23/05/2017 |
Por Felipe Reyes
Diversos personajes del acontecer político entregan su mirada de la situación que actualmente es objeto de fuertes críticas.
El tema de las pensiones que reciben los condenados en Punta Peuco por delitos de lesa humanidad ha ido con los días incrementándose en su relevancia pública.
Algunos dicen que es información que ya se había hecho pública y que es dominio de autoridades y parlamentarios. Sin embargo, en un segmento amplio de la población genera indignación y descrédito.
Muchos argumentan que por el nivel de sus delitos deberían ver suspendidas o disminuidas sus pensiones, otros estiman que su rango militar tendría que ser el castigado con una disminución drástica, y están aquellos que consideran que se trata de un derecho, tanto para los militares como para sus familias.
La discusión ha hecho visible que en el Congreso ya se encuentre en carpeta un proyecto de ley que apunta a la degradación de los uniformados que están cumpliendo penas. Esto sería posible a través de una modificación al Código de Justicia Militar.
Discusión abierta
Se debe establecer que la primera de las iniciativas se presentó ante la Cámara de Diputados el 15 de julio de 2010 y que su última tramitación es del 8 de septiembre de ese mismo año.
La segunda solicitud ingresó al Senado el 11 de agosto de 2015. Ese mismo día, la Cámara Alta acordó que luego de ser analizada por la Comisión de Defensa, sea vista en conjunto por las delegaciones que estudian los asuntos de Constitución y Derechos Humanos.
Quien presentó el primer proyecto fue el diputado DC Gabriel Ascencio, en donde se buscaba modificar el artículo 222 del Código de Justicia Militar aplicando la degradación militar a quienes hayan sido condenados por crímenes de lesa humanidad.
El mismo Ascencio, actualmente embajador de Chile en Ecuador, explicaba el año 2010 que el fundamento del proyecto era que "considerando que en el Código de Justicia Militar no existe la degradación para aquellos uniformados que hayan cometido este tipo de delitos, crímenes repudiables por todos los estados democráticos del mundo, y sólo se contempla cuando las penas hayan sido presidio perpetuo o pena de muerte", explicaba.
Alicia Lira, presidenta de organización de Familiares de los Ejecutados Políticos, comentó las altas pensiones de los condenados de Punta Peuco diciendo que "nos violentan los privilegios que tienen los violadores de derechos humanos aún al interior de una cárcel".
"En contraste con estas jubilaciones, los 30 mil exprisioneros políticos sobrevivientes de tortura reciben 120 mil pesos mensuales", en relación a la pensión que otorgó la Comisión Valech.
Quien ha defendido a los condenados de Punta Peuco es la senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe. Sobre la posibilidad de degradar a los militares ella dijo: "estoy en absoluto desacuerdo con degradar a los militares. Creo que detrás de estas personas hay familias y el castigo es privarlos de libertad".
"Pero si ellos trabajaron su vida al Ejército, más allá de la causa que están purgando, me parece que es un ensañamiento judicial quitarles ese derecho", apunto.
El diputado PPD Tucapel Jiménez, uno de los autores de la iniciativa que está en la Cámara, indicó que "este proyecto ya tiene bastante tiempo. Sin embargo, hay colegas que los hacen cambiar de comisiones y ahí los hacen morir". Añadió que "si esta moción estuviera aprobada, a estos condenados se les quitarían todos los grados militares, que incluye la jubilación". Dijo también que "el gobierno debería poner algún tipo de urgencia a esta iniciativa".
El diputado DC Sergio Ojeda es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Le consultamos su mirada de la situación sobre la degradación de los militares.
"Los proyectos se deben tramitar, en forma alguna se trata de algo que se presenta y que se deja ahí. Es un proyecto de ley que lleva varios años esperando. La verdad que se trata de un tema muy complejo y muy sensible. Hay que ver la oportunidad si se tramita o no para no seguir escarbando en las heridas", afirmó el diputado.
"Las pensiones que reciben son muy elevadas, las que contrastan con las que reciben el general de los chilenos. Esto demuestra que hay mucha diferencia social y mucha desigualdad. Esto es lo que a la gente no le gusta", indica.
"El problema con el proyecto presentado el año 2010 es que no sé si tiene efecto retroactivo. Se tendrá que evaluar pues se trata de un tema en suma complejo y sensible. Al tener relación con las pensiones se vuelve mucho más sensible, pero, insisto, se tiene que revisar la situación de la retroactividad", finalizó el diputado Ojeda.
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