Argentina: comienza juicio por Plan Cóndor con chilenos entre las víctimas

Los dictadores Rafael Videla y Reynaldo Bignone y varios ex oficiales son juzgados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura trasandina. En las 3 causas agrupadas en este juicio, las 106 víctimas de las fuerzas de seguridad en el país o en el extranjero, en coordinación con otras dictaduras, incluyen a chilenos, argentinos, uruguayos, paraguayos, bolivianos y un peruano.

La Nacion.cl

La Justicia argentina sentó este martes en el banquillo a los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura (1976-1983) bajo el Plan Cóndor, que coordinó a las dictaduras sudamericanas para reprimir disidentes en los años 70 y 80, en un proceso que incluye víctimas de varios países entre ellos Chile.
El Tribunal Oral en lo Federal 1 de Buenos Aires juzga también al ex general Luciano Benjamín Menéndez, que acumula 7 condenas por cadena perpetua, y a los ex oficiales Eduardo Samuel de Lío, Santiago Riveros, Ramón Díaz Bessone, Miguel Ángel Furci y Antonio Vañek.
El ex general Ramón Genaro Díaz Bessone fue finalmente apartado del juicio por causas médicas, mientras que el único extranjero entre los 25 imputados es el militar uruguayo Manuel Cordero, que fue extraditado desde Brasil y está acusado de privación ilegítima de libertad.

Víctimas chilenas

Por el contrario, los argentinos son una minoría entre las 106 víctimas de las fuerzas de seguridad nacionales en el país o en el extranjero durante la última dictadura, que forman parte de las 3 causas agrupadas en este juicio.
La mayoría de las víctimas son uruguayas, aunque también hay de nacionalidad chilena, paraguaya, boliviana y peruana.
La Fiscalía sospecha que muchos de los desaparecidos fueron secuestrados, detenidos y torturados en el centro de detención clandestino Automotores Orletti, ubicado en la capital argentina y que está considerado la principal base de operaciones del Plan Cóndor en el país.

ASOCIACIÓN ILÍCITA

“Este juicio tiene una importancia fundamental porque demostrará que hubo una asociación ilícita de las dictaduras suramericanas para detener y hacer desaparecer a opositores políticos", declaró la abogada querellante Alcira Ríos.
“Por primera vez están unidas todas las víctimas”, añadió Ríos, quien se mostró confiada en que después de tantos años de espera “se haga justicia”.
“Estoy convencido de la existencia del Plan Cóndor y lo demuestran sobre todo las acciones de los propios implicados que demuestran que existió una asociación ilícita para trasladar personas de un país a otro”, dijo en tanto, el fiscal del caso, Miguel Ángel Osorio.
Ese es el caso del ex coronel uruguayo Manuel Cordero, quien es acusado en 11 casos, entre ellos la desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman, uno de los casos más emblemáticos del proceso.
También serán ventilados en el juicio 2 casos emblemáticos de la coordinación represiva sudamericana: el del ex canciller chileno Orlando Letelier asesinado en Washington en 1976 y el del general chileno Carlos Prats, quien perdió la vida en un atentado en Buenos Aires en 1974.
“Hay un cable del FBI (que consta en la causa), luego del atentado a Letelier en Washington, donde se confirma la existencia del Plan y explica que el objetivo es perseguir opositores y contribuir con los distintos gobiernos de la región en inteligencia y logística en cualquier territorio”, añadió el fiscal Osorio.

EL PLÁN CÓNDOR

El Plan Cóndor u Operación Cóndor fue implementado por las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Paraguay a partir de mitad de la década de los 70 para compartir información, perseguir, asesinar, hacer desaparecer o deportar a disidentes fuera de sus países.
“Los opositores huían a los países vecinos creyendo que allí estaban seguros y no era así”, explicó Alcira Ríos, que trabajó ya en la primera causa por el Plan Cóndor, abierta a finales de los años 90.
Documentos desclasificados por Estados Unidos en 2010 demostraron también que el FBI conocía desde 1976 la existencia de un plan común de las dictaduras del Cono Sur destinado a recopilar e intercambiar información sobre disidentes con el objetivo de ejecutarles o trasladarles a cualquiera de los países firmantes del pacto.
Otra prueba de esa coordinación, es una carta de agradecimiento del jefe de la DINA chilena, Manuel Contreras, a su colega paraguayo Pastor Coronel por la entrega del dirigente del MIR chileno, Jorge Fuentes Alarcón, transportado a Chile por el coronel John Zeballos, recordó el humanista Martín Almada, experto en los archivos.