27/05/2017 |
Por Mario López M.
Confesiones de oficiales y hasta un general aseguran que el actual general director de Carabineros sabía o debía saber de la existencia de los ilícitos. Los dineros defraudados alcanzarán más de 25 mil millones, afirman.
Decenas de uniformados dados de baja, presuntos sobornos y hasta dinero entregado a abogados de violadores de DDHH para ser distribuidos entre los criminales, figurarían en las nóminas. Inversiones y juerga, el destino del robo.
Ya van cerca de 20 mil millones de pesos defraudados en Carabineros y "esta investigación recién está comenzando", como dijo el fiscal nacional Jorge Abbott. El pequeño grupo de "traidores", como los calificó el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, se ha elevado a una verdadera máquina para defraudar de un ciento de uniformados y civiles quienes, mediante diversas confabulaciones, han transformado a la institución en una más de las que timaron la confianza y el erario nacional.
La investigación llevada a cabo hasta el momento dejó al descubierto una nueva arista, el mal uso de los gastos reservados, aquellos destinados dentro del presupuesto nacional a utilizar en "actividades protocolares, que por diversos motivos no se encuentran dentro de ninguna partida del presupuesto. Normalmente está asociado a apoyar la gestión de la autoridad para que realice de mejor forma su labor. Es un ítem de libre disposición, que se debe justificar que sea bien gastado y puede ser desde mandar un taxi para recoger a determinada persona, pagar un almuerzo o bien entregar regalos para agradecer determinada gestión que se haya realizado", aclara el analista y experto en Defensa Guillermo Holzmann.
Los incrementados montos 2017
No todas las autoridades de la República cuentan con ese ítem. En nuestro país, dentro del presupuesto del gobierno central, año a año se destinan a la Presidencia de la República y a los ministerios de Interior y Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y Defensa, para ejecutar gastos clasificados como reservados en pesos y en dólares. Se incluye dentro de la glosa presupuestaria y es aprobado en el parlamento. Este año ascendió a más de $6 mil millones, una cifra que, por ejemplo, cubriría más del 50% del presupuesto asignado a un servicio como el Sernac.
Dentro de estas asignaciones las FFAA poseen sus propios gastos reservados y ellos no se sacan de los dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre, van aparte, de acuerdo con una ley Orgánica Constitucional de 1990 que determina el monto asignado y cómo dicha suma se distribuye entre las instituciones castrenses.
Los gastos de las FFAA, establecidos por la ley, son difusos en su control y en la manera cómo se rinden ante la Contraloría General de la República. El propio contralor, Jorge Bermúdez, ha reconocido que "no son fáciles de fiscalizar".
Los asignados a las distintas ramas de las FFAA a través del ministerio de Defensa entregan este año al Ejército $1.367,1 millones; a la Fuerza Aérea $228,4 millones y a la Armada $163,7 millones. Desde el ministerio del Interior se entrega a Carabineros $605.499.000 También reciben de este ministerio la PDI, la ANI y la subsecretaría del Interior.
La oportunidad hace al...
El diputado DC Jaime Pilowsky asegura que lo importante es la forma cómo se rinden estos gastos ante Contraloría. "En la actualidad se hace de forma anual, sin detalle y solamente estableciendo ítems o rubros y sin documentación que la respalde", dijo, revelando de paso que ha sido el propio contralor quien les ha "señalado que hoy la posibilidad que se tiene de hacer una fiscalización y control de los gastos reservados, con el actual sistema, es imposible (...). Lo que corresponde es que podamos avanzar en una legislación que permita al contralor tener una mayor posibilidad de fiscalización", sostuvo.
Así las cosas, la discrecionalidad roza la arbitrariedad y el abuso. Esto motivo a un grupo transversal de senadores -Baldo Prokurica (RN), Pedro Araya (IND), Carlos Bianchi (IND), Alejandro Guillier (IND) y Víctor Pérez Varela (UDI)-, a presentar un proyecto que modifica la Ley N°19.863, que regula los gastos reservados para las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Agencia Nacional de Seguridad (ANI), ministerios y subsecretarías. En lo sustancial propone que la rendición de cuentas ante el contralor sea semestral y no anual como es ahora.
Agrega que debe ser entregada en forma detallada y con la documentación de respaldo, a diferencia de lo que ocurre ahora. Como la idea es cuidar que datos sensibles se divulguen, como el pago a delatores, por ejemplo, la contraloría podrá examinar los antecedentes, pero sus conclusiones las expresará a la Presidencia de la República, de manera secreta. Hoy, la manera en que se desarrolla la fiscalización es caldo de cultivo para el engaño y el abuso, como ha podido determinarse hasta el momento en Carabineros, de acuerdo con las propias confesiones de los involucrados.
