cuyo fallo se señala que dicha interceptación "aparece haberse hecho sin adecuarse a lo dispuesto por la ley".
"Testigo protegido" revela maletines para escuchas
Si la orden judicial existió, aunque haya sido lograda con engaños, es un escenario. El otro, que las comunicaciones del teléfono 81987843 hayan sido intervenidas por otras vías.
El Ministerio Público sabe, por ejemplo, que en Inteligencia de Carabineros operó varios años una máquina cuya misión oficial era identificar la señal de donde provenía una llamada, especialmente útil en casos de secuestros, y que como "plus" tenía capacidad de interceptar las conversaciones , aunque a muy corta distancia.
Dicho aparato habría sido guardado tras el escándalo desatado por las denuncias de Infante en el Congreso y luego que el general Villalobos fuera trasladado a la Dirección de Fronteras de Carabineros.
Además, otro antecedente irrumpió en la investigación de la Fiscalía Sur a mediados del año pasado.
Una persona concurrió a declarar como "testigo protegido" -reservándose su identidad- a la fiscalía: Avaló los dichos del ex cabo Infante en cuanto a que Carabineros contaba con máquinas especiales portátiles, tipo maletín, que él mismo habría usado el año 2003 para realizar una escucha en la que habría salido al teléfono un ministro del gobierno de Ricardo Lagos.
El policía señaló que en 2004, mientras trabajaba en el Departamento de Telecomunicaciones de Carabineros, esa repartición recibió una decena de maletines tipo Saxoline, que contenían equipos de interceptación telefónica que habían sido dados de baja por la Dipolcar. La misión de Telecomunicaciones era destruirlos. El testigo agregó que no se dejó constancia de esa destrucción y que los equipos no tenían señalado un código que los identificara como especie institucional.
 Los equipos que operan en Chile Formalmente sólo tres organismos operan centrales de escuchas telefónicas en nuestro país: La PDI, Carabineros y, desde hace tres años, la Fiscalía Nacional.
Todos utilizan la misma tecnología: los equipos de Phoenix American Technologies, modelo RT-8100, que son capaces de interceptar conversaciones de líneas fijas o teléfonos celulares.
De acuerdo al Código Procesal Penal todos ellos pueden interceptar comunicaciones de imputados sólo con autorización judicial.
Cuando se trata de seguridad nacional, la ley del Sistema de Inteligencia Nacional especifica que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) también puede recurrir a estos pinchazos telefónicos. Para esto debe solicitar autorización para este procedimiento a un juez exclusivo (un ministro de Corte), pero la medida debe ser ejecutada por las policías.
En todo caso, de acuerdo a informaciones recogidas, la ANI contaría con sistemas de escuchas propios.