Punta Peuco y sus pensionados: ¿se debe modificar el sistema que regula las jubilaciones de los condenados por violación a Derechos Humanos?

19/05/2017 |

Por Felipe Reyes

Varios de los internos del penal gozan de millonarias pensiones, pues como la condena no afectó su escalafón militar, todo sigue igual. Torturadores, asesinos y, además, muchos de ellos millonarios.

Los últimos días han visto a Juan Emilio Cheyre carearse con sus acusados de abusos físicos durante los primeros años de la dictadura militar.

Una situación que ha evidenciado que la verdad no ha sido dicha del todo. Más aún, este jueves una publicación del diario La Tercera hizo que el nivel de indignación de algunas personas creciera con fuerza.

Pensiones millonarias

Hasta 3,2 millones de pesos brutos reciben como pensión algunos de los presos del penal Punta Peuco, pese a estar condenados por violaciones a los Derechos Humanos.

La publicación explica que estas pensiones a militares jubilados son entregados por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) de acuerdo al grado que ostenten al momento de su retiro.

Asimismo, revela que en promedio 95 exoficiales sentenciados en casos de violaciones de lesa humanidad reciben en promedio 1,6 millones de pesos y recuerda que en el caso de los funcionarios de las FF.AA. no pierden su grado, independiente de si fueron condenados por cualquier delito, lo cual también les permite mantener esas pensiones.

Según el reporte, quien lidera el listado es el coronel (r) y exfiscal militar Fernando Torres Silva, con una jubilación bruta de $3.254.850 la que recibe desde el año 1999.

Quien le sigue en el listado es Eugenio Covarrubias Valenzuela, con 2,9 millones de pesos brutos como jubilación. El exbrigadier del Ejército Miguel Krassnoff Marchenko recibe 2,4 millones desde el año 1999, mientras que el exsubdirector de la DINA, Raúl Iturriaga Neumann, percibe 2,1 millones mensuales.

¿Es prudente esta situación?

Conversamos con el abogado de Derechos Humanos Luis Toro sobre la situación actual que se presenta con los militares en retiro pensionados condenados en Punta Peuco.

"Obviamente que este tipo de situación toca un tema de carácter moral, el que estas personas que han cometidos delitos de lesa humanidad tengan estas pensiones de parte del Estado, las que son tan altas, vuelve la mirada a la verdad y la colaboración que ellos han entregado a las investigaciones", dice el abogado.

Para el profesional la situación responde a situaciones legales pues "para bien o para mal ellos tienen un derecho, y este derecho es un elemento cuya única forma de modificación vendría a ser a través de una Ley. Personalmente pienso que se trata de un tema que debe ser discutido para revisar la posibilidad de establecer esta ley".

"Sus pensiones, se esperaría, no deberían sobrepasar lo necesario para su subsistencia diaria. Esto, además de considerar que es el Estado quien paga su estadía en el penal de Punta Peuco. De modo que todo el dinero les queda libre, situación que moralmente se hace insoportable. Me parece que la ley que revise esta situación debe ser aprobada por los sectores democráticos del país", concluyó Toro.

En tanto el abogado Ramón Briones tiene una mirada algo diferente. "Todo el mundo tiene derecho a sus pensiones pues se trata de un impuesto social por el que el Estado a dispuesto los sistemas necesarios para administrar los fondos, y esto es algo que nunca ha sido tocado por las condenas. Nunca se le ha quitado la pensión a alguien por estar preso",

Al comentar el sentido de esta pensión Briones explica: "generalmente se trata de dineros familiares, los que no corresponde a la condena. Eventualmente podría pensarse una solución distinta para futuros condenados, a quienes podría quitárseles parte de su pensión para responder por daños y prejuicios. Pero lo normal es lo que sucede actualmente".

"Todas las personas que están presas y que son mayores se encuentran recibiendo sus pensiones, no se vuelve una causal de inhabilidad para el sistema previsional el estar detenido. Los debates morales dan para todo, entonces deberíamos realizar una academia moral, lo que es otro tema. Si se espera que un individuo pierda su pensión por estar condenado es algo que debe discutirse en su eventualidad, pero los debates morales son demasiado amplios y variados", concluyó Briones.