21/05/2017 |
En esta caso la Fiscalía determinó ampliar la investigación a un nuevo delito en el caso del millonario desfalco en Carabineros.
La Fiscalía amplió la investigación a un nuevo delito en el caso del millonario desfalco en Carabineros, donde existen 43 personas imputadas por malversación de caudales públicos, asociación ilícita y lavado de activos.
Así lo confirmaron fuentes de Radio Bío Bío quienes conocen de la indagatoria que sustancia el equipo de fiscales que encabeza el jefe regional de Magallanes, Eugenio Campos.
Se trata del delito de cohecho que se pesquisa en la arista de los pagos que se habrían realizado -con recursos de la policía uniformada- a funcionarios públicos que presuntamente participaron también del fraude que se estima en casi $20 mil millones, si se incluye la causa que se encuentra aún desformalizada.
Se detalló que la nueva línea investigativa por cohecho se basa en las declaraciones de imputados que dieron cuenta del presunto pago de sobornos al jefe de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Hugo Zúñiga Pailamilla.
Quienes conocen de esta investigación además explicaron que hay un testimonio que da cuenta "del pago mensual" al funcionario público con el uso de los recursos que el Estado destinaba para Carabineros.
La Fiscalía sindica a Zúñiga Pailamilla, en base a las declaraciones de coimputados, "como enlace entre algunos miembros de la organización criminal y el Ministerio de Hacienda para desviar fondos desde cuentas institucionales de Carabineros".
Fue el fiscal oriente, Miguel Ángel Orellana, quien el viernes 12 de mayo le tomó declaración como imputado por más de cinco horas. Se apunta a su posible participación en los ilícitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita, lavado de activos y ahora cohecho.
Como parte de la cúpula de esta supuesta asociación para delinquir figura -como uno de sus líderes- el mayor en retiro, Nelson Valenzuela, quien se desempeñó en Intendencia, en específico en remuneraciones y finanzas. El rol que se le atribuye es el de reclutar personas para que facilitaran sus cuentas corrientes para sacar el dinero desde la institución policial.
Su abogada, Jaqueline Stubing, rechazó la existencia de una organización criminal indicando que no habría podido operar en una institución tan jerarquizada como Carabineros.
Mientras, siguen las pesquisas en la arista donde se busca establecer el pago de sobresueldos con uso de gastos reservados.
Ya se cursaron citaciones para que declaren altos mandos de períodos anteriores al del general director de Carabineros Bruno Villalobos.
La abogada defensora que representa a tres imputados en este caso, Bárbara Salinas, dijo que esta línea investigativa podría constituirse en la más importante.
Más del 50% de los gastos reservados se destinaba al pago de sobresueldos de generales, según las últimas declaraciones proporcionadas por imputados en la causa.
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