Rechazamos la libertad por demencia de Ceballos, involucrado en las torturas y el asesinato de nuestro compañero de armas, el general Bachelet y de cientos de chilenos y chilenas.
Agencia UNO
Con preocupación vemos cómo desde la derecha, el poder judicial y desde el propio gobierno, se ha estado alimentando una campaña para otorgar beneficios de libertad a los criminales y torturadores, actualmente recluidos en la cárcel especial de Punta Peuco.
Alegan “razones humanitarias”. Un argumento mentiroso, que hace algunos años empleó el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle para liberar a Pinochet de la justicia en Inglaterra, rescatarlo e impedir que este fuera juzgado y que, esta semana, permite que uno de los torturadores más crueles de la Academia de Guerra Aérea, el ex coronel de Aviación Edgard Ceballos J., sea liberado por demencia.
Seguramente que, desde un punto de vista judicial y político, tal cual sucedió con la liberación de Pinochet, esta medida siempre encontrará razones. Al fin y al cabo, la ley es interpretable, pero indudablemente que afecta la credibilidad de la justicia, cuyo papel durante la dictadura ha sido largamente cuestionado por no impedir los atropellos cometidos por el poder dictatorial. Por otra parte, le resta credibilidad a los esfuerzos -parciales- hechos hasta ahora para investigar la verdad de lo ocurrido en los años de terrorismo de Estado, sancionar a los culpables de estos crímenes de lesa humanidad, reparar el daño causado en las víctimas y tomar medidas institucionales y educativas para que esto nunca más se repita.
Más allá de la interpretación jurídica, estas son decisiones que tienen un impacto en la sociedad, que hieren el alma, que cuestionan la democracia e insultan a quienes perdieron a sus familiares, amigos y compatriotas a manos de estos criminales. Nunca será posible olvidar que estos agentes del Estado, siendo oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros, participaron de manera directa o como encubridores en el asesinato de 3.197 compatriotas ejecutados (as) extrajudicialmente y que hicieron desaparecer a otros 1.102, entre 1973 y 1990.
Quienes fuimos militares y nos opusimos al golpe de Estado en 1973, negándonos a participar de todos estos hechos de represión en contra de nuestro pueblo, no compartimos estas medidas, porque no ayudan a sentar precedentes históricos y educativos. Son determinaciones que no ayudan a eliminar en las FFAA todo indicio de apoyo y justificación al papel odioso y represivo que jugaron como actores principales en la dictadura cívico militar y en el ejercicio del terrorismo de Estado entre 1973 y 1990. Años en que se acuñó la descomposición moral y la corrupción que hoy protagonizan oficiales superiores y subalternos en sus filas.
Dejamos en claro que nuestra opinión, que está lejos de la venganza o de la aceptación -o no- del perdón invocado por algunos de ellos, lo que es un acto estrictamente personal. Lo que hacemos es interpretar los hechos y a sus actores, en el contexto político e histórico en que participaron cada uno de los presos en la cárcel de Punta Peuco. Nuestro objetivo es que se saquen lecciones que de verdad ayuden a comprender las aberraciones cometidas por estos personajes que en esos años, militares con mando, asumieron el rol de dueños de la vida o la muerte de miles de personas, atacadas la mayoría de ellas estando indefensas.
Estos oficiales de Ejército, de la Aviación, la Marina y Carabineros, son culpables de involucrar a las Fuerzas Armadas en una guerra inexistente, en un enfrentamiento desigual y unilateral, en el cual asumieron que el enemigo eran los propios chilenos, quienes pensaban distinto, a los que había que descubrir y eliminar.
En medio de esa locura desatada, para los hoy decrépitos ex oficiales, entre ellos Ceballos, el obtener información, arrancarla a toda costa, fuera esta verdadera o falsa, se transformó en la misión fundamental, la que obtenían por medio de la tortura, sin escrúpulos. Amordazados y golpeados obligaban a sus víctimas a firmar papeles en blanco, para luego construir sus historias, como el plan Z, o para usarlos como antecedentes para los consejos de guerra y ejecuciones sumarias.
Guiados por la Doctrina de la Seguridad Nacional, aún vigente en nuestras FFAA, ellos determinaban quién era el enemigo; el trabajador o trabajadora, el obrero, el profesional militante de izquierda, la población que fue simpatizante de la Unidad Popular. Esos eran los enemigos, a quienes se les calificaba de traidores. Los responsables de estos comportamientos inhumanos, son a quienes se les pretende liberar.
Pretenden que, al verles en su estado actual, protegidos por la institucionalidad militar y política, se les exima de sus responsabilidades. Pero la memoria histórica y la consecuencia moral no puede olvidar que ellos son los que se sentían poseedores de un sentimiento de omnipotencia, por haber hecho claudicar a su enemigo o enemiga. Ellos son los que podían golpear a una persona amarrada hasta hacerle reventar sus órganos, o violar repetidamente a una mujer delante de su marido, de sus padres. o delante de sus hijos, o torturar a un niño en presencia de su padre o madre.
Liberar a estas personas comprometidas con crímenes de lesa humanidad, no ayuda en nada al país, por el contrario, lo que se requiere hoy es reafirmar la voluntad política para que estas aberraciones no se repitan. Para eso, el foco de atención no puede estar en los presos de Punta Peuco, sino que, en primer lugar, en terminar con uno de los principales argumentos que justifica la impunidad, que es continuar con la explicación mentirosa de que las FFAA actuaron para liberar a Chile del marxismo.
En segundo lugar, los distintos gobiernos post dictadura, no han tenido el coraje para cambiar la esencia de la doctrina de la Seguridad Nacional, que fue el origen y motor de la represión en Chile, la fuente principal de la intolerancia, que identificó al enemigo interno en el ciudadano y la ciudadana común, calificando al que piensa distinto como una amenaza para la nación. Una doctrina militar, que Pinochet, Leigh, Merino y Mendoza, luego Matthei y demás sucesores, utilizaron para trasformar al ejército de Chile en el principal actor de la persecución y represión política.
Los oficiales y suboficiales de las distintas ramas de las FFAA, Carabineros y de la Policía de Investigaciones, identificados como torturadores y asesinos, aún mantienen los grados militares, influencia y beneficios en las FFAA, incluso como se ha sabido de manera reciente, recibiendo bonificaciones en sus jubilaciones por haber actuado “en condiciones de riesgo”, es decir reprimiendo a la población.
Reconocemos los esfuerzos que se han hecho para esclarecer las violaciones a los derechos humanos, la Comisión Retigg y la Comisión Valech, las que sin lugar a dudas permitieron conocer la verdad, parcial, de los crímenes cometidos por la dictadura y que, con sus resultados contribuyeron al desarrollo de una conciencia nacional de los derechos humanos.
Rechazamos la libertad por demencia de Ceballos, involucrado en las torturas y el asesinato de nuestro compañero de armas, el general Bachelet y de cientos de chilenos y chilenas.
No aceptamos el olvido ni impunidad, por ello, levantamos una voz moral y de solidaridad con quienes perdieron, a manos de estos criminales, a sus familiares, amigos y compatriotas durante la tiranía de Pinochet.
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