Derechos Humanos: Complot de poderes fácticos acecha a la Corte Suprema

Por Mario López Moya
La reciente renuncia con elástico a coordinar las causas de Derechos Humanos, por parte del presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, puso en el tapete la fuerza tras las sombras de los poderes fácticos. Además, dejó en entredicho el avance, que objetivamente se ha logrado, en la búsqueda de la verdad y justicia en los Tribunales. Son algunos de los tinterillazos de las llamadas viudas de Pinochet.

Estupor entre los familiares de las víctimas de la dictadura y de todo el mundo de los derechos humanos, causó la sorpresiva renuncia del presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, como coordinador de estas materias. ¿Qué había sucedido? ¿Qué hubo detrás de ésta y otras manifestaciones revisionistas de los avances logrados? Estas y muchas otras interrogantes parecían no tener respuesta, no una lógica o esperable, por lo menos. Sin embargo, dos días después, casi tan mágicamente como la renuncia, el ministro Muñoz apareció frente a la prensa anunciando que reasumía y en plenitud, que nada cambiaría.

Las razones de la renuncia

Sergio Muñoz había anunciado hace poco que asumiría el cargo de coordinador nacional de causas sobre Derechos Humanos, indicando las directrices en que orientaría su trabajo. Reemplazaba al también ministro Hugo Dolmestch en tal función. En su inesperada aparición ante la prensa, Muñoz manifestó que renunciaba, pues "hay una incompatibilidad entre lo que es la visión de este presidente con la visión que tiene el pleno de la Corte Suprema, por cuanto creo que (la coordinación) es una labor de entrega para la comunidad, para la historia de nuestro país, para reconducir todas y cada una de las acciones y ponerlas en su investigación debida", manifestó.

Según fuentes muy bien informadas a las que tuvo acceso Cambio21, durante el Pleno que originó la renuncia, algunas voces habían hecho saber al juez Muñoz que estaban en desacuerdo con una de las metas que se había propuesto en el ejercicio de la coordinación que asumiría, se trataba de la determinación de una relación del comportamiento del poder judicial en materia de derechos humanos. Una suerte de memoria histórica. Eso irritó a media docena de jueces que se opusieron, en el estilo propio de la Corte. El mismo Sergio Muñoz reconoció que "Atendido al lenguaje no escrito del Pleno, es que si no se dice lo contrario, es que se está de acuerdo, y apareció una incompatibilidad y en ese sentido lo hice saber al tribunal."

En la Corte también "cocinan"

La decisión se fraguó durante el intermedio del Pleno, durante el cafecito (¿habrá existido acá también una cocina?). Los seis ministros hicieron llegar su molestia y Muñoz entendió el mensaje. A la vuelta de la sesión, presentó su renuncia. La diferencia, explicaría Muñoz, se dio acerca de las tareas que asumiría, que él mismo había descrito como "el archivo digital de todas las causas, en segundo lugar la coordinación de todos los ministros de la información que teníamos y que se podían entregar, el tercer aspecto era la reconstitución de todos los expedientes relacionados con la materia de derechos humanos".

Relató el presidente de la Corte Suprema: "Reiteré en más de una oportunidad que esto era algo objetivo, que estaba dirigido a los jueces, a las partes, a los chilenos en general, pero en ningún momento a una evaluación o ponderación de los jueces hacia los jueces, sino que era algo que quedaba entregado al escrutinio, ponderación y evaluación de la ciudadanía, y de los historiadores que quisieran tener acceso a eso", manifestó.

Para otro de los abogados del mundo de la defensa de víctimas de la dictadura, Roberto Garretón, "ya no es tan fácil decir que Chile es el reino de la impunidad, como efectivamente antes lo fue. Ahora, los criminales y violadores de DDHH saben que podrán pagar por los actos que hicieron. Y ello fue posible porque la mayoría de la Corte Suprema y muchos jueces, incluso de provincias, lograron entender su rol de hacer justicia en esta materia. Pero los jueces "pinochetistas", -hay que usar el término como corresponde, aclara-, pasaron a protestar porque los jueces deciden darle un sentido técnico e histórico a su trabajo, con el catastro de comportamiento del poder judicial en materia de DDHH".

¿Qué buscaban con la renuncia?

