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De caja chica de Pinochet a cuestionadas operaciones con intereses bancarios: los otros negocios de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional

06/05/2017 |

Por Mario López M.

A los escándalos recientes de millonarias jubilaciones se suma una veta hasta ahora desconocida. La Capredena (Caja de Previsión de la Defensa Nacional) obtuvo por años intereses bancarios ilegales, que no entraban a la contabilidad institucional y sirvieron para pagar gastos que sí eran institucionales, aunque de los excedentes nadie conoce su paradero.

"Capredena y Dipreca (...) es un sistema que tiene un 90 por ciento de financiamiento fiscal, y un 90 por ciento de déficit. Son 1.800 millones de dólares anuales, 0,7 puntos del PIB", precisó David Bravo, ex presidente de la Comisión Asesora Presidencial de Pensiones. Resulta inconcebible, en consecuencia, que a pesar de ello se desviaran fondos fiscales y de los pensionados -de acuerdo a denuncias hechas llegar a Cambio21- para llevar adelante un negocio que no reditúa de manera alguna a la institución o, al menos,  no de manera transparente.

Una triangulación entre Capredena (Caja de Previsión de la Defensa Nacional), un banco que pagó intereses al margen de la ley por dineros puestos en cuentas corrientes, en vez de estar ganando intereses legales a plazo, y una institución externa que le presta servicios contratando personal para que trabaje en la misma Caja, pero con dineros que salen de Capredena sin que se registren conforme a derecho y sin control de los excedentes, constituyen un nuevo escándalo que hasta hoy ha pasado inadvertido.

Origen épico, pero...

Por definición,  "la Caja de Previsión de la Defensa Nacional es una Institución pública de Seguridad Social al servicio del personal en retiro de las Fuerzas Armadas, que busca mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad y pago de pensiones, además de sus productos asociados, como bonificaciones, prestaciones de salud, asistencia social y servicios financieros".

Sus orígenes se remontan a comienzos de la República, específicamente a 1817, en que se promulgó "el primer decreto que concedía montepíos a los familiares de los vencedores de la batalla de Chacabuco caídos en el campo de batalla".

Otras acciones aisladas de reconocimiento a los mártires y de protección a sus familias fueron creando las bases de la llamada "Sociedad Protectora de Viudas y Huérfanos de los Mártires de la Patria", durante la guerra del Pacífico. Fue recién en el siglo XX que se institucionalizó "la administración del sistema de previsión militar".

En 1915 se crea la Caja de Retiro y Montepío de las Fuerzas de la Defensa Nacional, hasta que en 1953, "bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, se dicta el DFL N°31 que crea la actual Caja de Previsión de la Defensa Nacional". También se amplió su financiamiento, dando lugar a otras prestaciones distintas de la sola previsión.

Con la dictadura de Pinochet, toma importantes fuentes de ingresos inmobiliarios y financieros y asume  injerencia en "la administración de centros de salud, abiertos al público y de primer nivel, del fondo de desahucio, del fondo de auxilio social, prestamos de auxilio habitacionales, fondo de medicina curativa y fondo solidario". También entra al negocio de los intereses.

La movida

A comienzo de los 90 en Chile estaba en pleno imperio el acuerdo No 1504-04-930322 del Comité Ejecutivo del Banco Central, el que había derogado el artículo 8 del D.F.L. No 707 de 1982, una norma que habilitaba a los bancos para pagar intereses por los saldos en cuenta corriente de sus clientes. Luego, si ello ocurría esos intereses jamás serían parte del presupuesto de la institución, pues no existían legalmente. Hoy es legal, pero no lo era al producirse estos hechos denunciados.

Capredena, de la mano del  entonces vicepresidente ejecutivo de la institución, el médico Patricio Silva Garín -el mismo vinculado al asesinato del expresidente Eduardo Frei Montalva-, ideó la fórmula para torcerle la nariz a la ley y negoció con varios bancos de la plaza el que se le pagaran bajo cuerda -según denuncias que en su momento se formularon en tribunales y que Cambio21 tuvo a la vista- intereses por los depósitos que mantendría en cuentas corrientes.

Los saldos en las cuentas eran bajos y alcanzaban para pagar los gastos; los grandes depósitos solo se hacían para las fechas de los pagos de pensiones. Parecía un despropósito mantener liquidez en cuentas corrientes y no a plazo, pues ello causaba perjuicio fiscal.  Sin embargo, consultaron vía licitación privada a varias instituciones bancarias. No todas se prestaron para la operación. Una sí lo hizo sin cuestionar el punto -y sin conocer el manejo tras la movida-, el Banco de Crédito e Inversiones que terminó adjudicándose la operación.

