18/07/2016 |
Por Mario López M.
El controvertido excomandante en jefe del Ejército buscó pasar a la historia por haberse alejado de la dictadura y haber pedido “perdón” por las violaciones a los DDHH. Hoy enfrenta su peor pesadilla: ser él mismo procesado por su complicidad en torturas, secuestro y homicidio calificado.
- Escritos a los que tuvo acceso Cambio21 ponen en evidencia que él necesariamente estuvo en conocimiento de lo que sucedía en el país apenas ocurrido el golpe de Estado. Incluso suscribió la vergonzosa carta que establece un pacto de silencio a favor de Pinochet y dio la orden de llamar "detención y bajas" a los secuestros y asesinatos.
Debe tratarse de uno de los personajes más controvertidos de nuestra historia institucional reciente. Llegó al máximo puesto dentro del Ejército luego de ser parte del aparato gubernamental de la dictadura como intendente regional, pasando por lugares donde se violaron los derechos humanos con asesinatos que repulsan la historia patria, producidos por el fatídico paso de la Caravana de La Muerte por el norte del país mientras él estaba a cargo de la inteligencia y tenía mando como el segundo tras Ariosto Lapostol, jefe del Regimiento Arica de La Serena.
El abogado del uniformado, Jorge Bofill, ha reiterado su inocencia señalado que "en la época el general (r) Juan Emilio Cheyre era un teniente, sin tropa y sin mando, que se dedicaba a labores administrativas como ayudante del comandante del regimiento, el coronel Lapostol". Varios más han recalcado que se trataba de un "niño".
Diferente es la opinión de la abogada de DDHH Carmen Hertz: "No se trata de un niño como han pretendido hacernos creer, incluso le han rebajado la edad, pero tenía 26 años, era mayor que varias de las víctimas, era teniente, ayudante del comandante del regimiento, tenía un cargo como teniente, era el ‘comandante de la Comisión de la Plana Mayor y Servicio', en otras palabras, Inteligencia, y bajo su mando debe haber tenido al menos 90 efectivos entre conscriptos y suboficiales".
Las cartas que lo retratan
Tres son los documentos que diera a conocer en exclusiva Cambio21 y que muestran la "otra cara de la moneda" de Cheyre. La primera es una de 1973 donde instruye a los prefectos de Carabineros, Investigaciones, al jefe zonal de Prisiones y otras autoridades, en su calidad de ayudante del jefe de plaza, que en adelante los términos "presos políticos y muertos" deben ser reemplazados por "personal en detención" y "bajas", buscando ocultar así la verdadera dimensión de lo que ocurría en el país con los secuestro y crímenes.
La segunda carta y que mostráramos en su oportunidad en exclusiva, da cuenta que siendo parte del Alto Mando del Ejército suscribió en enero de 1996 el acta que establecía el pacto de protección para Augusto Pinochet denominado "Acuerdo Solemne" y en el cual dejó constancia escrita de "los sentimientos de invariable respeto, irrestricta lealtad, afecto y especial deferencia hacia la máxima autoridad de Chile, Capitán General Augusto Pinochet Ugarte".
En el mismo documento se comprometió junto a los otros suscriptores a mantener en los años venideros "una constante preocupación por las necesidades que le asistan (a Pinochet) en su diario quehacer, conservando toda la actual estructura de apoyo que le corresponde a una autoridad de tan alta envestidura", estatuyendo lo que sería más tarde un verdadero pacto de silencio.
La carta suscrita por el "subalterno" Cheyre termina reconociendo en Pinochet a "una de las figuras más relevantes de la historia Patria, por sus dotes de soldado, estadista y servidor público". Remata asegurando que "pasará a formar parte de la galería de personajes más ilustres y distinguidos del siglo"...
"Siempre supieron"
Su llegada a la comandancia en jefe del Ejército no estuvo exenta de polémicas y en especial de conocimiento por las autoridades que hoy niegan haber estado al tanto de los hechos que se le imputaban ya al militar.
La tercera carta no emana de Cheyre, pero constituye un documento histórico que desmiente a quienes aseguran que "no sabían" los antecedentes que lo ligaban en delitos de lesa humanidad y queCambio21 da a conocer en exclusiva.
Está firmada por Natacha y Yelena Monroy Rodríguez, hijas de una presa política (Eliana Rodríguez Dubó) y parte de la Coordinadora de DDHH de La Serena, fechada el 19 de marzo de 2002 y con membrete de recepción de La Moneda ese mismo día, donde advertía al entonces presidente Ricardo Lagos que el general Emilio Cheyre estaba ligado al fusilamiento de los 16 presos sacados de la cárcel que fueron masacrados por la Caravana de la Muerte y que hoy lo tienen procesado.