Desde luego se trataba de paralizar los avances que ha mantenido el poder judicial en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Incluso más ahora, que tras la conmemoración de los 40 años, los "cómplices pasivos" estaban saliendo a la pizarra, con sentencias que ya no alcanzan sólo a muertes o desapariciones, sino que además a torturas y apropiaciones indebidas de dineros, como el reciente procesamiento dictado en el entorno del caso Riggs y que afectó entre otros al "intocable" general ® Jorge Ballerino. También cayeron otros dos generales y 3 coroneles.

Verdadero pánico se ha desatado entre los "cómplices pasivos" por estas situaciones y estimaron que ésta era la oportunidad de darle un definitivo término. Ya antes les había resultado, con la situación del ex juez Alejandro Solís. Pero Muñoz, con una gran muñeca, según reconocen sus cercanos, expuso a la luz pública el problema y las reacciones no se hicieron esperar. O quizás era justamente eso lo que esperaba el implacable juez. Solo pasaron un par de días y la situación se revirtió. El Pleno extraordinario le solicitó que reasumiera.

Y así lo expresó Sergio Muñoz: "En el Pleno de hoy día se discutió con franqueza, cordialidad y profundidad todos los temas con lo que había sido la reunión del día viernes y se determinó que siguiera yo como coordinador en las causas de violaciones a los derechos humanos. También hay que entender que es una materia prioritaria para el Tribunal Pleno que tiene que hacerse con decisión, profundidad y realizar y llevar adelante todas y cada una de las tareas que se estaba realizando hasta hoy. En ese sentido se llevará adelante esta coordinación por este ministro. Les reiteré la plena disposición del presidente para poder continuar con este cometido", agregando: "las acciones se van a llevar adelante como las había explicitado", sentenció.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, dice: "La reacción que hubo (del Pleno), fue profundamente inquietante y viene a desnudar lo que fueron las políticas de consenso que generaron la designación de jueces de la Corte Suprema mediante cuoteo político, lo que era ajeno a la valoración de la actividad desarrollada por el juez, sus merecimientos, estudios, etc. Luego, ello perfila una Corte Suprema que se aterra y opone ante la evidencia de que se conocerá ante el país cuál fue el rol que jugaron muchos de ellos en DDHH. Esas son señales muy negativas, pues demuestran un poder judicial que sigue anclado a su complicidad con los crímenes de la dictadura" afirma a Cambio21.

El caso Solís

El ex ministro Alejandro Solís, experto en las materias de violaciones a los derechos humanos, al dejar su cargo de juez había asumido como abogado externo, con la tarea de apoyar a los magistrados que tramitaban causas relacionadas a DDHH. Al cumplir un mes justo desde que había asumido sus funciones, se le solicitó su renuncia. "Mi designación causó malestar en los militares y fueron a reclamar", manifestó molesto Solís. En esa oportunidad, el Pleno de la Suprema obligó a Muñoz a pedirle la renuncia, amparados en que "no había sido consultado Hugo Dolmestch" de la designación.

Solís había causado mucho escozor en el Ejército al terminar condenando a la cúpula de la DINA en casos de gran relevancia pública, como el delicado caso del asesinato del ex Comandante en Jefe de esa institución, Carlos Prats y su esposa. Más molestia desató, pero esta vez al interior de los círculos de hierro de la Corte, al señalar que "existe falta de voluntad (de los tribunales superiores) para acelerar estos procesos (de DDHH) una vez que se dictan las condenas de primera instancia". Qué duda cabe que la salida de Solís causó una herida profunda al trabajo en pos de encontrar la verdad en materia de violaciones a los derechos humanos. Fue ese un punto en contra para Muñoz.}

El Mercurio, otra vez

El trabajo de Solís en apoyo a las causas de DDHH se filtró a la prensa y ello habría provocado la reacción del Pleno. El propio ex ministro señaló que "Yo creo que (...) hay intrigantes en la Suprema. De partida, cómo se supo esto (su trabajo). Por El Mercurio, diciendo que fue el ex juez que llevó el caso Prats, contratado por la Suprema. Y después señalaba que había causado sorpresa entre los ministros de la Corte de Santiago mi designación en este cargo".

Pero no era todo, Solís, una vez "renunciado voluntariamente", disparó también en contra del Ejército y sus ex pares: "Una fuente absolutamente confiable me dijo que mi designación causó malestar en los militares y fueron a reclamar. Y reclamaron". Y respecto de algunos magistrados de los máximos tribunales, señaló: "Falta voluntad de apurar este tipo de causas. Que sea genérico o individual, no lo sé. Si pasa el tiempo ¿en qué se traduce esto? Se van muriendo las víctimas y se van muriendo los testigos y los inculpados por razones de salud no pueden ir a la cárcel. Entonces se produce una impunidad biológica", acusó.

