Lunes 05 de Septiembre 2016.
Natalia Figueroa.
VIDEO MARCOS RODRGUEZ GONZALEZ.
AFDD
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AFDD
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado por el rechazo de la Cámara de Diputados a terminar con el secreto por 50 años del Informe Valech. La presidenta de la organización, Lorena Pizarro, aseguró que el actual gobierno es el que menos ha avanzado en esta materia a pesar de contar con un programa del que se valió en su campaña política.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado de Chile, luego que la Cámara de Diputados rechazara levantar el secreto de 50 años de los cuales gozan los antecedentes recogidos por la Comisión Nacional sobre Política y Tortura, conocido como Informe Valech.
Este documento integra la identificación de los responsables civiles y militares de los crímenes perpetrados durante la Dictadura.
Durante el gobierno de Ricardo Lagos se decretó la reserva de los archivos para proteger a las más de 35 mil personas que recibieron apremios ilegítimos y posteriormente prestaron su declaración, medida que, alegan las organizaciones de DDHH, fue impuesta con posterioridad a la entrega de los testimonios.
Para la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, no sorprende la postura de los parlamentarios de la oposición. Sin embargo, resultarían aún más injustificables los argumentos de los diputados de la Nueva Mayoría quienes en un principio se mostraron favorables a hacer públicos estos antecedentes. “Lo que no podemos compartir es que esto se traduzca en una obscena justificación para avalar la impunidad”, sostuvo.
El agosto de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró un informe, ante una solicitud de la Organización de Estados Americanos (OEA), concluyendo que cada Estado miembro, entre ellos Chile, debía derogar cualquier disposición que impidiera cumplir con las normas internacionales respecto a los procesos judiciales pendientes sobre crímenes de lesa humanidad.
Una normativa que Chile estaría contraviniendo con el rechazo a este proyecto y que lo ubica en una posición muy compleja, considerando que ni siquiera se cuenta con un mecanismo de prevención de la tortura, según explicó el abogado, Carlos Margotta.
Además, insistió en que la presidenta Michelle Bachelet debe hacerse responsable de una iniciativa que incluyó en su programa de Gobierno. Este sería, según precisó el abogado, el único mecanismo para revertir la decisión tomada por los parlamentarios.
En tanto, el diputado de Izquierda Ciudadana, Sergio Aguiló, calificó de falaz las justificaciones de los parlamentarios que votaron en bloque contra el proyecto.
Este proyecto fue votado el miércoles pasado en la Sala de la Cámara Baja. A los votos en contra de los diputados de Chile Vamos se sumaron los diputados del Partido Socialista Juan Luis Castro y Marcelo Schilling, del PPD Marco Antonio Núñez, Guillermo Ceroni y Joaquín Tuma y el independiente Pepe Auth, más las abstenciones de los PPD Daniel Farcas y Ramón Farías, y el DC Pablo Lorenzini.
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