Puntualiza Carmen Hertz: "Era el jefe de inteligencia del regimiento a partir del 10 de septiembre... Si hasta firmo la hoja de vida y calificaciones del único condenado del caso Lejderman... Los presos que más tarde fueron asesinados en La Serena fueron sacados en dos grupos, igual que en Calama. Entre los custodios iba Cheyre, el que leyó los nombres de los detenidos que fueron asesinados; él ordenó en su calidad de jefe a los reservistas de inteligencia que ordenaran el polígono de tiro donde se hicieron las ejecuciones... No puede ahora alegar desconocimiento de lo que sucedía. Eso es ser cómplice, facilitar la comisión de un delito; no es autor material sino que la facilita, es más que encubridor".
El controvertido "nunca más"
Sin éxito intentamos contactar al abogado Jorge Bofill, representante de Emilio Cheyre, a pesar de nuestros recados y llamados. Al cierre de esta edición no se tuvo respuesta del profesional. Sin embargo un comunicado entregado por su oficina da a conocer la posición de la defensa del exmilitar. Ahí asegura que el ex uniformado ha sido "víctima de una persecución política infame", asegurando que "la resolución en nada cambia mi convicción sobre la inocencia de Juan Emilio Cheyre, quien durante los dos últimos años ha sido víctima de una persecución política infame. Chile sabe que él es general del ‘nunca más'".
También ha señalado el profesional que representa judicialmente al militar en retiro que este era un joven al momento del golpe y que de haberse opuesto corría riesgos evidentes, haciendo referencia a la denominada doctrina castrense de la Obediencia Debida, que exime de responsabilidad al subalterno cuando la orden le resulta imposible de resistir.
Una visión absolutamente distinta manifiesta la abogada Carmen Hertz: "La obediencia debida es para actos de servicio, no para cometer crímenes. Ello no se acepta desde hace mucho tiempo en tribunales chilenos e incluso tampoco se admite ya en los tribunales internacionales. Existe mucha jurisprudencia internacional e interna sobre la materia", advierte.
El reconocimiento de que personal del Ejército había participado de hechos que violaban derechos humanos -conocido como "nunca más"-, no fue lo único que destacó el paso de Cheyre por la comandancia en jefe de la institución castrense. En tal calidad en 2004 designó al coronel (r) Reinel Bocaz como parte de la quina para ser nombrado -como lo fue- edecán de la Cámara de Diputados, sabiendo o debiendo saber que estaba implicado en casos de DDHH.
Ya acogido a la civilidad, ocupó el más alto cargo dentro del sistema electoral en nuestra democracia, la Presidencia del Servicio Electoral, puesto del que debió salir como consecuencia de la filtración y reconocimiento de su intervención en el caso Lejderman y el cara a cara con el hoy sobreviviente hijo del malogrado matrimonio.
Sin embargo no abandonó el Servel, el que integra hasta hoy, a pesar de haber presentado la renuncia una vez procesado y encarcelado en una unidad militar a la espera de las resultas de los recursos que su abogado interpondrá. También asumió una cátedra universitaria y colaboró en diversas actividades ligadas a materias internacionales en apoyo al Estado de Chile.
Dos niños muertos
Siendo aún militar Juan Emilio Cheyre fue ligado a fusilamientos sumarios, determinación de quiénes serían ejecutados, la entrega a unas monjas de un menor -hijo de un matrimonio de extranjeros que acababa de ser masacrado-, así como su eventual responsabilidad en las muertes de dos menores en el conocido caso Guayacán, entre otros.
Una querella criminal interpuesta por los abogados Juan Bustos y el hoy diputado Hugo Gutiérrez alcanzó a Ariosto Lapostol Orrego, comandante del Regimiento Arica, y al ex comandante en jefe del Ejército, que en aquel momento se desempeñaba como su ayudante. También se dirigió en contra de Augusto Pinochet y todos los que resulten responsables. La querella buscaba determinar responsabilidades militares por la muerte de dos niños que fueron encontrados muertos y sepultados a orillas del camino que conduce a la playa La Herradura, cercano a los depósitos de combustible, y a una distancia de aproximadamente 100 metros de las casas que habitaban.
Lo que lo ligó al caso fueron su mando sobre la tropa eventualmente participante de los hechos que habrían causado la muerte y las palabras del hijo homónimo del general (r) Manuel Contreras: "hay otra situación, en que mueren dos niños en La Serena. Había un aviso de que el MIR, durante el toque de queda, iba a colocar unos explosivos en unos estanques de combustible. El Ejército puso guardias, los soldados vieron dos siluetas y dispararon. Después se dieron cuenta de que eran niños. Cheyre dice que esa Navidad estaba en la casa de sus suegros, en Iquique. Pero en ese regimiento era vox populi lo que había ocurrido y él nunca dijo nada (...)", sentenció. La causa se sobreseyó debido a un peritaje que estableció que se habría tratado de un accidente sin intervención de terceros.
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