El abogado de DDHH Nelson Caucoto es más cuidadoso al evaluar el punto. "Hay que actuar frente a hechos concretos y lo concreto en este caso es que se está avanzando a través de la acción de los ministros del fuero o ministros en visita. Hay una creciente y permanente actividad en el tema de derechos humanos, en que se ve comprometido a todos los partícipes, la policía, el Instituto Médico Legal, los jueces, los ministros de Cortes de Apelaciones y Suprema, es decir, hay una actividad permanente, de manera que resulta artificioso el creer que hay dificultades, pues todo se habría debido a un supuesto trascendido que salió en un medio de circulación nacional", manifiesta a Cambio21.

El curso de las aguas

Caucoto, manifestó que "con la reintegración de Muñoz, se ha vuelto las aguas a su curso y no se ve ninguna medida que haya detenido los procesos, aunque me agradaría que existiesen más jueces, para dar mayor celeridad a la cantidad de causas pendientes que existen hoy día (cerca de 1.500). Claro que a diferencia de los años 90 -señala-, este trabajo no concita la atención de los medios de comunicación. Sin embargo no se puede desconocer que en materia judicial hay un avance enorme y eso se refleja en acusaciones, resoluciones, procesamientos y sentencias", indica.

Sin embargo no todos están de acuerdo en ello. Para la abogada de destacada actuación en derechos humanos, Pamela Pereira, "más que entrar a un análisis de las diversas situaciones que se van produciendo en este momento, lo cierto es que las causas de derechos fundamentales y que son las investigaciones que tienen que ver con una violación institucional y sistemática a los DDHH en el país durante la dictadura, no han tenido nunca un trato de investigación y trabajo sistemático sostenido y ordenado que lleve a la conclusión de fondo del problema, que den cuenta y concluyan adecuadamente con los agotamientos de las investigaciones y con el juzgamiento de los responsables", señala a Cambio21.

Un escenario complejo

"El escenario es complejo", reflexiona Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). "Por una parte hay compromisos de parte del gobierno, que surgen de las diferentes reuniones que hemos sostenido como agrupación con distintos ministros y también con la presidenta de la República. Esos compromisos, si bien son positivos e importantes, mientras no se materialicen, para nosotros siguen siendo un tema pendiente y una deuda que tiene el Estado, con la demanda de verdad y justicia y el término de la impunidad", indica.
La dirigente indica a Cambio21 que siente que "se verbaliza mucha más voluntad política. En la reunión con la presidenta, ella nombró a un ministro coordinador del tema, nos estamos refiriendo al ministro de Justicia, José Antonio Gómez, pero además de eso, señaló que habrán acciones concretas que permitan avanzar en esta dirección. Estaremos atentos a que se lleven adelante esos compromisos efectivamente, pero mientras ello no ocurra, no podemos decir que se avanzó. Se lamenta eso sí que de manera contradictoria, existan otras acciones como la designación de embajador de James Sinclair, quien tuvo participación directa en la destrucción de archivos de la dictadura, a pesar de la oposición de las organizaciones de DDHH".

Lorena  Pizarro se lamenta que "siempre se va ‘para atrás y para adelante' y todo eso debilita los esfuerzos que de repente se hacen y eso demuestra que la prolongación, año tras año, de estas causas no permitan concluirlas. Sucede que siempre, sea en una etapa investigativa o en otra, surgen realidades, no siempre explicadas, de demora. Siempre aparece una no voluntad de realizar un esfuerzo, que además tiene tanta incidencia en la sociedad chilena, más allá que no sea un problema político contingente, pero que sigue siendo un factor de conflicto en la sociedad en nuestro país".

Los vaivenes del poder judicial

Indica Roberto Garretón a Cambio21 que "los jueces chilenos, durante muchos años fueron, cuesta decir la palabra, fueron "cómplices" de la violación de DDHH durante la dictadura, porque nunca cumplieron con el deber de proteger a las víctimas, nunca cumplieron con el deber de sancionar de verdad a los autores de violaciones a los derechos humanos. Desde el inicio mismo de la dictadura, el presidente de la Corte Suprema de la época, declaró ‘su íntima complacencia' con los propósitos de la Junta Militar", recuerda.