El "guanaco" verde
Podría decirse -de acuerdo con declaraciones de involucrados que Cambio21 tuvo a la vista-, que literalmente esta máquina defraudadora "mojó" a un importante número de oficiales superiores por la vía de los sobresueldos, los que llegaban a diversos niveles pero que en el último tiempo se radicarían solo en algunos generales.
"Acá se hacían pagos sin acto administrativo", reconoció ante el fiscal de Magallanes Eugenio Campos el general Flavio Echeverría -hoy en retiro y en prisión preventiva-, quien es sindicado como uno de los cabecillas del "pequeño grupo de traidores" a que aludía Villalobos.
Echeverría admitió ante el fiscal que recibió -y se apropió- de cientos de millones de pesos a los que llamó de manera florida "salidas informales de fondos". Agregó que "a partir del año 2008 comencé a recibir ‘recursos' en mi cuenta corriente del Banco de Chile, la cual tengo hace más de 15 años. Dichos recursos, lamentablemente, no los supe controlar (...) (Coronel Arnoldo Riveros, el captador de los involucrados) me dijo que había unos depósitos para mis gastos personales. Esos dineros que fueron por alrededor de $ 30 millones, los invertí y los gasté. En ese año yo tenía como remuneración líquida alrededor de $ 2.300.000 (...). Yo no le conté a nadie y, como dije, me quedaba con todos los montos que me depositaban".
Solo este general recibió de esa manera ilegal $420 millones entre 2008 y 2012. A partir de ese año asegura haber dejado de percibir dineros ilícitos y de saber si la máquina defraudadora seguía operando, aunque diversos hechos le demostraban que se seguía defraudando. Sin embargo, calló y jamás denunció los delitos; sabía que era parte de la máquina.
Involucran al propio director Villalobos
Nóminas que presuntamente incluyen el nombre del actual general director de Carabineros como uno de los beneficiarios de los fondos timados, declaraciones de involucrados que lo vinculan a la máquina y presunciones del propio general (r) Flavio Echeverría que aseguran que Villalobos sabía o debía saber, han sido desmentidas por la máxima autoridad.
"Yo creo que el general (Gonzalo) Blu -Inteligencia- y el general (Julio) Pineda -Dirección de Personal- también sabían de otros nombres, por eso no hablé con el general director (Villalobos). La información le llegaba más rápido por Dipolcar (Inteligencia)", sugirió el general en retiro, dando a entender que el actual mandamás de la institución sí estaba enterado de la defraudación.
El propio Villalobos fue encargado de la Dipolcar. Su aparición -desmentida- en una nómina de pagos, busca involucrarlo. Las declaraciones del teniente coronel (r) Patricio Morales también lo han vinculado con el desfalco: "tiene un grado alto de responsabilidad. Él cuando fue jefe de la dirección de inteligencia estaba en pleno conocimiento de esto y ahora sale desviando el foco, desvinculándose del problema y aprovechándose obviamente toda su red de contactos", dijo en una entrevista al periodista Santiago Pablovic. Más tarde lo ratificaría al Ministerio Público.
Desde los inicios de este fraude hasta la fecha en que se "descubrió", en octubre de 2016, muchos de los ilícitos e involucrados quedarán impunes por la prescripción. El primer aviso vino cuando la Unidad de Análisis Financiero detectó depósitos considerados "dudosos", tanto por los montos y por la calidad de quienes aparecían recibiéndolos: policías. El Ministerio Público comenzó así a indagar al primer sospechoso, el capitán (r) Felipe Ávila, de servicio en Punta Arenas; ello generó que se encendieran las alarmas al interior de Carabineros y, en especial, entre quienes estaban involucrados.
De inmediato se instruyó un sumario administrativo para analizar si el patrimonio de oficiales activos correspondía con su nivel de ingresos. Eso en apariencias, porque la máquina defraudadora puso en movimiento una extraña excusa: "En el mes de noviembre, directamente recibo una llamada de Alejandro Cobián, del Banco Estado, el cual me comenta de un depósito por un capitán de Punta Arenas (Ávila). Yo dispongo que se averigüe de esto, llamo al comandante (Héctor) Nail y luego al coronel (Jaime) Paz, para que le diga a Nail que vea esa situación. Al día siguiente llega Nail y me indica que era ‘error del calculador', el argumento de siempre. Dispongo que se proceda por Ávila a la devolución", reveló Echeverría.