¿Liquidez a toda costa?

Los fondos de los imponentes se trasladaron a cuentas corrientes a partir del acuerdo, generando saldos promedios que superaban los $600 millones en el mes más bajo y los $1.000 millones en el mes más alto que fueron tomados como referentes para el acuerdo. Ello otorgaba un "excedente, ganancia, utilidad o interés entre las fechas de su depósito y la de su giro, la que no ingresaba a las arcas de Capredena, sino que servía para financiar la contratación de personal externo que prestaba servicios para la institución, desconociéndose qué se hacía con los excedentes o qué destino tenían", planteó a Cambio21 una fuente bien informada y que conoció de cerca la operatoria.

Decenas, cientos y hasta miles de millones de pesos fueron parte de esta operación que implicaba triangular dineros. El entonces subgerente de operaciones Franklin Araneda Miranda, en Informe GGL N° 72/4 del 16 de marzo de 1987 dirigido al gerente general de Capredena, daba cuenta de a cuáles bancos se había dirigido la propuesta privada, cuáles no habían contestado, los que habían ofertado y cuál, en virtud del pago de intereses, parecía más recomendable.

"Del estudio citado, se concluye que la mejor proposición es la presentada por el Banco de Crédito  e Inversiones en la letra b) de la alternativa N° 1, esto es, 80% más 3,5% de intereses anual", sostiene la nota, para concluir que "consecuente con lo anterior, se propone aceptar la oferta del Banco de Crédito e Inversiones". Nada dice de en qué se gastarían esos fondos, cómo se contabilizarían, quién los controlaría, menos su destino.

La intrincada operatoria

Otra fuente que pidió también reserva de su nombre relató a Cambio21 cómo operó el sistema del uso de los intereses por los dineros de los cotizantes: "Nosotros no sabíamos de dónde provenían los fondos, solo que cientos de empleados que entendíamos que pertenecíamos a la defensa nacional, en realidad éramos empleados de un empresa externa, CGT, por lo que sólo pudimos enterarnos cuando queríamos jubilar o rejubilar y no teníamos los derechos que otorga el pertenecer a las FFAA".

La empresa CGT a que hace referencia es la Compañía General de Telecomunicaciones Limitada, una sociedad del giro computacional que pagaba los sueldo a un número importante de personas que no se contempla en la dotación de planta de Capredena, aunque laboraba en sus instalaciones y mantenía grado y otras prebendas propias del personal de planta, eso, hasta que intentaban jubilar o se retiraban. Ahí se descubría el hecho. CGT ha mudado de nombre reiteradas veces, según nuestras fuentes.

A su vez Capredena al contratar este intrincado sistema de servicios de depósitos bancarios y cuenta corriente con el Banco de Crédito e inversiones para el pago de las pensiones de sus imponentes a cambio del pago de intereses por los saldos que la caja mantenía en cuenta corriente, arrastraba a CGT en la operación.

Esta empresa celebraba a su vez un convenio con el banco facturándole mensualmente el monto correspondiente a sueldos y utilidades de esa compañía, bajo una suerte de servicio computacional. CGT retiraba su parte y se generaban excedentes, desconociéndose su destino final.

Inédita operación con fondos fiscales

Sólo en 1990 Capredena mantuvo en cinco cuentas corrientes en el Banco de Crédito e Inversiones saldos promedios mensuales de $1.067.463.632, gracias a lo cual obtuvo una ganancia de más de $250.000.000. Aún más, entre enero de ese año y diciembre del mismo, los depósitos fluctuaron entre $20.936.728, en el mes más bajo y $97.812.244  en el más alto. "Estás cantidades, obviamente, no tienen un destino legal ni contable definido", recalca nuestra fuente.

¿Bajo qué autorización se realizaron estas operaciones? ¿Dónde fueron a parar los excedentes? Preguntas que hasta hoy se hacen exfuncionarios que vieron frustrados y burlados sus derechos previsionales. No solo eso, sostienen que además existe "uso indebido de fondos fiscales y de los propios imponentes". Una cosa es el tema de los excedentes y otra el que esos fondos se hayan retirado de depósitos legales a plazo para destinarlos a esta operación, puntualizan.