Y continúa señalando: "Esa complacencia e impunidad duró hasta el 16 de octubre de 1998, en que los jueces chilenos descubrieron que es posible hacer justicia, al ver cómo Baltasar Garzón logró detener a Pinochet en Londres. Desde ese día -asegura-, los tribunales chilenos comenzaron a cambiar y a descubrir la posibilidad de la justicia, a aplicar justicia y a devolverle al pueblo chileno la sensación de que el Estado tiene que hacer justicia y la está comenzando a hacer, como se acredita en los más de 1.500 juicios abiertos en materia de DDHH actualmente, en donde han resultado condenados los autores de delitos de lesa humanidad. Claro que ello no ha estado exento de ‘votos de minoría', de quienes quieren defender y apoyan lo que fue la ‘obra del gobierno militar', como ellos la llaman", comenta.

Para Pamela Pereira, "el poder judicial, que es el llamado a efectuar este esfuerzo de verdad y justicia, no ha querido empujar este carro para llegar al resultado que corresponde, que es juzgar y sancionar a los criminales que participaron en la violación de los DDHH. Y esa es la crítica que personalmente he sostenido y compartido con numerosos actores en esta materia. Pero se equivocan quienes creen que dilatando la resolución de estos temas van a solucionar el conflicto de fondo, pues siempre habrá hijos y nietos de víctimas que asumirán el problema".

Para la abogado Pereira, "la falta de capacidad y voluntad que ha tenido el poder judicial en la resolución de los casos, más allá de estos esfuerzos individuales de jueces y ministros que han tenido la decisión de sacar adelante la investigación y empujar hacia un resultado, el poder judicial, como entidad y poder político y jurídico, no ha expresado esa voluntad como cuerpo y es ese justamente el problema", concluye.

Labor de Sergio Muñoz genera esperanzas

Lorena Pizarro está clara que "en materia de poder judicial, hoy preside la Corte Suprema un ministro que ‘hace' su trabajo, sobre todo en Chile, donde el poder judicial no siempre cumplió un rol de hacer la tarea que le correspondía, que era la de defender la vida de las personas, se destaca y se valora, por lo mismo, lo que ha hecho el ministro Muñoz en su carrera como juez, que no es otra cosa que investigar, efectivamente, los delitos, buscar la verdad y condenar a los responsables. Por eso es una señal importante que él asuma la coordinación de las causas de DDHH. También es importante que se haga una historia del rol jugado por el poder judicial en las investigaciones a las violaciones de derechos fundamentales".

Roberto Garretón, por su parte, señala que "es importante que el historial de la justicia chilena, tan brutalmente dañada desde el mismo 11 de septiembre de 1973 y al menos hasta el 18 de octubre de 1998, quede registrado, para que las nuevas generaciones de jueces, cuando se pregunten ¿qué hicieron los jueces de mi país en los casos de masacres como Lonquén, la Caravana de la Muerte, qué pasó con la tortura, etc.? Debe necesariamente existir un registro, que por lo demás valore acciones de jueces como Solís, Cerda, Guzmán, Paillás y otros, que no pueden quedar embetunados por lo que hicieron los Urrutia Manzano, los José María Eyzaguirre y todos esos", concluye.

Un signo importante sería cerrar Punta Peuco

Existe unanimidad entre todos quienes están ligados a materias de derechos humanos, en que un gran signo en el camino a la reconciliación, sería el cierre del penal Punta Peuco. Para el abogado Garretón, "es un escándalo que aún se mantenga esa cárcel. Punta Peuco establece una impresionante desigualdad ante la ley y sin ninguna justificación, sobre todo por la brutalidad de los delitos, lo que hace que sea más inaceptable aún el que se tengan cárceles especiales para individuos que han cometido crímenes en que la víctima no es solo la que sufre el crimen, sino que es la humanidad entera la que recibe la lesión. Es inaceptable entonces que, como sociedad chilena, mantengamos esos privilegios en favor de estos criminales de lesa humanidad".

Lorena Pizarro valora "que el poder legislativo esté avanzando en materia de reconocimiento de la importancia del establecimiento de la verdad y justicia en esta materia, como por ejemplo en el Acuerdo adoptado por la Cámara de Diputados que solicitó a la presidenta el cierre definitivo del penal Punta Peuco. Este es el escenario que va a definir, definitivamente, si el Estado de Chile va a avanzar en el término de la impunidad y, por lo tanto va a hacer verdad y justicia, para que esto nunca más ocurra, o el Estado de Chile se va a hacer cómplice del terrorismo de Estado y de los violadores de DDHH".

Antes de finalizar, la dirigente advierte: "No podemos esperar 4 años para que esto se defina, pues cuando la justicia no es oportuna, no es justicia".