La excusa del "error del calculador", usada para intentar tapar a aquellos que se sorprendía en los ilícitos que se investigan, también la usaron otros oficiales descubiertos, como los capitanes Sergio Collados y Francisco Estrada, quienes debieron restituir los montos defraudados: "Estas devoluciones no se efectuaron de acuerdo al acto administrativo (...). Con esto deduje que el proceso anormal seguía funcionando", confesó Echeverría al persecutor.
La mafia de la Intendencia
No todos los ilícitos dicen relación con los fondos reservados. Otros implicaron un ardid mucho más elaborado en que se falsificó la contabilidad de Carabineros para tapar los desvíos de fondos.
Desde la Intendencia, que era la unidad a cargo de las finanzas y del pago de remuneraciones institucionales, se traspasaban platas de las cuentas corrientes destinadas al pago de remuneraciones de Carabineros a cuentas personales de otros uniformados de menor rango. Luego procedían a manipular los registros contables para que no quedara huella alguna. Cuando el dinero sustraído llegaba a la cuenta del uniformado, éste se quedaba con el 10% de "comisión" y entregaba el resto en efectivo a los cabecillas.
Allí se sindica como jefes de la banda delictual al mismo general (r) Echeverría y al jefe de departamento de presupuesto y Finanzas, el coronel (r) Jaime Paz Meneses; los tenientes(r) Héctor Nail Bravo y Pedro Valenzuela San Martín, junto a Robinson Carvajal, quien renunciara en 2015 a la institución.
No todos están confesos. Hasta hoy son decenas los uniformados dados de baja (más de 40), otras decenas están bajo la lupa de la justicia y las fiscalías institucionales, se ignora exactamente cuánto es lo defraudado (aunque se estima en más de $25 mil millones), y qué tan alto escalará en el mando. Además se investigan presuntos sobornos al jefe de la dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Hugo Zúñiga Pailamilla.
nversiones, lujos y juerga
Destinaron los dineros defraudados a sociedades con las que pensaban asegurar el futuro fuera de la institución. El confeso teniente coronel (r) Morales constituyó varias sociedades, tales como Red habitacional S.A. ($160 millones); MMD Security Ltda. y Cyemes Ingeniería Ltda. Por su parte el teniente coronel (r) Nail creó NAVA SpA. y la agencia de viajes HENP SpA.
El mismo Echeverría reconoce haber invertido en inmuebles en calle Miguel Claro, comuna de Providencia, en un vehículo de alto costo e inversiones: "En el año 2010 también recibí depósitos en mi cuenta corriente, también por unas sumas alrededor de $ 60 a $ 70 millones aproximadamente, también en forma parcelada. Aparecían en mi cuenta con una frase cliché de ‘remuneraciones', ‘pagos varios' o ‘pagos nómina'. Tampoco devolví a nadie esos depósitos, me los quede en un 100%. Los invertía en fondos mutuos, en BanChile".
El exuniformafo declaró ante el persecutor que parte de los fondos se ocuparon "para comprar regalos de cumpleaños para los señores generales y sus cónyuges, como también para Navidad y, además, para los generales que se van a retiro. Se compran relojes para el matrimonio, por lo tanto, el aporte que yo recibo de los $ 450 mil está dentro de los $ 240 millones que se distribuyen para los señores generales". También se pagaron atenciones de salud de alto costo incluso para oficiales ya en retiro o sus mujeres, matrimonios de los hijos y otras "minucias".
No todos fueron previsores. Otros gastaron en apuestas, viajes, mujeres y buena vida. Uno de aquellos sería el capitán (r) Carlos Rojas, a quien se imputa llevar una ostentosa vida de magnate no acorde a sus ingresos como oficial, como sus traslados en limusina o en helicóptero turístico en el Cañón del Colorado, en Estados Unidos.
Un detalle no deja de llamar la atención. En sus declaraciones el retirado general Echeverría destaca que le llamaba la atención los pagos que recibían algunos abogados que representaban a funcionarios, como Mauricio Unda, defensor de carabineros acusados de violaciones a los DD.HH. "A ellos se les pagaba íntegramente y ellos, a su vez, distribuían entre sus representados", explicó. ¿Se tratará de otra caja pagadora a violadores de DDHH para comprar silencio o retribuir los "servicios prestados" a que recientemente aludió la senadora Jacqueline van Rysselberghe sobre los criminales de Punta Peuco?
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