El atentado que les costó la vida al general Carlos Prats y su esposa, en 1974 en Argentina, llevó a la Corte de Apelaciones a ordenar el pago de una indemnización a la familia, que ahora recibirá un aumento de esta.
El
general(r) Carlos Prats, excomandante en Jefe del Ejército, fue
asesinado en Buenos Aires con una bomba que se colocó en su vehículo el
30 de septiembre de 1974, la que fue accionada por control remoto y
provocó la muerte del militar y su mujer, Sofía Cuthbert.La Corte de Apelaciones de Santiago decidió aumentar el monto de la indemnización por el asesinato al consignar la figura de daño emergente, por lo que la cifra que deberá cancelar el fisco alcanza los 730 millones de pesos.
El abogado de derechos humanos Luís Toro, en conversación con Cambio21, explicó que "hay indemnizaciones materiales que son demostrables por el daño que fue provocado, además del costo de la vida de la persona, que por supuesto es invaluable. Hay una serie de daños distintos, como morales, estos son los daños emergentes, que habitualmente los tribunales han fijado daños materiales a modo de indemnización".
El caso
El general Carlos Prats, excomandante en jefe del ejército y ministro de Salvador Allende, escribió "me vine a la Argentina en azarosas condiciones, en la madrugada del 15 de setiembre (1973), al ser prevenido de que grupos descontrolados trataban de liquidarme".
Mientras se encontraba en la República argentina, Carlos Prats recibió varias amenazas de muerte y seguimiento. El gobierno chileno estaba en conocimiento de estos actos. Debido a estas amenazas, el general y su esposa decidieron abandonar Argentina, por lo que solicitaron en el consulado pasaportes que les permitieran viajar a otro país, sin embargo nunca le fueron otorgados. Prats salió de Chile en 1973 con su documento diplomático, pero este ya había caducado para el año siguiente y su mujer sólo contaba con su cédula de identidad, por lo que era necesario contar con los nuevos pasaportes.
El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, organismo creado por Decreto Supremo de fecha 25 de abril de 1990, aclaró que "las explicaciones oficiales que constan en documentos que esta Comisión ha conocido, no dan una razón plausible para tal negativa o demora. Menos aún si, como consta, el embajador de Chile en Argentina, envió a la cancillería chilena, con el ruego de comunicarlo también a la Comandancia en Jefe del Ejército, un télex indicando que el General Prats había recibido una amenaza de muerte".
La Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) fue la responsable de planificar y ejecutar el atentado al general Carlos Prats a través de sus agentes y con la ayuda del grupo terrorista argentino "Milicia", en el marco de la "Operación Cóndor".
Una de las hijas del matrimonio Prats-Cuthbert, Sofía Prats, sostiene que Pinochet fue quien dio la orden para que asesinaran a sus padres. Sobre esto declaró, en entrevista con americalatina.com.gr, que "era un domingo. Mis padres se habían encontrado con amigos. Almorzaron en una finca fuera de Buenos Aires y, a la noche, fueron al cine con los padres de Isabel Allende. Al llegar se produce el atentado". La periodista tenía 28 años ocurrió el atentado en el domicilio de la familia en la calle Malabia 3359.
El 30 de septiembre, cerca de las 02:00 a.m., el general(r) Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, regresaban de cenar con unos amigos, cuando murieron producto de la explosión que sufrió su vehículo a causa de una bomba puesta en el piso del auto, entre los asientos delanteros y la caja de cambios, la que fue instalada por el ciudadano estadounidense y miembro de la DINA, Michael Townley. El agente ingresó al garaje del general y colocó el explosivo en el vehículo, que luego hizo estallar mediante un control remoto, provocando la muerte inmediata del matrimonio Prats-Cuthbert. Los restos del vehículo fueron esparcidos en un diámetro de 50 metros, junto con los cuerpos destrozados de la pareja.
La investigación que se hizo del atentado del general Carlos Prats, llegó a la conclusión que el matrimonio fue asesinado, en violación de sus derechos humanos, por un acto terrorista de responsabilidad de agentes del Estado de Chile, que se presume pertenecían a la DINA. Michael Townley, exagente del organismo, autor confeso del homicidio del matrimonio Prats, declaró que la orden de matar al General Prats salió del brigadier Pedro Espinoza, el mayor Raúl Iturriaga y, "en cierto momento del general (Manuel) Contreras", pero dijo creer que la orden llegó de una "autoridad superior".
El 8 de julio de 2010, la Corte Suprema de Justicia chilena dictó fallo en contra del general(r) Manuel Contreras y brigadier(r) Pedro Espinoza como autores del asesinato del general Carlos Prats y su esposa. También encontró culpable al general(r) Raúl Iturriaga Neumann, brigadier(r) José Octavio Zara y el coronel(r) Juan Morales Salgado. Como cómplices, la justicia condenó a Mariana Callejas y Jorge Iturriaga Neumann.
La Comisión no encontró datos sobre la posibilidad de que hubiese otro perpetrador del hecho que el Estado de Chile, sin embargo, sostuvo que las acciones de los agentes de la DINA, en Chile y en el extranjero (Argentina y Estados Unidos) permitieron formular una hipótesis posible de motivos por los que se acusa que el Estado de Chile creía que el general Prats fue considerado como un factor de impredecibles consecuencias políticas para la situación del país.
En cuanto a las hijas de Prats y cómo han sobrellevado la muerte de sus padres, la presidenta de la AFEP, comentó que "nosotros siempre las hemos considerado como parte de nuestra agrupación y hemos estado al tanto de su familia. Ellas han sido muy valientes, ya que no es fácil superar la forma siniestra en que asesinaron a su madre y padre, por lo que, felizmente, el legado de amor que les dejaron ha sido ejemplo de un militar que amaba la Constitución y a su pueblo".
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