Al interior de Capredena, entre autoridades de la época, fue un secreto a voces esta anómala situación, aseguran nuestras fuentes, situación que siguió produciéndose incluso una vez que regresó la democracia, pero nadie hizo nada por detenerlo. Incluso aventuran que esos fondos habrían servido para financiar de manera oculta a ex agentes de los servicios de seguridad que debían pasar a retiro y cuyo silencio debía ser guardado.

Cambio21 contactó a las instituciones que fueron involucradas, sin una respuesta concreta aún acerca del tema, sin perjuicio de conversaciones en off que ratifican lo expuesto. En los próximos días nuestro medio será recibido por algunas de ellas. Muchos otros antecedentes así como nombres han sido reservados a la espera de las mentadas reuniones.

*Al cierre de esta edición, Cambio21 entrevistó al VicePresidente Ejecutivo de Capredena.

Caja pagadora

Así como Cema se transformó en una fuente de recursos con fondos públicos para Augusto Pinochet, Capredena le financió importantes "emprendimientos inmobiliarios" durante la dictadura, incluida la construcción de El Melocotón y la adquisición de otros predios.

En abril de 1978 una extraña operación inmobiliaria el dictador compró a un comerciante -Sergio Ternicier- ante el notario José Valdivieso, la denominada "Quinta Croce", de 1,2 hectáreas, en un valor irrisorio para la época: $400.000. Tres semanas después una nueva operación terminaba comprando a Carmela Suárez un terreno aledaño al primero, por $30 mil. Todos eran suelos urbanos en Limache.

Dos años más tarde, en octubre de 1980, frente al mismo notario, comparece Sergio Cadenasso Ferroggiario, quien adquiría "el predio" de Limache por tres millones de pesos de la época. ¿Un buen negocio? El detalle es que se hizo con fondos fiscales, pues Cadenasso era un general de Ejército que oficiaba de vicepresidente de Capredena. Pinochet en la pasada se llevó más de un 230% de utilidades.

En esa época el propio gobierno debió salir al paso de las denuncias ante Contraloría, asegurando que "la propiedad adquirida por S.E. para su descanso y el de su familia, carecía de la privacidad que se buscaba, por lo que fue vendida a la Capredena, que requería terrenos en Limache para la construcción de una población destinada a sus afiliados". No fue la única intervención de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.

Llegar y llevar...

Pinochet no tardó en encontrar una nueva propiedad para su "descanso". Mandató entonces al teniente coronel de Ejército Ramón Castro Ivanovic, su secretario privado entre 1990 y 1998, y uno de los oficiales de la Casa Militar a quien se condenó por la apertura de las primeras cuentas en el banco Riggs de Miami, para que adquiriera el predio El Melocotón Alto, ubicado en el Cajón del Maipo, de 70 metros cuadrados. En enero de 1979 adquirió la propiedad a Jorge Alvaray y Luis Saavedra por módicos $240.000, a nombre del dictador.

Nuevamente Capredena actuaría como caja pagadora, esta vez otorgando un préstamo blando por $1.800.000 para la construcción del inmueble en que hoy supuestamente descansan las cenizas de Pinochet. El general Sergio Cadenasso otorgó a nombre de Capredena el préstamo "a plazo"... de 24 años. No solo eso, por "seguridad" el MOP adquirió para él varios predios aledaños. El Decreto Supremo Nº1.319 de diciembre/1981, aprobó los pagos, bajo las firmas del propio Pinochet, el ministro general Patricio Torres y el ministro de Bienes Nacionales, general de carabineros René Peri.

La razón esgrimida para el gasto fiscal, era un supuesto plan de "construir un camino entre las localidades de San Joaquín y San Alfonso".

Lo cierto es que en junio de 1982 otro Decreto Supremo dio luz verde para la venta del "terreno fiscal" al teniente coronel Castro Ivanovic. Su valor... $240.000.

No era suficiente la depredación fiscal, también el Fisco adquirió 1.240 metros cuadrados en $1.000.000 a Elena González, que más tarde fueron "revendidos", al teniente coronel, en $85.000.

Castro Ivanovic siguió adquiriendo predios fiscales a precio vil autorizado por el Ministerio de Hacienda, los que más tarde "vendería" a Pinochet por solo $1.500.000. La denuncia interpuesta entonces por Patricio Aylwin, Ricardo Lagos, Andrés Zaldívar y Gabriel Valdés, entre otros opositores, jamás fue investigada.