Desde hace un par de días, María Virginia Rojas Torres (64), no aparece por sus locales de artículos de oficina de calle Placer, frente al mall del Mueble del Barrio Franklin, donde otros comerciantes recuerdan que este último mes se le ha visto abrumada por temas personales. Hace una semana, la mujer vendió una de sus librerías de la galería de Calle Bandera 521, y puso otra en arriendo. Desde entonces, el resto de propietarios del centro de ventas desconoce su paradero, aunque ya se rumorea en el recinto que la mujer y su pareja, Mario Figueroa Ramos (69), están metidos en “algo raro”.
La magnitud del lío en que ambos están involucrados es algo que los locatarios vecinos a Rojas Torres no dimensionan y que, hasta ahora, era desconocida. En su último escrito, que publicó este medio, el fiscal Eugenio Campos cifró los recursos defraudados en Carabineros a través de Rojas Torres y Figueroa Ramos en $1000 millones solo por concepto de cobro de cheques. Eso, señala el Ministerio Público, “sin considerar los pagos ilícitamente recibidos por ambos en sus cuentas institucionales vía transferencias bancaria, a través de cuentas institucionales de Carabineros de Chile, sin ser parte de la institución”.
Según la información recabada por The Clinic Online, entre las cuentas institucionales que sirvieron para que María Rojas y Mario Figueroa extrajeran recursos está la de gastos operacionales desde donde se habría desviado, mediante la pareja de la tercera edad, otros $3 mil millones de la institución. Es decir, el 25% de la cifra oficial del desfalco, que según el Ministerio Público alcanza $16.500 millones -y que según la información recabada por este medio ya se empina en $25 mil millones- pasó por las manos de dos ancianos a través de la gestión directa del coronel Jaime Paz, quien recibía órdenes del general Flavio Echeverría.
Dónde está el dinero es una incógnita que debe dilucidar el Ministerio Público, pero en su declaración en Fiscalía, Figueroa Ramos ha manifestado que en su caso se operaba con la misma fórmula que con el resto de los cuentacorrentistas: Tras recibir los recursos, se quedaba con una comisión y devolvía el resto en efectivo. Es decir, el destino final estaba en manos de los líderes de la banda delictual.
En su testimonio, el hombre que fungía de palo blanco cuenta que desde hace dos décadas ha entregado productos a Carabineros y que conocía a Echeverría y otros funcionarios, entre ellos al contador Eduardo Pardo, uno de los eslabones más relevantes en la defraudación porque manejaba el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SigFes), que se utiliza para llevar la contabilidad en Carabineros y otros organismos estatales. Pardo le depositaba dinero en su cuenta indicándole que debía ir sacándola en cantidades de $5 y $10 millones. Según Figueroa Ramos, el dinero lo juntaba en su local y a cambio de todo esto le daban una comisión de $200 a $300 mil pesos. Además Pardo le entregaba mensualmente dos cheques que eran de $98 o $94 millones.
Los cheques los confeccionaba el oficial Sergio Bracamonte, aunque éste ha dicho ante el fiscal que la comisión de Figueroa Ramos era superior a la que él admite y que los abuelos recibían el 10% del dinero robado.
DINERO POR MONTONES
Echeverría en su declaración en Fiscalía –que publicó The Clinic Online hace un mes y medio– insistió en que él sólo era un miembro más de la máquina de defraudar, pese a que testimonios recogidos por este medio indican que incluso reclutó de forma personal cuentacorrentistas. También ha dicho que sólo se quedó con $420 millones del total robado. Sin embargo, fuentes de la institución aseguran que fue él quien le abrió las puertas a la pareja de la tercera edad para que pudieran vender sus productos de oficina, sin ser proveedores oficiales de Carabineros, y obtener por ello cifras que no se condicen con la transacción realizada. Es decir, el jefe de Finanzas compró los lápices y papeles más caros de la historia.
Del General Echeverría dependían cuatro cuentas del Banco Estado: La de Gastos en Personal, sindicada con el número 901813-1, donde se giran todos los recursos relacionados con el ajuste y pago de las remuneración; la de Tesorería, identificada con el número, 900413-1, donde van a parar dineros de reintegro y de licencias Médicas; la del Fondo Desahucio, 901815-8, con la que se pagan las indemnizaciones de los uniformados y que corresponde a dinero ahorrado por carabineros y la de Gastos Operacionales, que corresponde a la cuenta 901306-7 y que cubre gastos e inversiones originados por la Dirección de Finanzas y distintos departamentos.
Echeverría y el resto de la Mafia de la Intendencia no dejaron ninguna cuenta indemne. De todas sacaron fondos y de esta última, como reveló este diario, sólo en dos años extrajeron $4 mil millones. Un personero que los conoció detalla que “entregaban materiales en todas las unidades de Finanzas. Mario era conocido de Echeverría desde el año 2007 o 2008. Era muy amable y siempre tenía las cosas chicas que se le pedían”.
Este último punto es crucial, dado que las grandes compras de Carabineros no dependían de Echeverría, sino que se realizan a través de otro departamento. Aún así el coronel Jaime Paz aprobó adquisiciones millonarias a Rojas Torres y Figueroa Ramos.
The Clinic Online acudió a los dos lugares donde María Virginia Rojas Torres trabajaba regularmente y la mujer fue contactada telefónicamente. En primera instancia negó estar involucrada en el caso y luego no respondió las consultas formuladas por este medio.