La Cuarta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ha solicitado a la Corte Suprema de Chile, por el cauce del Convenio Europeo de Asistencia judicial en materia Penal, del que Chile es parte, comunicar a Pablo Granifo Lavín, Banco de Chile S.A., Banchile Corredores de Bolsa S.A. y Banchile Administradora General de Fondos S.A. la resolución que ordena continuar las diligencias en las que están imputados de delitos de blanqueamiento de capitales y alzamiento de bienes de Pinochet. En el proceso seguido en España son partes querellantes la Fundación Española “Presidente Allende”, Laura González Vera, viuda de Carmelo Soria, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, defendidos por Joan Garcés.
Este proceso dimana del que se inició en España en 1996 contra Augusto Pinochet Ugarte por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas, en el que Joan Garcés pidió y logró la declaración de reo y la detención en Londres de Pinochet entre 1998 y 2000 a efectos de su extradición y enjuiciamiento. En el curso de ese proceso el Tribunal español ordenó el embargo cautelar de los bienes de Pinochet para asegurar su responsabilidad civil ante las 22.248 víctimas a las que el Tribunal español ha dado amparo, de más de quince nacionalidades. Pinochet eludió el embargo y blanqueó millones de dólares a través de las sucursales en EE.UU. del Banco de Chile.
En este proceso España ejercita su jurisdicción territorial, donde ha surtido efecto el perjuicio causado por el blanqueo de capitales y alzamiento de bienes de Pinochet.
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