Subsecretario del Interior se hunde en contradicciones tras afirmar ex funcionario que recomendaba amigos y aprobaba licitaciones en "caso sobreprecios"

El ex jefe de proyectos de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior, Felipe Baeza, declaró en el denominado "caso sobreprecios" que el subsecretario Rodrigo Ubilla, se saltaba "las normas establecidas" y le derivaba proveedores "que debía atender porque se trataba del amigo de alguien".
Fuente Cambio 21

Durante siete días declaró el ex jefe de proyectos de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior, Felipe Baeza, sobre su rol en la cuestionada licitación para proveer densímetros y fibroscopios al plan antidrogas Frontera Norte, y que es objeto de una indagación por presunta corrupción, nada más y nada menos que al interior de La Moneda.

Las alarmas se encendieron cuando Baeza, justo al final de su declaración y sin que el fiscal Jaime Retamal se lo preguntara, declaró que el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se saltaba "las normas establecidas" y le derivaba proveedores "porque se trataba del amigo de alguien".

"Rodrigo Ubilla, a solicitud de otros, me derivaba proveedores que yo debía atender porque se trataba del amigo de alguien. Prueba de lo anterior y a propósito de la cumbre de La Araucanía, Ubilla me encomendó en carácter de urgente y perentorio la evaluación de aviones no tripulados. Para ello me dijo que me contactara con un general de aviación, quien me diría los datos de las empresas que producían dicha tecnología, yo debía juntarme en el plazo de una semana con los proveedores y generar un informe y una recomendación de compra".

Esto, según Baeza, "saltándose todas las normas establecidas", como crear Bases Técnicas, Bases Administrativas, aprobación de Contraloría, Licitación, recibir propuestas y, solo al final, adjudicar al mejor postor.

Plan Frontera Norte

Respecto a la licitación para proveer densímetros y fibroscopios insistió, tal como en sus anteriores declaraciones, que el 27 de junio Ubilla le pidió antecedentes adicionales del proveedor, Tecnodata, y que le remitió por correo la "cotización original del proveedor del año 2011, el presupuesto disponible en las bases y el valor ofertado".

Según relató, Ubilla tomó las cotizaciones de otras empresas, las que revisó "y con esta información y estando él de acuerdo, Rodrigo Ubilla procedió a la adjudicación y firmó el documento delante de mí".

Otro de los puntos, es que el ex jefe del Departamento de Crimen Organizado de la División de Estudios, el abogado Marko Magdic -cuyo padre participó en una de las licitaciones-, le mandaba por correos antecedentes a otro funcionario de su unidad, Carlos Mella, el que a su vez se lo reenviaba a su e-mail personal, lo que se considera en la investigación una fuga de información y que ameritaba el despido de los involucrados y el sumario correspondiente.

El renunciado jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior, Alejandro Peña, le advirtió lo que estaba sucediendo al subsecretario del Interior, pero Baeza sostuvo que "Ubilla nunca lo dejó despedirlo (al involucrado) y muy por el contrario, lo defendía a muerte". Al ser consultado por el fiscal si se hizo algo por la fuga de información, dijo que "absolutamente nada, tampoco un sumario administrativo".

Además Baeza señaló que el jefe de finanzas del ministerio del Interior, John Barra, podría haber recibido alguna comisión en una licitación de la empresa Patroll Internacional, la que en 2011 se adjudicó por $2.000 millones la compra de cuatro sistemas móviles de rayos X para detectar contrabando.

Esta afirmación la realizó a raíz de un correo del 20 de octubre de 2011 entre dos ejecutivos de Patroll que dice: "John está presionando bastante con la L.C. Debemos apurar la orden de compra ya que el plazo se está poniendo peligroso".

Para Baeza, "esto podría corresponder a una comisión o coima, o pago de algún tipo. Revisando la web pude confirmar que John Barra fue objeto de un sumario administrativo mientras era funcionario público en la Municipalidad de Las Condes, siendo condenado a una multa del 10% de su remuneración", puntualizó.

Se comprueba lo denunciado

Frente a este escenario lleno de contradicciones y pasajes oscuros que involucran a una alta autoridad de la administración Piñera, como es el subsecretario Ubilla, el diputado y miembro de la comisión investigadora del caso, Marcelo Schilling, indicó que "generalmente cuando hacen las investigaciones y los involucrados ven que se están formando comisiones investigadoras o la justicia está realizando lo suyo, lo único que les queda es decir lo que realmente sucedió", al comentar los antecedentes proporcionados por Baeza..

"Aunque este gobierno tiene esa enfermedad de entregar datos de irregularidades por capitulo, y uno de esos casos es lo que está pasando en Impuesto Internos, donde también dicen las cosas a medias", reclama el parlamentario.

Además el legislador mencionó que "está bastante demostrado que hubo una maquinaria, una colusión extendida que ya se había configurado en la investigación de la Cámara de Diputados".

Sobre una supuesta renuncia de Ubilla mencionó que "es mejor dejar que se asen en su propia conciencia".

Por su parte,  el presidente de la comisión investigadora del Plan Frontera Norte, Matías Walker (DC), señaló que "son antecedentes importantes, y lo que Baeza declaró contradice lo que Ubilla venía planteando en la comisión investigadora".

"Él (Ubilla) dijo que todo sobre los precios de referencia y la adquisición de los equipos fueron hechos por Baeza y que él no tuvo referencia de las contrataciones", agregando que "el subsecretario reconoció que hubo conflicto de interés por parte de los miembros de la comisión evaluadora en cuanto a la relación con los proveedores de los servicios, por eso muchos de ellos fueron objetos de una querella por fraude al fisco, cohecho y otras denuncias. Y este es un antecedente que complica la situación de Rodrigo Ubilla".

En cuanto a cómo se ha llevado el caso, el parlamentario dijo que "esperamos ver las responsabilidades penales que existen, y nuestro trabajo como Cámara tiene la finalidad de determinar las responsabilidades políticas. Además, darle la garantía a todos los ciudadanos que vamos a escuchar todos los testimonios y leer todos los antecedentes para determinar cómo se realizó el caso sobreprecios".