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martes, 26 de julio de 2016

LA UNIÓN HACE LA FUERZA.

¡La Unión hace la Fuerza! Ex PP se agruparon ayer para solicitar Petición Común al Estado

Exitosa Gestión del Colegio Médico
Como D-P Chile lo comentó en su anterior artículo, gracias al tacto, tino y profunda capacidad de escuchar desplegada por el Presidente del Colegio Médico, el doctor Oscar Enrique Paris Mancilla logró lo impensado: que los cuatro ex Presos Políticos en Huelga de Hambre depusieran su Movilización el pasado viernes 22 de julio.
En efecto, siendo las 15 hrs, los doctores Enrique Paris y Álvaro Reyes -representantes del Colegio Médico de Chile- llegaron hasta Herrera N° 556 donde un total de cuatro ex Víctimas de DDHH aún mantenían, en carácter de indefinido, una Huelga de Hambre que otrora había comenzado en la CUPEMCHI, con seis Huelguistas, el pasado 18 de abril.  Como se observa en el siguiente video, preparado por D-P Chile, el Huelguista don Carlos Valero Vargas y el Vocero y Coordinador don Patricio Rivera Cornejo, exponen ante los profesionales médicos la situación que los aqueja así como la incapacidad del Gobierno de la Presidenta Bachelet a escuchar sus propuestas, además de las misérrimas condiciones del sistema de salud destinado para las Víctimas de DDHH denominado PRAIS.
En los siguientes “cortos” que D-P Chile seguirá difundiendo, nuestros auditores notarán la empatía que los doctores Paris y Reyes logran para con los ex Presos Políticos en Huelga de Hambre, hasta el punto que -tras dicha visita y comprometiéndose el Presidente del Colegio Médico a sentarlos con el Gobierno- los Huelguistas deponen su acción y adquieren también un compromiso de sentarse junto con las otras organizaciones de ex Presos Políticos con la finalidad que, haciendo un único espíritu de cuerpo y dejando atrás sus naturales diferencias o discrepancias, planteen un sólo Pliego de Peticiones ante el Ministerio del Interior.
Fue así que los ex Huelguistas no se quedaron de brazos cruzados, y con la finalidad de poder tener voz y voto en las propuestas ante el Gobierno, de inmediato solicitaron a su abogado los agrupase dentro de una Organización No Gubernamental (ONG) amparada bajo la Ley N° 20.500, entidad que ya se encuentra en trámite bajo el nombre de ONG de ex Presos Políticos Autónoma, ya que serán aceptados como miembros, sin banderas ni banderines, todo aquel que posea la condición de haber sido un Preso Político.
Reunión Clave en Clínica Santa Lucía
Hasta las dependencias de la ex Clínica de la DINA, cuya placa conmemorativa fue descubierta el pasado jueves por el Ministro de Bienes Nacionales y el Director del Museo Histórico Nacional, llegaron dirigentes de las Organizaciones que representan el 90% de las Víctimas de la Dictadura y ex Presos Políticos. La reunión comenzó a las 16:30 hrs en el salón que alguna vez ocupó como oficina el Director de la DINA, general Manuel Contreras, y se extendió hasta las 18 hrs. con presencia incluso de Dirigentes venidos desde regiones, tales como Valparaíso y Valdivia.
En este primer encuentro, los representantes aprovecharon de exponer sus diferencias y opiniones respecto del real interés que podría tener el Gobierno de la Presidenta Bachelet en resolver -de una vez por todas- el tema de la Indemnización que el Estado de Chile aún mantiene pendiente hacia quienes fueron Víctimas de la Dictadura.
El actual Gobierno, a juicio de los presentes, parece haber olvidado su obligación de privilegiar los derechos esenciales del ciudadano chileno, Víctima de atentados contra los DDHH, por sobre las potestades del Poder Público, olvidando hacer realidad el Principio servicial del Estado respecto del chileno, y no al revés. El Ministro del Interior y restantes autoridades y jefaturas de los órgano de la Administración bien saben que cuando, en ejercicio lícito de sus prerrogativas, ocasiona un daño, se debe optar entre privilegiar a la Administración o al ciudadano chileno. Pues bien, nuestra Carta Magna obliga al Estado a privilegiar al ciudadano. A ello se le denomina Principio Proadministrado, que implica que cuando existe colisión entre el Derecho de un ciudadano (un administrado) y una potestad de la Administración, debe preferirse siempre al ciudadano.
Por lo anterior, el Estado de Chile aún se encuentra en deuda con todas las Víctimas de DDHH, pues -pese a los largos años en Democracia- ninguna de las Administraciones aún ha indemnizado a quienes padecieron la tortura y las detenciones ilegales. ¿Es, por tanto, necesario que el Poder Judicial deba pronunciarse sobre los hechos y sobre el monto de las Indemnizaciones? La respuesta es NO, porque las distintas Administraciones que se han sucedido, desde 1990 hasta hoy, conocen perfectamente el nombre de quienes han sido Víctimas de DDHH, y además debe cumplir con su obligación de mantener -en forma permanente- una Comisión que evalúe a miles de otras Víctimas de DDHH no reconocidas como tales.
Si hoy, conocidos personeros de Gobierno, como los senadores Isabel Allende, Juan Pablo Letelier, el diputado Tucapel Jiménez, la familia Bachelet Jeria y otros tantos recibieron -por concepto de Indemnización- sumas que, según D-P Chile ha tomado conocimiento, superan los US$ 10 millones, ¿por qué razón a las miles de Víctimas de DDHH se les ha privado de estos mismos montos, permitiendo la existencia de Víctimas de la Dictadura de Primera y Segunda Categoría?
Reuniones de Trabajo
Al término de la reunión de hoy en dependencias de la ex Clínica Santa Lucía (de la DINA) todas las organizaciones acordaron de reunirse la próxima semana con la finalidad de llegar, cada una de ellas, con propuestas concretas con la finalidad de aunarlas en una sola, para así sentarse con el Gobierno y exigirles una reparación acorde con los tratados internacionales y con los montos que ya han sido cancelados a Víctimas de DDHH emblemáticas.
El Gobierno sabe bien que las Víctimas de DDHH están falleciendo en gran medida (por enfermedad o por vejez), por lo que -siguiendo su precepto de mantener una función no sólo Subsidiaria sino también Solidaria- es lícito esperar que solicitarán a las Naciones Unidas el envío de los fondos necesarios para reparar e indemnizar con celo el daño causado por el Estado, sin ya importar si el acto, hecho u omisión provocado por sus agentes sea lícito o ilícito, no importando la culpabilidad de los agentes del Estado. Si hubo una Víctima que ha sufrido un Daño, como consecuencia de la Administración del Estado, entonces el Gobierno de la señora Bachelet está obligado a repararle.
En suma, los dirigentes que hoy se reunieron a dialogar así como las miles de Víctimas de DDHH reconocidas y no reconocidas esperan que la Administración de la señora Michelle Bachelet se rijan bajo el concepto de Equidad Natural, el cual corresponde a una forma de entendimiento (sentido) intuitivo de la justicia, aplicada a un caso o situación concreta, con prescindencia del Derecho Positivo.
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