El ex magistrado de la Audiencia
Nacional de España valora que desde que logró mantener preso a Pinochet
en Londres, el principio de jurisdicción universal de los derechos
humanos se aplica; cuenta cómo se contactaba con el juez Juan Guzmán y
recomienda aplicar el Estado de Derecho en la solución del conflicto
chileno-mapuche, antes que aplicar la Ley Antiterrorista.
En una intensa visita de tres días a Chile conversamos con el jurista español Baltasar Garzón, quien fue el primer juez en el mundo en procesar al dictador Augusto Pinochet.
La entrevista fue entre medio de los abrazos que recibía y las fotos
que se tomaba con familiares de detenidos desaparecidos y ex presos
políticos que lo recibieron en Villa Grimaldi, ex centro de torturas de la dictadura.
Garzón hace algunos meses fue inhabilitado de su cargo como magistrado de la Audiencia Nacional de España por una presunta prevaricación al interceptar las conversaciones que los imputados del caso Gürtel, una red de corrupción montada por el Partido Popular
(PP), mantuvieron en prisión con sus abogados. A mediados de enero, con
Garzón ya fuera del proceso, aparecieron 22 millones de euros en un
banco de Ginebra, Suiza, a nombre del ex tesorero del PP Luis Bárcenas y se sospecha de varios desvíos de dinero realizados por dirigentes del PP. Hoy Garzón es asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya y asumió la defensa del vocero de Wikileaks, Julian Assange.
-¿Para qué sirvió a los derechos humanos universales la detención de Pinochet en Londres?
-El principio de jurisdicción universal de los derechos humanos no es un brindis al sol, dicho que usamos en España
para referirnos a algo inútil. Desde 1998 en adelante cualquiera que
viole los derechos humanos en cualquier parte del mundo sabe que será
enjuiciado donde vaya. No en vano, cuando Scotland Yard le entrega la orden de detención a Pinochet en Londres,
se pregunta sorprendido “¿cómo? ¿A mí?”. Su sorpresa da cuenta de que
jamás pensó que sobre él cayera el principio de poder perseguir crímenes
de lesa humanidad más allá de los países donde se cometieron.
-¿Cómo se contactó con el juez Juan Guzmán, quien en paralelo iniciaba un proceso contra Pinochet en Chile?
-Es raro decirlo, pero mi relación con
él da cuenta de los intereses en juego cuando ambos investigábamos las
violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de
Pinochet. En cualquier investigación penal si hay dos jueces o fiscales
en cualquier parte del mundo que investigan a la misma persona y los
mismos hechos, es absolutamente aceptable y recomendable que entren en
contacto entre ellos para compartir datos e información. Pero en nuestro
caso haber hecho eso era imposible de mostrar porque quienes se oponían
a que se avanzara en el esclarecimiento y castigo de las acciones
cometidas nos iban a recusar. De igual forma nos contactamos y
compartimos información a través de terceras personas.
-¿Es partidario de que se enjuicie a los instigadores del golpe de Estado?
-Cualquier persona que haya participado
en la preparación, desarrollo y ejecución de un hecho criminal del cual
se desprendieron crímenes que entran dentro de la categoría de crímenes
contra la humanidad, debe ser investigado. No es una cosa especial de
Chile, sino de cualquier lugar donde se produzca esa situación.
-¿Esto incluye a Henry Kissinger?
-Incluye a todos quienes estén
implicados en los hechos. Son las pruebas, los indicios, los datos y
documentos que se aporten los que tienen que determinar para el juicio
que establezca el juez.
-¿Qué opinión tiene del papel del gobierno chileno durante la detención de Pinochet?
-Siempre he dicho que no me supuso un
sabor agrio y amargo la decisión del gobierno chileno de apoyar a
Pinochet. Fue una decisión política, pero Pinochet vino a Chile no para
que se le guardara impunidad, sino que para ser sometido a la justicia.
Se le desaforó, se le procesó y le tomaron declaraciones. Si bien no
pudo ser juzgado, fue porque murió. Otra cosa es que la justicia siempre
tiene que ser más ágil de lo que es.
-Pero costó mucho iniciar el juicio en Chile.
-El juez Guzmán lo pasó mal al procesar a
Pinochet. Se enfrentó a una realidad que enfrentaba la acción de la
justicia. Presiones desde dentro y fuera del Poder Judicial… más desde
dentro…
-Jack Straw dijo que se sintió engañado tras permitir la salida de Pinochet por razones humanitarias.
-A mí nunca me engañó porque tenía los
informes médicos y esos siete informes decían que estaba preparado
Pinochet para ser sometido a juicio, sólo que en sesiones cortas por su
avanzada edad. Si Straw confiesa eso en sus memorias, yo puedo decir que a mí no me engañó.
-¿Qué opinión tiene del conflicto chileno-mapuche?
-La comisión de hechos delictivos tiene
que ser perseguida de acuerdo con las leyes que existen en cada país. Si
la ley antiterrorista existe con espacios restrictivos en su aplicación
por el poder judicial, está bien, pero no se puede confundir lo que es
la causa mapuche, sus reivindicaciones, con el terrorismo. La lógica que
dice ‘mapuche es igual a terrorista’ es inaceptable. Es como que en
España dijésemos que vasco es igual a terrorista. Creo que son cosas que
no tienen nada que ver. Los mapuches no son terroristas.
-¿La experiencia española, en que usted fue protagonista en la lucha contra el terrorismo, que garantiza?
-El Estado debe responder con el debido
proceso, con todas las garantías y sin hacer aplicaciones extensivas de
leyes especiales. Al final del camino demostrar aquello termina
fortaleciendo las sociedades democráticas.
Por Mauricio Becerra Rebolledo
El Ciudadano
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