OPINIÓN

Cheyre y la responsabilidad institucional del Ejército

por JAIME COUSO 8 mayo, 2017

El pasado 26 de abril, Luis Emilio Cheyre –el general del “nunca más”– fue acusado como cómplice de los 15 homicidios perpetrados en el Regimiento La Serena en el marco de la funesta misión encomendada por Pinochet a la “Caravana de la Muerte”. El ex Comandante en Jefe de la Armada, Miguel Ángel Vergara, calificó la acusación del juez Carroza como “el tradicional pago de Chile” a quien “con valentía se esforzó por transparentar las violaciones a los derechos humanos en el Ejército”, acompañado por “el cobarde silencio de quienes ayer lo alababan”. Años antes, cuando apenas se insinuaba la posibilidad de imputar penalmente a Cheyre, el ex Presidente Lagos declaró que éste “tiene un lugar en la historia de Chile” y que “no es justo juzgar a Cheyre por lo que hace un teniente a los 25 años”.

La eventual condena de Cheyre ha hecho temer por la suerte que puede correr, no sólo su lugar en la historia, sino su proyecto de un reencuentro del Ejército con la sociedad chilena y con la democracia: "Me duele que matando a este personaje se mate la obra del Ejército por la reconciliación", declaró el propio Cheyre tras su procesamiento.

¿Pero está realmente en juego la “doctrina Cheyre” el reconocimiento de la responsabilidad institucional del Ejército y su compromiso con los derechos humanos y la democracia si “se mata” al personaje? Los detalles del caso, y el tipo de responsabilidad que probablemente se le termine atribuyendo, sugieren que, al contrario, su condena podría reafirmar la “doctrina Cheyre”, siempre que él se comporte a la altura de las circunstancias.

Si se miran bien los hechos del caso, y salvo que finalmente se prueben ciertas las acusaciones más graves en su contra (que torturó o que directamente cooperó con las ejecuciones), los cargos que cabe formular a Cheyre son una consecuencia directa en el plano de las responsabilidades individuales de la responsabilidad que el Ejército, como institución, tuvo en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

¿Pero está realmente en juego la “doctrina Cheyre” el reconocimiento de la responsabilidad institucional del Ejército y su compromiso con los derechos humanos y la democracia si “se mata” al personaje? Los detalles del caso, y el tipo de responsabilidad que probablemente se le termine atribuyendo, sugieren que, al contrario, su condena podría reafirmar la “doctrina Cheyre”, siempre que él se comporte a la altura de las circunstancias.

La responsabilidad institucional deriva de que el Ejército puso a disposición del dictador y de las unidades especialmente dispuestas por éste al efecto como la comitiva de Arellano Stark el apoyo logístico de numerosos regimientos, cientos de oficiales y miles de soldados que simplemente siguieron cumpliendo disciplinadamente con sus tareas, incluso cuando ellas estuvieron objetivamente al servicio de la política de exterminio y desaparición de disidentes, como ocurrió en el regimiento La Serena, el 16 de octubre de 1973. Y ello ciertamente puede dar lugar a responsabilidades individuales. La jurisprudencia penal internacional y comparada ha afirmado la responsabilidad penal de quienes, sin tomar parte directamente en los asesinatos, simplemente desempeñaron funciones “ordinarias” en centros de detención y malos tratos a prisioneros, sabiendo que su solo funcionamiento facilitaba la ejecución de homicidios.

Si Cheyre resulta condenado simplemente por haber persistido en el cumplimiento de sus labores ordinarias, a sabiendas de que ellas objetivamente servían para facilitar la misión de la comitiva de Arellano Stark, todavía puede confirmar la “doctrina Cheyre”, si acepta sus consecuencias. Y es que no hay contradicción alguna entre haber reconocido el 2004 en primera persona del plural la responsabilidad institucional del Ejército y asumir ahora en primera persona del singular su propia responsabilidad cuando, en la hora decisiva, cumplió tareas que nunca debió realizar.